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La cuestionada ley de reforma que, entre otras cosas, crea un sistema previsional común, entró en aplicación en etapas. En agosto del año pasado dio la posibilidad de que un jubilado vuelva a trabajar sin dejar de percibir su prestación pasiva. Otros cambios más estructurales están en vigor desde diciembre: el aporte jubilatorio de 15% pasó a distribuirse en dos tercios para el Banco de Previsión Social (BPS) y el restante a la administradora de fondos previsionales (AFAP) en la que la persona esté afiliada; también comenzó a regir la obligación de que todos los nuevos trabajadores —incluso policías, militares, bancarios y profesionales universitarios que no sean escribanos— aporten a una AFAP, sin importar de cuánto sea su salario.
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Antes de esta reforma y desde la anterior de 1996, los que tenían que afiliarse obligatoriamente a una AFAP eran aquellos trabajadores que cobrasen sueldos mayores a cierto mínimo. Con el cambio que entró a regir en diciembre se amplió la base con la que operan estas empresas, lo cual se reflejó en los primeros números posreforma informados por el Banco Central: en enero-marzo los afiliados a estas administradoras aumentaron en 17.875, lo que llevó el total por encima de los 1,6 millones (1.606.173).
El ritmo promedio mensual de afiliación había sido de algo menos de 3.000 desde el 2020; en diciembre pasado la cifra saltó a 10.048.
AFAP Sura fue la que más afiliados captó en el primer trimestre del año (5.996), seguida por la administradora de propiedad estatal República (5.277), por UniónCapital —ahora Itaú—, con 5.041, e Integración, con 1.561. En el total de trabajadores con cuentas individuales, República está a la cabeza con 618.252.
El rol de las AFAP está en el centro de los cuestionamientos del PIT-CNT y de su papeleta a favor de plebiscitar en octubre próximo una marcha atrás en parte de la reforma, eliminando el lucro en la seguridad social (y, por la vía de los hechos, a estas administradoras que cobran comisiones por el servicio de gestionar los ahorros jubilatorios) y volviendo a 60 la edad a partir de la cual es posible tramitar la jubilación (en lugar de 65). También propone equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional.
El sábado 27, el PIT-CNT llevó al Parlamento las más de 430.000 firmas que respaldan esa consulta popular, casi duplicando el piso requerido para habilitarla (10% del padrón electoral, unos 270.000).