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Gustavo Pérez preside la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) desde hace diez años. Militante desde fines de la década de 1970, cuando pagaba su contribución de afiliado en la clandestinidad, vivió de primera mano los diferentes momentos de la banca. Trabajó en la Caja Obrera hasta antes que la institución cerrara durante la crisis de 2002, que se llevó buena parte de los más de veinte bancos que tenía el mercado. Luego pasó de la cooperativa Cofac —intervenida al inicio del gobierno del Frente Amplio— al Bandes, que llegó justo para evitar otra corrida financiera.
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Hoy, con una banca privada reducida a diez instituciones (todas internacionales) y 40% del mercado en manos del Banco República, Pérez reclama que los bancos dejen de “hacer la plancha hacia los negocios más rentables” y comiencen a financiar el agro y la inversión, porque hasta ahora “no tuvieron una participación real” en el crecimiento del país. En diálogo con Búsqueda, aplaudió algunos gestos de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), “una entidad que hasta ahora estuvo omisa a los problemas de la vida nacional”. Y estimó que el Banco Central (BCU) debe bajar las exigencias para permitir el ingreso de bancos regionales, porque la plaza continuará “inexorablemente” achicándose con instituciones que eligen “darle la espalda a Uruguay” y un mercado que “en los hechos es un oligopolio”.
El sindicalista afirmó que su gremio está dispuesto a discutir las tasas de aporte a la Caja Bancaria, pero aclaró que los costos salariales más altos “son responsabilidad de los bancos”. A continuación un resumen de la entrevista.
—Según números preliminares, 2014 volvería a ser un año de ganancia para los bancos. ¿Cuál es el balance de AEBU?
—Para lo que se proponen los bancos, fue un año satisfactorio. Se contribuyó a que el sistema siga estable y consolidando su credibilidad. Todos los años sistemáticamente se está yendo algún banco y no se produce ningún movimiento adverso. Esto no es deseable pero ocurre, y más asiduamente a partir de la crisis internacional de 2008. Las empresas reorientan sus negocios hacia las regiones más rentables. En esto hay que ser enfático: las empresas bancarias que se van le han dado la espalda a Uruguay. Son estrategias legítimas pero evidentemente no están atendiendo un orden universal equilibrado sino que hay una búsqueda exclusivamente del negocio y la rentabilidad. Aunque en varias de las empresas que se fueron, los números no eran malos.
—Antes de la crisis de 2002 existían más de 20 bancos en plaza y hoy apenas quedan diez privados. ¿Genera preocupación eso?
—Sí. Pero creo que debería generar preocupación también en el gobierno. Supongo que lo hace, pero no se manifiesta por razones políticas. La reducción de la oferta bancaria no es buena para los equilibrios del mercado. No es bueno que un servicio al público lo ofrezcan cada vez menos, porque se va transformando por la vía de los hechos en un oligopolio. Además, hay grupos económicos que se conforman en torno a los bancos con empresas de crédito, administradoras de ahorro previsional (AFAP), u otros servicios como bancos de inversión. El tomador de servicios tiene cada vez menos posibilidades de elegir. Y evidentemente, la reducción de las empresas tiende a una reducción paulatina de los puestos de trabajo.
—¿Cómo puede crecer el sindicato en ese contexto?
—Esto es un proceso inexorable. Pero los puestos de trabajo no son un fin en sí mismo. Ahora el gobierno intenta extender la bancarización con la ley de inclusión financiera, que tiene que tener un correlato. Pero eso requiere otro modelo de gestión, que no es trasladárselo a una red de pagos porque si no, trasladamos la cola del banco. La ley de inclusión financiera logró mejorar el servicio para los que ya estaban bancarizados pero aún no agregó gente al sistema. Estamos empezando 2015 y no se reglamentaron los pagos obligatorios de salarios y pasividades por medios electrónicos. Pueden ser atendibles las razones, pero yo constato un hecho: para que los beneficios tributarios (reducción del Impuesto al Valor Agregado en pagos con tarjetas de crédito y débito) tengan sentido hay que tener los mismos plazos a partir de que estemos todos.
—¿Cómo evalúa la campaña de ABPU que informaba sobre los usos de tarjetas de débito y crédito que se emitió el año pasado?
—Valoro el gesto de una entidad que en las últimas décadas estuvo absolutamente omisa a los problemas de la vida nacional.
—¿Incluso durante la gestión de Julio de Brun?
