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Ante el aumento de casos de coronavirus registrado en el último mes, una de las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo fue volver a aplicar el llamado Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19, que grava temporalmente a los salarios públicos de más de $ 120.000 nominales. La reedición —con modificaciones— del tributo que ya funcionó entre abril y mayo del 2020 fue recibida con disconformidad entre los sindicatos públicos. Pese a las distintas expresiones de rechazo, entre las organizaciones de trabajadores no hay una estrategia común.
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En la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) el clima cambió respecto al año pasado. El integrante del consejo directivo central, Gonzalo Pérez, consultado por Búsqueda, recordó que en 2020 el sindicato tomó la decisión política de no promover ningún recurso contra el impuesto porque consideró que no era un camino oportuno en medio de la emergencia sanitaria que comenzaba.
A pesar de tener esa postura, AEBU había consultado antes a sus asesores jurídicos, que habían indicado que había aspectos del tributo que podían ser recurribles. Ante el anuncio de la reinstalación del impuesto, Pérez contó que decidieron encargarles a sus abogados la elaboración de un informe que determine si hay argumentos sólidos para presentar un recurso en contra del Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19.
“En la medida en que cada vez que hay un problema se recurre a los sueldos públicos nos obliga a repensar esa posición que tuvimos en su momento. Porque mañana hay un problema con la aftosa y también se recurre a los sueldos públicos”, explicó.
Con el informe jurídico, el consejo directivo de AEBU definirá si inicia o no acciones.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) hizo público en los últimos días su rechazo al impuesto. Lo considera “injusto” porque solo afecta a los salarios públicos cuando en el sector privado hay remuneraciones más altas. Además, cuestiona que se grave al trabajo y no al capital, donde pese a la pandemia “varios sectores se han llenado los bolsillos”, señaló el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
Como contrapartida, destacó que el diseño del tributo de este año es menos perjudicial que el anterior, porque esta vez tiene una lógica progresiva como la del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Aunque comparte la preocupación de AEBU respecto a la insistencia del gobierno en recurrir a los salarios públicos como mecanismo de financiamiento ante emergencias, López aporta otro argumento que va en sentido contrario. El dirigente dijo a Búsqueda que puede verse contradictorio que las organizaciones sindicales presenten recursos contra este impuesto si no lo hicieron el año pasado, cuando el peso del tributo era cuatro veces superior y la crisis sanitaria menor.
“En principio nosotros no estamos pensando en plantear ningún recurso jurídico. Lo que sí vamos a plantear es que si hay que hacer el esfuerzo se hace, pero que se haga de manera justa. Que también se afecte a los grandes salarios del sector privado”, dijo.
Aprobación parlamentaria
El proyecto que fue tratado el miércoles 14 de manera urgente en el Parlamento establece un impuesto de carácter mensual que afectará a los funcionarios públicos, trabajadores de empresas con capital estatal y cargos de confianza.
El impuesto se aplicará de manera progresiva a partir de los $ 120.000 nominales. La primera franja, hasta los $ 130.000 será de 5% de tasa; entre $ 130.001 y $ 150.000, 10%; entre $ 150.001 y $ 180.000, 15%; y más de $ 180.001 un 20%. También se crea una tasa adicional al impuesto de la asistencia social con franjas similares. El gobierno fundamentó la medida en que se necesita “nutrir” al Fondo Solidario Covid-19, destinado a atender las erogaciones para la protección de la población frente a la emergencia sanitaria.
El Poder Ejecutivo explicó que los funcionarios públicos, a diferencia del sector privado, “gozan de garantías que les permiten un alto grado de estabilidad laboral y por ende económica”. Los privados, dijo el gobierno, “enfrentan el riesgo permanente de ver afectados sus ingresos por razones de salud o disminución de la actividad económica”.
El Frente Amplio acompañó en general la propuesta apoyada por la coalición de gobierno, pero reclamaron incluir a los sueldos altos del sector privado. También propusieron crear un adicional al Impuesto al Patrimonio de las personas físicas y jurídicas que hayan tenido resultados positivos en el ejercicio 2020 equivalente al 10% del monto pagado ese año. Estas medidas no fueron acompañadas por la coalición de gobierno.
El Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19 a los funcionarios públicos recaudó en 2020 unos US$ 18 millones. El adicional que se dispuso para el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) a las jubilaciones de más de $ 120.000 nominales recolectó, en tanto, otros US$ 12 millones. Para la edición 2021 está proyectada una recaudación inferior por las modificaciones que se le hicieron.