Actualmente los aportes jubilatorios de los más de un millón de afiliados a las AFAP son recaudados por el Banco de Previsión Social (BPS) y luego girados a esas administradoras. Las autoridades del instituto previsional decidieron promover un proyecto de ley para transferirles la tarea de cobranza a las propias AFAP, lo cual es resistido por los ejecutivos de algunas de las mismas.
En mayo el Directorio del BPS decidió por unanimidad llevar esa propuesta al Diálogo Nacional sobre Seguridad Social y se concretó días después, cuando sesionó ese ámbito convocado por el Poder Ejecutivo para discutir posibles ajustes al sistema. El diario “El País” informó sobre ello el viernes 21.
La ley que en 1996 implementó el régimen mixto vigente —con un pilar de ahorro individual administrado por las AFAP y otro de solidaridad intergeneracional— estableció que el BPS sería el encargado de recaudar todos los aportes previsionales de los trabajadores y que debía transferir a esas empresas los montos que les correspondieran por sus afliados. También dispuso que no podrá “percibir retribución alguna de las administradoras” por “las actividades que se realicen en el marco” de esa ley.
Durante el primer gobierno del Frente Amplio, el BPS comenzó a cobrarles a las AFAP por esos gastos de recaudación. Para ello se amparó en el decreto de reglamentación de la ley que reformó el régimen, que señala que en la prohibición mencionada “no se incluyen los reintegros de gastos no personales, a costo estricto” que pudieran ocasionarse al banco por su aplicación.
Las AFAP recurrieron la decisión del BPS y finalmente fue dejada sin efecto a raíz de un fallo del Tribunal de lo Contecioso Administrativo.
Ahora el BPS —cuyo presidente, Ernesto Murro, es contrario al sistema de AFAP— vuelve a la carga.
“No es justo que el BPS realice una tarea administrativa” a esas empresas “y no les cobre”, dijo a Búsqueda Sixto Amaro, representante de los jubilados en ese instituto previsional. Se entiende que la vía para hacerlo es mediante una ley que transfiera a las AFAP la tarea de recaudación de aportes.
Ramón Ruiz, integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS, aclaró que aún no hay una definición sobre cuánto cobrarles a las administradoras, pero aseguró que no se pretende “lucrar con eso”. Enfatizó que la cifra no va a “poner en peligro” a ninguna AFAP y agregó que probablemente el criterio no sería “muy diferente” del que se aplicó en 2006.
Entonces y durante casi tres años, esas empresas le pagaban al BPS el equivalente a 0,75% del monto que mes a mes le transfería. Teniendo en cuenta que en mayo el banco le giró a las administradoras aportes por U$S 61 millones, estas tendrían que pagarle unos U$S 460.000 mensualmente si se fijara un costo de 0,75% como en esos años, calculó Búsqueda.
Consecuencias.
“No estamos de acuerdo” y “lamentamos que hayan tomado esta resolución”, dijo a Búsqueda el presidente de República AFAP, Luis Costa.
Argumentó que la legislación que instauró el sistema mixto “procuró mantener la centralidad del BPS en la organización de la seguridad social”. Entonces, afirmó, se le encomendaron varias tareas, como la recaudación, el registro de la historia laboral y la definición de las causales, entre otras. “Obviamente se entendió que no se debería cobrar a las AFAP” por “actividades que no se les dejaba realizar”, añadió el ejecutivo de esa administradora, que pertenece a tres bancos oficiales.
“Si la intención es perforar esa centralidad deberá incluirse en la nueva ley que la cobranza será descentralizada y las AFAP volveríamos a armar nuestro esquema de recaudación de acuerdo a nuestros costos”, planteó Costa. Esto “no es bueno para el sistema uruguayo”, dijo.
Afirmó que el monto que se cobró a partir de 2006 —al margen de que fuera “una tasa fija, que no hacía referencia a los costos de manera especial”— era “un volumen muy importante”. “Yo no sé si con la estructura de las AFAP podremos soportar los costos”, señaló.
También remarcó que cuando el BPS dejó de cobrarle por las transferencias, República bajó 10% la comisión que les cobraba a sus afiliados por el servicio de administración de sus ahorros jubilatorios. Advirtió que si el instituto previsional volviera a transferirles el gasto de recaudación “seguramente haya costos que impliquen un aumento de la comisión” a los trabajadores.
Otra dificultad que identificó sería el intercambio de información necesario para que le BPS tuviera registro de la totalidad de los aportes en la historia laboral de los trabajadores.
Diálogo “convulsionado”
La propuesta del BPS fue planteada en una instancia plenaria del Diálogo, para ser tratada posteriormente en una Comisión Ejecutiva que discutirá temas vinculados a la capitalización individual. República AFAP manifestó su voluntad de formar parte de esa comisión, por considerar que podría “aportar mucho”, mientras que Murro y la representación de los trabajadores en el BPS entendieron que las administradoras deberían quedar por fuera.
“Son empresas privadas, no organizaciones sociales”, y “no es sano que participen” porque tienen intereses propios, opinó Ruiz. Además señaló que los empresarios ya cuentan con un miembro en el Directorio de ese instituto, por lo que si se habilitara a participar a las AFAP en esa comisión “tendrían dos votos”.
Por su parte, Roberto Baz, director nacional de Seguridad Social, dijo a Búsqueda que finalmente se resolvió que las administradoras no formarán parte de la comisión pero que podrán ser invitadas a participar en temas puntuales.
Pero otro hecho alteró el clima en el Diálogo de la Seguridad Social: el mes pasado el Banco Central (BCU) resolvió modificar una tasa técnica que redujo el monto que comenzarán a cobrar las personas que se jubilen por el pilar individual a partir de junio (ver Búsqueda Nº 1.666).
Eso, según Amaro, “convulsionó” el debate.
En opinión de Baz, si bien es “jurídicamente válido” que el BCU tome la decisión, hacerlo fue “políticamente inoportuno”, porque era uno de los temas planteados para discutirse en el diálogo. Elvira Domínguez, representante de los empresarios en el BPS, lo calificó como una “falta de reconocimiento al espacio de trabajo”.
Este malestar causó que en la última reunión de la comisión creada en torno al Diálogo no se trabajaran los temas previstos. “Hay sectores muy enojados, y con justa razón”, comentó Baz, y dijo que por el momento no hay convocada una nueva reunión.
Con la modificación de la tasa técnica como disparador, los trabajadores y los jubilados resolvieron movilizarse todos los segundos viernes de cada mes para manifestar sus reclamos sobre seguridad social. El 13 de julio se hará la primera movilización frente al BCU.
