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ANEP elaboró y difunde una guía de acción preventiva ante la elevada tasa de suicidios en jóvenes y adolescentes
Sugiere instancias de reflexión sobre el tema en las comunidades educativas, priorizar la escucha y la contención, comunicar con “responsabilidad y ética” y no “culpabilizarse” cuando un caso no logra evitarse
De los 758 suicidios registrados en 2021, 203 correspondieron a personas de entre 15 y 29 años. Foto: pixabay
El primer martes de agosto, en silencio y vestidos de negro por luto, integrantes del gremio estudiantil del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) hicieron una “sentada” en el liceo por el suicidio reciente de una estudiante. También en reclamo de más equipos técnicos profesionales para atender situaciones de este tipo en los centros educativos.
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El suicidio es la primera causa de muerte violenta entre los uruguayos, duplica a las muertes registradas por accidentes de tránsito o por homicidios. Las poblaciones más afectadas son los adultos mayores, en particular, los hombres. La otra franja más vulnerable es la que atraviesa la adolescencia y la primera juventud.
En 2021, según el Ministerio de Salud Pública (MSP), 758 personas se quitaron la vida en Uruguay; de ellas, 203 tenían entre 15 y 29 años. La cifra total representa una tasa de 21,3 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de todas las Américas y el doble del promedio mundial.
En este contexto, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) recomendó a sus funcionarios, especialmente a docentes, el seguimiento de una guía de acción para la prevención del suicidio. El lineamiento se ajusta a una resolución aprobada en agosto por el Consejo Directivo Central (Codicen) —y firmada por su presidente, Robert Silva— respecto a la forma en que debe tratarse institucionalmente el tema.
El organismo encomendó a las direcciones generales de educación de Educación Inicial y Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y al Consejo de Formación en Educación difundir la guía. También sugirió realizar “instancias de sensibilización” en todos los ámbitos educativos del país.
En la versión “definitiva” de la Guía de promoción de salud y prevención de conductas suicidas: orientaciones para las instituciones educativas de la ANEP, a la que accedió Búsqueda, se destaca el rol central que tiene en este asunto la comunidad educativa. El argumento oficial de la ANEP para esta política se basa en la idea de “colocar en agenda” el tema del suicido juvenil desde una “perspectiva de derechos”, partiendo de la base de que los centros educativos son “espacios protectores”.
El documento —en cuya elaboración intervino un equipo interinstitucional coordinado por la magíster Carolina Ponasso y la directora de Derechos Humanos, Gloria Canclini— brinda “herramientas” para identificar factores o conductas de riesgo en los estudiantes. Además, proporciona “estrategias” para impedirlas y orienta sobre la manera de actuar por parte de la comunidad educativa y la promoción de proyectos vitales.
Por ejemplo, explica a los docentes cómo intervenir frente a los casos de mayor entidad, como pueden ser las autolesiones o la amenaza de quitarse la vida.
Los autores del informe analizaron otras guías y pautas elaboradas a partir de investigaciones locales e internacionales. Recomiendan actuar ante las primeras señales o factores de riesgo detectados en los estudiantes y advierten que la ideación suicida “nunca debe ser ignorada, desvalorizada o ridiculizada”. Aparte, agregan, “hay que evitar culpabilizar o culpabilizarse” ante un caso que no ha podido evitarse.
Entre los principales factores de riesgo destacan intentos previos de suicidio o autolesiones, cualquier forma de violencia registrada dentro o fuera del ámbito educativo, depresión u otras enfermedades mentales severas, consumo problemático de sustancias psicoactivas, antecedentes familiares de suicidio o de trastornos psiquiátricos, baja tolerancia a la frustración y la alta impulsividad o la vivencia negativa del clima escolar.
Frente a un intento de autoeliminación de un menor se debe contactar a sus familiares o responsables a cargo, contactar con el prestador de salud, pedir orientación a los equipos de la ANEP y acompañar al estudiante, manteniendo siempre la confidencialidad del caso y haciendo un manejo adecuado de la información para evitar la estigmatización personal y social.
En caso de suicidio de un integrante del centro educativo, la guía indica que se debe informar a la autoridad correspondiente y contactar a los equipos multidisciplinarios de la ANEP para recibir orientación. También debe comunicarse el suceso a la familia y a la comunidad educativa con responsabilidad y ética. La institución, añade, debe priorizar la escucha y la contención.
Consultado por Búsqueda sobre esta política, el integrante del Codicen, Juan Gabito, dijo que “hay una verdadera enfermedad social que no está siendo encarada debidamente”. Explicó que “la ANEP atiende de manera muy fragmentaria estas situaciones”, porque, si bien tiene servicios en cada uno de los subsistemas (Primaria y Educación Media), son muy dispersos y no están coordinados. En su opinión, es necesario “un encare totalmente nuevo”. “Si no, seguimos planificando currículas solo para el estudiante ideal y olvidamos que quizás lo más importante en este momento no es ese estudiante tipo, sino todos estos otros adolescentes y jóvenes que necesitan un enfoque especial”.
Juan Gabito, integrante del Codicen. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
“Una suerte de clamor”
Además del protocolo de actuación, la guía de la ANEP se enfoca en “derribar mitos” en torno a las conductas suicidas. Una de las falsas creencias refiere a que “hablar de suicidio incita a realizarlo”, cuando, por el contrario, hacerlo puede ayudar a la persona a desahogarse y sentirse acompañada.
Por este motivo, la autoridad educativa promueve instancias de reflexión y participación con las familias y la comunidad educativa.
Gabito contó que hace 30 años, cuando presidía el Codicen (1990-1995), el reclamo gremial docente y desde los centros educativos, además de ser por mejoras salariales y de infraestructura, era por personal de servicio. “Ahora te piden más psicólogos, asistentes sociales, abogados, médicos, educadores y orientadores sociales… Es una especie de clamor de todo lo que va al costado de lo estrictamente educativo”, relató.
Según Gabito, la ANEP tiene alrededor de 500 psicólogos pero “están muy dispersos”. Por eso insistió en la necesidad de una “reestructura integral”. Si bien precisó que no se puede pensar en que cada escuela o liceo cuente con un equipo multidisciplinario, sí se puede explorar una mayor coordinación dentro de la ANEP y con otros organismos públicos que cuentan con psicólogos.
El martes 6, las autoridades de la salud dieron a conocer las cifras de suicidios en los primeros cincos meses del año. Entre enero y mayo 349 personas se quitaron la vida, 25% más con respecto a igual período de 2021.
