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Finalmente, por una diferencia bastante menor a la esperada y con algo más de suspenso, el pasado domingo 24 Luis Lacalle Pou fue electo como nuevo presidente de Uruguay a partir del 1º de marzo de 2020, con el respaldo de la “coalición multicolor” de cinco partidos, en un hecho inédito en la historia de Uruguay.
Pese a lo largo del camino que culmina con un cambio de gobierno luego de 15 años de administraciones del Frente Amplio, esa parece ser la parte “fácil” para la oposición, ya que ahora viene lo más complicado. Ahora se inicia el tiempo de comenzar a sentar las bases del nuevo rumbo que se le prometió a la ciudadanía, en medio de un contexto regional e internacional que poco ayuda.
Afortunadamente, como las cosas en Uruguay siempre suceden más tarde, el presidente electo Lacalle Pou tiene experiencias en la región que mirar y de donde extraer enseñanzas, tanto respecto a lo que se debe hacer como a lo que hay que evitar. El desastre que terminó siendo el gobierno del presidente Mauricio Macri en Argentina deja innumerables lecciones respecto a lo que no debería hacerse.
Para comenzar, es peligrosísimo “creérsela”, pensar que simplemente porque se da el cambio y entran nuevos equipos a la cancha todo se va a solucionar de manera mágica. Todavía resuenan los dichos de Macri acerca de que iba a pulverizar la inflación en un año, de que tenía el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años, de que iba a terminar con la pobreza, de que iba a producirse una “lluvia de inversiones”, entre otros.
En segundo lugar, cuando la magnitud de los problemas es tan grande, como era el caso de Argentina a fines de 2015 y es el caso de Uruguay en la actualidad, el “gradualismo” no sirve, está condenado al fracaso y hay que “poner toda la carne en el asador” de entrada. Ni el déficit fiscal del entorno del 5% del PBI, ni el atraso cambiario acumulado (agravado en estas últimas semanas por la devaluación que está teniendo el real en Brasil, que se agrega a lo que ha ocurrido en Argentina), ni la pérdida de rentabilidad de la mayoría de las empresas, ni la permanente destrucción de puestos de trabajo, se podrán revertir sin medidas de ajuste fuertes y rápidas, por más dolorosas que sean en el corto plazo.
En tercer lugar, la “herencia” recibida debe ser inventariada con mucho cuidado y detalle, y comunicada rápida y objetivamente a la población de manera inmediata. Después no hay lugar a reclamos ni se le podrá echar la culpa a nadie. Las anunciadas “auditorías de gestión” se vuelven imprescindibles, no por ningún “revanchismo” ni la búsqueda de posibles irregularidades, sino simplemente como el instrumento para proceder a una baja racional del gasto público en el 2020 y para el armado del nuevo Presupuesto para el período 2021-2025, con una estructura diferente para el Estado, menos pesada y con otras prioridades.
Al fin de cuentas, todos los uruguayos, tanto los frenteamplistas como los que votaron a la “coalición multicolor”, deberían querer saber por qué a pesar de los miles de millones de dólares adicionales volcados en estos últimos 15 años, los resultados obtenidos en materia de educación, seguridad, salud y reducción estructural —y no para la estadística— de la pobreza han sido tan limitados.
En cuarto lugar, si bien los temas urgentes (crisis de inseguridad, déficit fiscal, pérdida de competitividad y rentabilidad, destrucción de empleo, etc.) requieren lógicamente una atención inmediata, lo mismo ocurre con los temas estructurales (reforma profunda de la educación, reforma de la seguridad social, inserción internacional, mejoras en las condiciones de competencia en los mercados domésticos de bienes, servicios y factores productivos, inversión en infraestructura, etc.). La resolución de estos últimos problemas es indispensable para cambiar de manera sostenible las expectativas de los agentes económicos, y poder así aspirar a que se retome un círculo virtuoso de mayor inversión, mayor empleo y mejoras genuinas y duraderas en los salarios reales e ingreso de los hogares.
A partir de ahora, habrá que ponerle contenido a la expectativa que representa el cambio de gobierno. Las semanas que quedan hasta el 1º de marzo de 2020 serán cruciales y de muchísimo trabajo, y el texto de la anunciada “ley de urgencia” que se enviará al Parlamento no bien se instale formalmente la nueva administración, dará las primeras señales de lo que se puede esperar.
Ojalá que el presidente electo y los socios de la “coalición multicolor” entiendan que no tienen mucho tiempo, que están corriendo una carrera contrarreloj, que en lugar de operar sobre la base de que “la política es el arte de lo posible” deberían concentrarse en hacer posible lo necesario. Es demasiado lo que está en juego.
