Jardines de infantes, escuelas, liceos y centros de UTU son blanco de la delincuencia, que sufren rotura de rejas, puertas y ventanas, y robo de todo tipo de materiales, desde garrafas de cocina, alimentos de cantinas y productos de limpieza, a equipos de audio y TV, materiales de educación física y de laboratorio, herramientas de jardinería y hasta de portones que dan a la calle.
Para el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, el tema de la seguridad pública es “un problema tremendo” del sistema educativo y exige “poner orden y cabeza”.
“La ANEP gasta millones de dólares en contratar empresas de seguridad, casi todas descoordinadas, con mucha subutilización de los recursos y contratos superpuestos entre Primaria, Secundaria y UTU, sin un criterio lógico”, resumió a Búsqueda el consejero Juan Gabito, representante del oficialismo en el Codicen.
Johnny Trías, “orden y cabeza”
En ese contexto se inscribe la contratación como “asesor en seguridad pública” de ANEP del exsubjefe de la Policía de Canelones Johnny Trías.
Se trata de una “muy buena inversión”, opinó Gabito, porque con su fichaje “se empieza a poner orden y racionalidad al tremendo problema de la seguridad, no solo por los bienes materiales sino por la protección de los muchachos, sobre todo a la salida de los liceos”.
Según la resolución oficial fechada el 12 de mayo y divulgada días atrás en redes sociales y en la prensa, para el Codicen “resulta necesario atender la situación de seguridad en las dependencias ANEP, a partir del trabajo de un profesional del área”.
Trías es funcionario de carrera, egresado de la Escuela de Policía, llegó a la máxima jerarquía policial y se retiró del Ministerio del Interior el 31 de enero.
Al exjerarca policial “se lo contrató para mejorar la seguridad en las instituciones de enseñanza”, que tiene “problemas importantes de efectividad tanto en vigilancia personal como en el sistema de rejas o protección edilicia, alarma y respuesta”, relató a Búsqueda Óscar Pedrozo, consejero electo por el orden docente, subrogando al hoy presidente del Codicen, Robert Silva.
Pedrozo informó que además de orientar a la ANEP en temas de seguridad, Trías trabajará en la coordinación con empresas privadas y con el Ministerio del Interior, “enfocado en las zonas más vulnerables a las acciones delictivas”, que situó en el cinturón de la capital.
“Hay una sensación de inseguridad en los funcionarios y en los estudiantes por los ingresos ilegales y robos en los centros educativos, que no necesariamente refieren a hechos violentos recientes, pero que se mantiene como preocupación por la falta de sistemas de protección efectivos”, explicó.
Desde mediados de 2020 el tema es objeto de estudio en el Codicen, que apuesta a seguir las líneas de trabajo planteadas por el economista Héctor Bouzón, director ejecutivo de Gestión Institucional en ANEP, tendientes a unificar criterios en la seguridad y vigilancia de los centros educativos.
Robert Silva. Foto: Daniel Rodriguez / adhocFOTOS
Planes y gastos
Actualmente, el plan de seguridad de la ANEP se desarrolla a través de “rondas dinámicas de vigilancia en móviles” de empresas adjudicatarias, acompañadas por el servicio 222 del Ministerio del Interior. La vigilancia es nocturna y diurna —y únicamente nocturna los días no lectivos— y la administración reforzó el sistema de alarmas y de videovigilancia en los últimos años.
En 2019 se fijó un plan de mejora de la tecnología, a partir de los resultados de un plan piloto en 17 instituciones alejadas del centro de Montevideo. Las autoridades identificaron una mejora del sistema de alarma, con cobertura de exterior y la instalación de cámaras de videoverificación, cuya activación permite chequear las imágenes de las instituciones mientras concurre el móvil de respuesta al local.
Secundaria informó en la última Rendición de Cuentas que desde 2016 desarrolla un “monitoreo del tiempo óptimo de vigilancia” y trabaja para evitar el “solapamiento” de los servicios de protección de los liceos.
Las autoridades del Consejo de Educación Técnica-Profesional (Cetp-UTU) también dicen tener operativo el plan de seguridad de la ANEP en la capital y reducir los gastos del servicio 222, mediante la sustitución de ese sistema por seguridad privada o monitoreo de alarma con respuesta.
El Consejo de Formación en Educación (CFE) pretende desde el pasado quinquenio bajar el costo real en servicios de seguridad y vigilancia nocturna, dado que un alto número de horas contratadas en forma tercerizada se cumplen allí por la noche, y por ley ese servicio debe abonarse con un 20% más de remuneración.
En ese Consejo, por ejemplo, el gasto en seguridad aumentó 52,64% desde 2015 a 2019 (pasó de $ 9.245.487 a $ 14.112.188, a precios constantes). Esto se explica tanto por el aumento de la remuneración asociada al trabajo nocturno como a la necesidad de extender este tipo de servicio a más centros educativos.
De todos modos, los contratos de seguridad se aplican de forma “fragmentaria”. Por ejemplo, ayer miércoles 16, el Codicen trató el caso de una empresa privada para un refuerzo del sistema de seguridad de un local por US$ 170.000.
“Colorcito político ideológico”
La decisión de contratar al exsubjefe de Policía canario llamó la atención de varios legisladores opositores, gremios y referentes de la educación que consideran difícil de explicar en medio de la crisis sanitaria y sin presencialidad plena (que las autoridades proyectan retomar en educación media básica en principio a partir del 12 de julio).
“Un cargo de confianza de asesor en seguridad pública en ANEP no parece ser la prioridad”, escribió el miércoles 9 en Twitter Pablo Caggiani, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Para el exconsejero de Primaria, “invertir dineros públicos en eso en este momento es muy difícil de explicar”. “¿La seguridad no iba bien? ¿Es necesario que sea de confianza política? Además al ser retirado (Trías) va a cobrar la jubilación y el salario de confianza”, apuntó.
Otras fuentes políticas señalaron a Búsqueda que la decisión del Codicen “tiene sus bemoles”. Un referente educativo lo explicó así: “Hay un colorcito político ideológico por detrás de la contratación de Trías que también generó barullo”.
A su vez la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes) cuestionó el “contratar de manera discrecional a un comisario retirado”, en otro posteo que terminó con estas palabras: “Menos educación, más represión”.
Sin embargo, el Codicen defiende la oportunidad de la resolución que, según Gabito, tiene “mucha lógica, es muy necesaria y no aumenta el presupuesto porque se trata de un cargo transformado y su ocupante es un profesional de carrera, y no de confianza”. El cargo original era el de jefe de Área de Desarrollo de Software y Redes.