—En las salidas de De Brun a la prensa no se sabía si era el gerente de la Asociación o un operador político. Nunca vi una actitud proactiva. Más bien eran opiniones sumamente críticas a la gestión del gobierno y defendiendo intereses corporativos de los bancos. Hoy se muestra preocupación por algo que no sean los propios bancos. Es pensar por una vez en el que está del otro lado del mostrador, e incluso en el menos informado. Además, ABPU ha manifestado interés en discutir con los poderes públicos y nosotros un análisis del sistema y sus perspectivas. Ahora hay que conformar un ámbito para discutir mayor cantidad de puntos de atención —con una reglamentación que los ordene por distancia y densidad de población—, horarios —es una vieja posición de AEBU que se atienda de ocho de la mañana a las ocho de la noche— y mayor acceso a la tecnología.
—¿Cómo se entiende el rezago cuando durante años se registran ganancias para los bancos y hay una coyuntura de crecimiento del país?
—Analizando el incremento del crédito vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno, la banca prácticamente no participó. No estuvo en el financiamiento del crecimiento del agro, de la inversión. Tampoco hubo incentivos para generar fondos de inversión o un pool de capitales. Hasta la crisis de 2008 recibían dinero a tasa cero y lo colocaban en el exterior a tasas mayores. Cuando eso dejó de ser rentable, se dedicaron a colocar al consumo y compraron financieras. Pero no hubo una participación real en el crecimiento del país. La idea que ha imperado es la rentabilidad con el menor esfuerzo, para presentar los mejores números a sus casas matrices.
—¿Eso es solo responsabilidad de los bancos? Muchos tenían interés en integrar proyectos de participación público-privada, una ley poco utilizada.
—Hay una responsabilidad del modelo de negocios que priorizó la rentabilidad más fácil. Creo que hay espacio para brindar más oferta poniéndose a trabajar de otra forma, con financiamiento empresarial y a la inversión del país. Hay actividades que brindan las financieras con costos muy embromados para el usuario. El gobierno tiene que seguir conversando con las empresas para que bajen en los costos de transacción. Eso haría que la inclusión financiera ganara espacio.
—Otra crítica de los gerentes son los costos salariales y de aportes a la seguridad social. ¿Cuál es su visión?
—Los sueldos más exorbitantes y escandalosos están en las franjas gerenciales, donde no hay afiliados y existen bonos de fin de año y premios especiales. Estas son decisiones unilaterales de los propios bancos. Lo que nosotros negociamos anda en costos normales. A los bancos, discriminar sindicalmente les sale muy caro, porque para que el individuo no se afilie le incrementan prestaciones, le dan cargos. Un buen día la bomba estalla y el sindicato plantea niveles de equiparación. Y eso levanta los costos. Pero no les pedimos más cosas, sino que a nuestra gente no la releguen. Si el banco no discriminara y pagara a todos el salario que corresponde, los costos serían otros. Estamos dispuestos a hablar de costos, si hablamos de crecimiento, no para seguir haciendo la plancha. La Caja Bancaria tiene distintas tasas de aporte, donde hay márgenes.
—¿Es posible volver a pensar en un banco privado uruguayo o solo es factible en el sentido estatal como el Banco República?
—Hoy un banco de capitales nacionales no pasaría las regulaciones del BCU. Pero hay empresas que pueden incursionar en la patente de banca minorista. Lo que me parece posible y deseable es que haya una banca regional. Para eso el BCU tiene que flexibilizar la regulación. Por las exigencias actuales hay muy pocas empresas que pueden ingresar, y son de primerísima línea, como las que están. Actores regionales ayudarían a democratizar la plaza, hacerla más dinámica, y los costos para el usuario tenderían a bajar.
—La captación de afiliados en administradoras de crédito tuvo algunos obstáculos, con sindicalistas más jóvenes y quizás menos formados. ¿Cómo lo han afrontado?
—Los bancos se achican pero eso no genera un achique de AEBU. La actividad alguien la hace en otro lado, sea en una financiera, una transportadora de valores o una AFAP. En números absolutos hay más afiliados que hace un año y están proviniendo de ese lugar. Después de organizar hay que formar, y creamos un departamento de formación por el que pasaron más de 400 compañeros. Hay lugares donde es muy difícil entrar. Hay patronales que siguen aspirando a relaciones de bajísima calidad con enfrentamientos y discriminando como los bancos. Por eso, imponer relaciones laborales de calidad necesita un proceso. Los empleadores están buscando maximizar las ganancias pero también prevén que es inexorable que la situación de los trabajadores stenderá a mejorar. Entonces les ponen la pata. Es una situación inadmisible porque se trata de empresas con ganancias importantes.
—¿Cómo ve los próximos Consejos de Salarios, con una realidad económica menos favorable?
—Nos importa analizar los temas de productividad y cómo se van a poner. No comparto que todos los salarios se deban incrementar exclusivamente por la productividad. Hay ciertas franjas salariales más sumergidas, inferiores a $ 15.000, que deben tener aumentos reales más allá de eso. En nuestro campo hay margen porque hay salarios que están arrancando muy de abajo.