ANEP comprará un sistema informático antiplagio para controlar documentos y “descuidos” como el detectado en la reforma curricular

El titular del Codicen encomendó a la Secretaría General de la ANEP y a la directora ejecutiva de Políticas Educativas, Adriana Aristimuño, dotar a la administración de un sistema informático para verificar la originalidad de las producciones académicas y detectar eventuales fraudes. Estos sistemas se aplican desde hace años en varias instituciones educativas públicas y privadas.

“Hemos resuelto encomendar a nuestra secretaria general y a la directora ejecutiva de Políticas Educativas que desarrollen acciones y reciban asesoramiento para comprar un  sistema informático que nos permita tener un control sobre todos los documentos que corresponda”, agregó Silva, según la versión taquigráfica de la sesión.

Actualmente, la ley no obliga a las instituciones educativas públicas a disponer de una herramienta antiplagio, aunque existen diferentes softwares especializados en detectar estas malas prácticas académicas que ahora la ANEP pretende aplicar a las producciones de los diferentes subsistemas, según supo Búsqueda.

Programas informáticos pagos, como Unicheck, permiten colgar en la aplicación los trabajos académicos para que el sistema compare el texto con miles de documentos en una base de datos. Una vez verificado, el sistema muestra estadísticas de similitud a partir de porcentajes, que ayudan a los profesores a determinar, por ejemplo, si un alumno copió sin citar a la fuente.

Muchos docentes suelen recurrir al propio buscador de Google y a otros programas gratuitos en línea para identificar eventuales fraudes.

“Error periférico”

El disparador de esta decisión de la ANEP fue una denuncia de la profesora de secundaria Adela Riccetto, el 21 de julio en su cuenta de Twitter, referida a un documento del CFE titulado Propuestas para el diseño de la formación de grado de los educadores. En esta producción académica, enmarcada en la discusión de la transformación educativa, se transcriben sin citar fragmentos idénticos o muy parecidos de un documento del programa Conectar Igualdad, una plataforma web del Ministerio de Educación argentino, como informó la diaria.

El documento en cuestión del CFE fue elaborado por un equipo académico integrado por tres funcionarios de la ANEP. Uno de ellos se ocupó de redactar la introducción y copió varios pasajes sin citar la fuente original, según reconocieron las autoridades tras la viralización del tema en redes sociales.

Si bien se trata de un documento preliminar, esto “no exime al funcionario de responsabilidad”, explicó a Búsqueda una autoridad de la educación, “porque se trató realmente de una desprolijidad enorme, ya sea por descuido o por negligencia del funcionario que copió y pegó”.

El supuesto plagio había sido anticipado al Codicen por el consejero docente Julián Mazzoni. Sin embargo, el presidente del CFE, Victor Pizzichillo, agradeció el dato pero le restó importancia y descartó una investigación administrativa.

La exposición pública del caso provocó “malestar y preocupación” en el Codicen, que trató el asunto el pasado miércoles 27. Pizzichillo presentó un informe interno de asesoría letrada del CFE donde confirmó que el funcionario cometió “un error” en un documento preliminar pero “no incurre en plagio”.

El titular del CFE argumentó que “nadie se ha beneficiado de ese documento” ni hubo intención de causar un perjuicio “injustificado”. Por eso, insistió, “se trata de un error periférico”, dijo Pizzichillo, según reconstruyó Búsqueda.

Sin hacer mención a la palabra plagio, Pizzichillo remarcó que los pasajes reproducidos sin referencia a la fuente “no hacen a la sustancia del documento” y “son cuestiones totalmente periféricas” —vinculadas a las consecuencias de la pandemia— y no a la propuesta curricular. Esta posición fue apoyada en el CFE por los consejeros también designados por el gobierno, María del Carmen dos Santos y Patricia Revello, y cuestionada por la oposición política y sindical.

Las autoridades del Codicen se dieron por satisfechas con las explicaciones de Pizzichillo, a excepción de los dos consejeros docentes, Mazzoni y Daysi Iglesias, para quienes es  un “hecho delicado” que “constituyó un plagio”. Los consejeros dispusieron que se realicen las correcciones correspondientes para enmendar los textos no citados debidamente.

El CFE volvió a tratar el tema esta semana a instancias de Pizzichillo. En ese ámbito, la consejera electa por los docentes, Rosana Cortazzo, reiteró sus críticas al informe de la asesoría letrada del Consejo y lamentó que no se convocara a un comité de ética como prevé el reglamento de honestidad académica del Consejo. Su planteo solo fue acompañado por la consejera por el orden estudiantil, Génesis Gallardo.

“Hay una intención de barrer debajo de la alfombra por parte de nuestro Consejo y del Codicen frente a un tema muy delicado, entre otras cosas porque genera un precedente para docentes y alumnos. Porque a ellos se les exige una serie de requisitos y se les aplica sanciones ante este tipo de fraudes y a los autores de una producción académica de la ANEP no”, afirmó Cortazzo a Búsqueda.

Para el titular del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, Líber Romero, hubo una “falta de ética profesional” que exige la anulación del documento y también la renuncia de las autoridades del CFE que lo avalaron. Romero dijo además que el sistema antiplagio es un viejo reclamo del gremio que ya se buscó aplicar sin éxito en el Instituto de Profesores Artigas (IPA).

Entretanto, la bancada de senadores del Frente Amplio resolvió citar a las máximas autoridades de la Educación para que brinden explicaciones sobre el tema en el Parlamento.