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A narcotraficante uruguayo le denegaron el pasaporte en 2019
Ante un nuevo pedido, sin causas pendientes, procesos judiciales en curso, ni una requisitoria a escala nacional, se le otorgó el documento con base en normativa de 2014
Sebastián Marset Cabrera, un narcotraficante requerido por Interpol por liderar una organización internacional, no logró obtener en 2019 un pasaporte uruguayo que solicitó a través de Cancillería cuando se encontraba en libertad fuera del país. El pedido fue derivado al Ministerio del Interior, que comunicó a Relaciones Exteriores que el solicitante tenía una causa abierta por drogas en Uruguay que le impedía obtener el documento.
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Para ese entonces Marset Cabrera ya se había ido de Uruguay, donde en 2013 fue procesado por delitos de tráfico ilícito de estupefacientes. Tras radicarse en Santa Cruz de la Sierra y en Asunción, entre otras ciudades, Marset Cabrera generó vínculos en distintos puntos de la región y se convirtió en un engranaje clave para el envío de megacargamentos de cocaína a Europa, algunos de los cuales tuvieron como partida el Puerto de Montevideo.
En octubre de 2021 fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. Tras ser liberado, desde fines de febrero se encuentra prófugo luego de que la jueza Penal de Garantías del Crimen Organizado de Paraguay, Rosarito Montanía, lo declarara en rebeldía y dispusiera su captura internacional por ser uno de los líderes de una asociación criminal transnacional. El grupo, al cual se le allanaron bienes que superan los US$ 100 millones, fue desbaratado por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay con ayuda de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay. La jueza Montanía también ordenó la captura de su mujer y su hermano.
El viernes 11 el programa paraguayo de televisión Telefuturo dialogó con Nicolás González, jefe de Interpol Paraguay, quien señaló que las investigaciones apuntan a que Marset Cabrera está en África.
La semana pasada Búsqueda informó que Marset Cabrera sí logró adquirir un pasaporte uruguayo en un segundo pedido, mientras estuvo encarcelado en Dubái. Lo gestionó desde prisión con la colaboración de sus abogados a través de la sección consular de la embajada de Uruguay en Abu Dhabi. Por el hecho, legisladores del Frente Amplio hicieron un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles de la expedición del documento por parte del Poder Ejecutivo.
Fuentes de Cancillería indicaron que el pasaporte fue emitido el 25 de noviembre por la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), dependiente del Ministerio del Interior, y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores para su entrega.
El lunes 14 El Observador informó que el pasaporte fue aceptado en el marco del decreto Nº 129 de 2014, que regula el procedimiento para la tramitación de pasaportes comunes en el exterior, aprobado durante el gobierno de José Mujica. El inicio del trámite se hace a través de una oficina consular, que remite el pedido automáticamente a la DNIC y luego lo deriva a la Dirección Nacional de Policía Científica. Allí se revisan los antecedentes judiciales del solicitante y, de existir una causa pendiente, un proceso judicial en curso o una requisitoria a escala nacional, la Policía Científica da el trámite por suspendido.
En el caso de Marset Cabrera, cuando el año pasado pidió el pasaporte carecía de causa pendiente, proceso judicial en curso o requisitoria a escala nacional, a diferencia de 2019, por lo que el Ministerio del Interior esta vez continuó con el proceso y comunicó a Cancillería que el pasaporte podía ser entregado. Aunque la Policía Nacional sí estaba al tanto de que se trataba de un narcotraficante de relevancia internacional, no tenía las pruebas suficientes para solicitar su captura.
En su momento, las investigaciones policiales colocaron a Marset Cabrera como uno de los posibles ideólogos de un cargamento histórico de 6.000 kilos de cocaína que fue allanado en 2019 cuando pretendía enviarse desde Montevideo a Togo en contenedores de soja, y también de las amenazas de muerte recibidas por parte de la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero.
