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ANEP despliega su plan de prevención en salud con foco en el consumo problemático de drogas en todos los niveles educativos
La propuesta de la consejera Iglesias busca acercarse con charlas “informativas, formativas y de sensibilización” a lo que sucede fuera de las aulas; afirma que no alcanza solo con “educación, educación, educación” ni con enfoques punitivos
“La tiza rota se ha transformado en el juego del recreo”, contó tiempo atrás la maestra Daysi Iglesias, al explicar que alumnos de 10 y 11 años de escuelas públicas de Montevideo jugaban con tizas molidas a “vender pasta base” en bolsitas. “¡Juegan a vender droga! ¡Pasta base…! No nos puede estar pasando; este no puede ser el juego de nuestros niños. Y no es en Cuenca de Casavalle o Cerro Norte. Es el rebote del consumo de drogas”, dijo quien era entonces secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu-Montevideo) e inspectora de escuelas de Maroñas (Búsqueda Nº 2.003).
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Ahora como integrante del Consejo Directivo Central, órgano director de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Iglesias asegura que estos problemas son todavía “mucho más graves”. Afirma que aumentó el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas, de problemas emocionales —depresión, intentos de suicidio—, y de desbordes recurrentes, peleas entre liceales y también entre “bandas narco” a las puertas de los centros educativos. Por todo esto es que planteó un proyecto que pretende alejar a “miles” de madres, niños, niñas y adolescentes del consumo de sustancias adictivas.
El presidente Luis Lacalle Pou afirmó el 15 de marzo que la Rendición de Cuentas tendría una fuerte impronta en salud mental y adicciones. Si bien el Estado aumentó su oferta de tratamientos, la respuesta continúa siendo “deficiente”, planteó la consejera del Codicen, atenta a las medidas que impulsó esta semana el gobierno tendientes a un aumento de los tratamientos y las líneas de prevención.
“Me alegro de estar en sintonía con las acciones del gobierno. No alcanza con repetir esa fórmula de ‘educación, educación, educación’ para combatir situaciones de riesgo”, sostuvo la consejera. Tampoco cree que se solucione el problema con un plan exclusivamente “punitivo”, policial y judicial. “Sería descabellado poner un patrullero a la puerta de los 3.000 centros educativos. Ya hay control, guardias y porteros, pero esos recursos son finitos y no son la única vía que debemos usar”, indicó.
Para Iglesias, se requiere una mirada más “prospectiva”, de futuro, en el campo de la educación y la salud. Su proyecto, aprobado de forma unánime por el Codicen, apunta a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas en todos los niveles del sistema —desde educación inicial, primaria y media a formación docente— y la atención de situaciones de riesgo. Entre sus objetivos, destaca el de reforzar con recursos no ejecutados de la Rendición de Cuentas 2020-2022 cargos de psicólogos y “equipos multidisciplinarios” de la ANEP. A su vez, busca establecer líneas de acción con otros organismos estatales, como los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Salud Pública.
La propuesta incluye la organización de una serie de “charlas formativas, informativas y de sensibilización” convocadas por la ANEP “con la comunidad cívica” en todo el país. El modelo de intervención implica un acercamiento de actores de la educación y la salud a la comunidad con la participación de familias de alumnos escolares y de educación media, según el proyecto al que accedió Búsqueda.
“Hay que llegar al afuera del aula, a las horas en que los alumnos pasan fuera de la escuela, del liceo y de los centros de UTU porque si no se llega educativamente al afuera, no se llega a nada”, dijo la autora.
El proyecto se presentó en diciembre del año pasado y se comenzó a implementar en febrero con encuentros entre autoridades y especialistas de la Universidad de la República (Udelar) y de la ANEP. Luego de las vacaciones de julio se pondrá en marcha un plan piloto ya definido en la localidad de San Carlos (Maldonado).
Uno de los propósitos es recoger inquietudes y demandas de la comunidad y sintetizarlas. La implementación de acciones corresponderá a las dependencias estatales a que se derive, acorde a las finalidades del proyecto. Así generará un trabajo “bidireccional” entre las instituciones centrales y las territoriales, señaló Iglesias. La próxima semana se hará una presentación pública y una primera convocatoria a las familias.
El objetivo general del proyecto es promover en las comunidades educativas “herramientas socializadas” para abordar la problemática de las adicciones en su entorno inmediato. Se busca la intervención a favor de la calidad de vida de niños y jóvenes que puedan verse expuestos a situaciones de consumo abusivo de sustancias en sus entornos comunitarios o familiares, incluso durante su proceso de gestación. La idea es “convocar o reclutar” a miembros de la comunidad para trabajar en conjunto y ayudar a las poblaciones en riesgo, como a las futuras mamás que consumen, indicó la promotora de la idea.
El proyecto tiene un enfoque de contribución a la prevención de salud integral, fortalecimiento de los vínculos con las instituciones educativas y cooperación con las familias y entornos cercanos de los estudiantes para minimizar riesgos vinculados al uso problemático de drogas.
Iglesias alude en el documento a un informe de la Junta Nacional de Drogas, que destaca la importancia de “considerar que la noción de problematicidad tiene que ver con las circunstancias y no exclusivamente con el tipo y cantidad de sustancia que se usa, y no se presenta siempre como dependencia”.
En Uruguay hay unos 10.000 adictos a la pasta base, según estimaciones del Observatorio Uruguayo de Drogas (2019). Siete de cada 10 personas adictas no terminaron el Ciclo Básico de educación media (Secundaria o UTU), la mitad vive en la calle o en un refugio y la misma cantidad estuvo presa alguna vez en su vida.
