A 25 años del referéndum del 92

El recurso y la campaña para la derogación parcial de dicha norma fue votada por 79,1% de los casi dos millones de ciudadanos que sufragaron en un referéndum promovido por una Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado. La Comisión, impulsada originalmente por los sectores políticos y sindicales marxistas, contó con el apoyo militante de todo el Frente Amplio y del Pit-Cnt. Sectores del Partido Colorado (Foro Batllista, Cruzada 94), que votaron la ley en general pero no los artículos cuestionados, se sumaron a último momento a la campaña. El gobierno de “conciliación nacional” encabezado por el presidente Luis A. Lacalle defendió la ley para poner fin a décadas de políticas estatistas, responsables del estancamiento económico y anquilosamiento del país. Sostuvo que “era hora de asumir grandes transformaciones” para acompañar los cambios políticos (implosión de la Unión Soviética y fin de los regímenes del “socialismo real”) y tecnológicos que vivía el mundo y que modificaban radicalmente los procesos productivos y la vida de las naciones.

En la decisión popular incidieron fuertemente la tradición política conservadora del país así como ciertos factores emocionales explotados por la oposición.

El Frente Amplio aprovechó la controversia como parte de su estrategia de acumulación de fuerzas para alcanzar el poder y la dirección del Pit-Cnt se cerró en la defensa de los intereses corporativos de los gremios del sector público, confirmando su compromiso con el proyecto político de la izquierda.

Hubo una férrea defensa del estatismo y se la hizo contrastando negro sobre blanco, generando un clima de sospechas y desconfianzas, con acusaciones y descalificaciones éticas y morales hacia los “privatizadores” (“quieren vender las joyas de la abuela”, “entregan el patrimonio público a ‘piratas’ que quieren apoderarse de la riqueza del país”, “se esconden cangrejos bajo la piedra”).

A mitad del mandato presidencial, la campaña de la izquierda terminó convirtiendo el referéndum en una suerte de plebiscito contra el gobierno de Lacalle.

Si bien la Comisión proponía, según su propia denominación, la intención de procurar la reforma del Estado, desde sus filas no surgió una sola idea ni propuesta en tal sentido.

A un cuarto de siglo de aquellos hechos, y a más de doce años de que el Frente Amplio haya asumido el gobierno, cabe mirar por el retrovisor para ver qué ha pasado con el Estado, cómo se han administrado los recursos públicos, si ha sido más eficiente la gestión, qué ha ocurrido con el patrimonio del Estado y qué mejoras sociales se han logrado en el período más extenso y de mayor bonanza económica que ha disfrutado Uruguay en el último medio siglo.

Es claro que hay una mayor presencia del Estado y que algunos organismos (BPS, DGI, por ejemplo) han modernizado su gestión y mejorado su eficiencia, pero ese impulso no ha sido el denominador común de la administración. Y muchas de las mejoras logradas son producto de la introducción de nuevas tecnologías.

Y esa mayor expansión del Estado no ha derivado en un eficiente aprovechamiento de los recursos empleados, no ha mejorado la relación entre la contribución impositiva que se le exige al ciudadano la calidad de los servicios que recibe.

La presencia del Estado en la economía del país se ha expandido en varias direcciones: desarrollo de programas sociales y creación de empresas públicas que operan bajo el derecho privado (“estaditos paralelos”, cuyas actividades quedan excluidas del contralor del Tribunal de Cuentas y sobre cuya productividad y eficiente empleo de los recursos poco o nada se conoce), son solo pinceladas en un cuadro mucho más amplio (desquicio financiero de Ancap, desmedido proyecto de regasificadora, intempestiva clausura de Pluna, financiamientos a pura pérdida del Fondes). Todo eso contribuye a explicar un déficit fiscal en torno a 4% del PBI, que el país no conocía desde la crisis del 2002, y que según el presidente Vázquez pone en riesgo el mantenimiento del grado inversor.

Un déficit que, debe recordarse, exige el sacrificio diario de los contribuyentes vía mayores impuestos y mayores tarifas públicas. El ejemplo más claro son los precios que el monopolio estatal impone a los combustibles al desconocer la caída de los precios internacionales del crudo. Decisión con la que incide en todas las actividades productivas del país y con la que trata de cubrir las enormes pérdidas por una administración de Ancap dispendiosa y fuera de control.

Ha habido privatizaciones, encubiertas bajo el eufemismo de “tercerización”, de servicios de limpieza, vigilancia, transporte y otros servicios. Contrataciones en las que ha imperado el amiguismo, el clientelismo político y la corrupción. Incluso con perjuicio del patrimonio público, como quedó a la vista por las denuncias sobre la contratación de un servicio de ambulancias en el Hospital de Bella Unión a cargo de una empresa de ex jerarcas de dicho establecimiento y actuales directores hospitalarios de ASSE. O la estafa perpetrada mediante la sobrefacturación de horas de trabajo no realizadas por la cooperativa La Buena Estrella en el Hospital Maciel, operación en la que estuvo involucrado el representante de los trabajadores en el directorio de ASSE.

Todo eso sin contar la dilapidación de recursos públicos del Fondes, cuyo ejemplo más patético es el crédito de U$S 15 millones concedido a la cooperativa Alas U, una fantasmada para tratar de tapar, si acaso eso fuera posible, la inexplicable clausura de Pluna y la parodia de la subasta de los seis aviones bombardier.

Mientras se gastó dinero a rolete en proyectos poco o nada evaluados, para grandeza de administradores públicos proyectando sus carreras políticas, no hubo recursos para resolver el déficit de infraestructura física del país (carreteras, puentes, servicio ferroviario), para superar el “apagón logístico” referido por el ex presidente Mujica.

A 25 años del referéndum, no todos los que rechazaban la ley consideran hoy a los inversores “piratas” que quieren expoliar las riquezas del país. Ahora se los convoca y se los va a buscar. Se les conceden beneficios que no reciben otros empresarios nacionales. Y se les ofrecen garantías.

Sin perjuicio de ello, muchos se preguntan qué seguridad de cumplimiento puede dar un “gobierno en disputa” en el que cada tanto, desde sus propias filas, surgen empujes por aumentar la imposición a los grandes emprendimientos y en la que son mayoría las corrientes en las que la ideología predomina sobre la realidad y el sentido común.