Tres de cada 10 presos en Uruguay cursan algún tipo de estudios. Una cuarta parte de la población carcelaria (el 25%) no cuenta con educación primaria completa. Y casi la totalidad no terminó la formación media obligatoria, ya sea el liceo o la UTU (el 98%), de acuerdo a informes oficiales. Los universitarios privados de libertad son una élite. El 6% de los presos son analfabetos totales (no saben leer ni escribir) y el 12%, unos 400 reclusos, son analfabetos funcionales: saben leer y escribir pero no lo hacen, y para muchos las operaciones matemáticas se limitan a contar con los dedos.
Uruguay tiene alrededor de 28.000 personas que cumplen penas por infringir la ley penal. Aproximadamente la mitad de esa población está privada de libertad –hay unos 14.000 presos–, y en la otra mitad recaen penas alternativas a la prisión. El 70% del total son menores de 30 años.
Las cifras de educación formal del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior no muestran cambios significativos en los últimos años en la proporción de estudiantes privados de libertad. El promedio oscila entre 19% y 27% de alumnos cursando alguna actividad de educación formal (primaria, secundaria, UTU, terciaria), según el último informe del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario (sobre el período 2019-2020), y otro elaborado por el Poder Ejecutivo en el marco del Plan Nacional de Educación en Cárceles.
Hay una importante diferencia de género en la cobertura educativa. De hecho, las mujeres –que representan el 7% de la población carcelaria– estudian mucho más que los hombres. En el promedio del período solo el 22% de los varones estaba inscripto a la educación formal, mientras que entre las mujeres la cifra ascendía a 57%.
La presencia de actividades educativas varía entre las unidades carcelarias, explicó el comisionado Juan Miguel Petit en su informe. En la zona metropolitana, hay unidades que mantienen una cobertura de educación muy baja –ronda el 10%–. Lo mismo ocurre entre las celdas del Complejo Carcelario Santiago Vázquez (ex-Comcar), Libertad, Canelones o la nueva unidad de Punta de Rieles.
Incluso es posible apreciar la heterogeneidad educativa entre las subunidades penitenciarias, como el caso del ex-Comcar. En el módulo 8 –destinado a personas con prisión preventiva– prácticamente no hay actividades educativas formales desde hace años y, en cambio, en otros módulos (6, 7, y 9) alcanza a casi el 30% de los reclusos.
En el interior, la unidad de Maldonado tiene una cobertura baja de educación formal, con casi 15%, al igual que las unidades de Salto (17,4%) y Rocha (19,1%) respecto a las demás unidades y a su cifras de años anteriores, relevó Petit, convencido de que la falta de formación y el fracaso escolar están directamente ligados con la delincuencia.
Por otra parte, también existen varios programas de educación no formal. Cursos o talleres brindados por instituciones que ofrecen actividades flexibles y variadas que tienen continuidad en enero y febrero, meses en los que la presencia de la educación formal cae notoriamente. No obstante, Petit aseguró que en términos generales esta realidad no ha cambiado demasiado y que la oferta educativa sigue siendo ínfima comparada con las enormes necesidades que hay dentro de las cárceles.
Cárcel y derecho a la educación
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) está obligada a garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de libertad –por la Constitución, la Ley de Educación Nº 18.437 y las normas internacionales sobre derechos humanos ratificadas por Uruguay–, y las cárceles disponen de educadores de Primaria, Secundaria, UTU y terciaria que desde hace muchos años imparten cursos.Pero “son emprendimientos parciales y fragmentarios”, que resultan “intermitentes” para los privados de libertad, dijo el consejero Juan Gabito, representante del Partido Nacional en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, a Búsqueda.
A la falta de cupos se suma que el personal de apoyo es escaso, que desde la organización no se busca estimular que los presos estudien, y que escasean los materiales, según los informes oficiales. Además, las fechas de entrada o salida de los presos provocan que las clases cambien de número o de nivel varias veces durante el curso.
La Ley de Presupuesto Nº 19.924 aprobada a fines de 2020 encomienda en su artículo 386 al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) la implementación de un Plan Nacional de Educación en Cárceles.
Si bien Gabito consideró “muy positivo” este plan del MEC, observó que la iniciativa “parte de un enfoque parcial”, porque no alcanza con educar “en cárceles”.
“Muchos de los sujetos (privados de libertad) cumplen penas de pocos meses –aunque también se dan fenómenos de reincidencia y aun habitualidad–, lo que dificulta una formación integral y más aún una rehabilitación plena”, afirmó.
Dijo además que el elevado porcentaje de reincidencia (60%) indica que tampoco es una vía exitosa. Y por eso opinó que “el centro de la estrategia no debe estar en el contexto de encierro, sino en la trayectoria educativa del sujeto: antes, durante y después de su privación de libertad”.
Para Gabito, “el sistema educativo debe reconocer que ni su oferta institucional ni el funcionamiento de sus servicios han resultado efectivos para la formación de un porcentaje muy significativo de la población (carcelaria) en los niveles y edades obligatorios”. Y “tampoco ha sido capaz de detectar a esos alumnos ‘divergentes’, evitar su desvinculación y menos aún reincorporarlos al sistema”, dijo.
El jerarca aseguró que la edad cada vez más baja de los delincuentes permitiría conocer con bastante precisión a qué centros educativos concurrieron y en qué niveles y modalidades lo hicieron, qué señales se recibieron respecto de su comportamiento social, su desvinculación del sistema y qué esfuerzos se hicieron para su reincorporación.
La propuesta
En vistas de que la educación como “derecho humano fundamental” no ha podido hacerse efectiva para la mayoría de la población carcelaria, la ANEP planteó el diseño de “un nuevo enfoque” para anticiparse a este fenómeno y, en lo posible, evitarlo.
La propuesta incluye el “seguimiento y protección de las trayectorias” educativas en los casos de desvinculación del sistema formal de los presos, y así asegurar la continuidad educativa luego de recuperada la libertad, total o parcialmente, especificó Gabito, “involucrando” al contexto familiar.
Sin perjuicio de las coordinaciones que necesariamente deberán implementarse entre los ministerios de Educación, del Interior y de Desarrollo Social, “hay mucho que la ANEP debe hacer por sí misma, en cumplimiento de su mandato institucional”, sostuvo el jerarca.
Con este “nuevo enfoque”, dijo, “mejoraríamos la situación de seguridad de la sociedad toda”, favoreciendo “la aptitud productiva de nuestra fuerza de trabajo, en un contexto de retroceso demográfico y empobrecimiento de las cohortes juveniles”. Además, destacó, “bajaríamos los costos de mantenimiento de la seguridad pública y en particular del sistema carcelario”.
