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“Dato mata relato”. Es una de las muletillas a las que recurre Robert Silva para defender la gestión del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que preside, sobre todo en respuesta a las críticas que surgen en redes sociales o en medios de prensa. Y para contrarrestar esos cuestionamientos, el jerarca suele acompañar sus planteos de cifras oficiales.
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Así, por ejemplo, la ANEP divulgó días atrás un trabajo titulado Encuesta a las familias de la educación pública, en el que destacó “el apoyo” de la mayoría de los padres y madres de alumnos del sector a “las decisiones” y “las estrategias” implementadas por la administración durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 en 2020 y también en 2021.
En el informe cerrado en setiembre —que abarcó a todos los niveles de la educación formal obligatoria— la ANEP remarcó que el 92% de las familias afirmó que sus hijos o menores a cargo pudieron seguir sus cursos en 2020. Además, subrayó que el 80% de ellas dijo estar conforme con la organización de las instancias educativas presenciales en el contexto de la pandemia y que el 90% aseguró que las clases se impartieron respetando las medidas sanitarias.
La encuesta, de carácter voluntario, se realizó de forma online y fue completada por 56.330 familias, el 8% del total. El 75% opinó de forma positiva sobre la organización de las instancias no presenciales y el 80% reconoció la utilidad de las plataformas educativas brindadas y las tecnologías disponibles.
A su vez, el 90% de los que respondieron aseguraron que los menores contaban con un espacio físico adecuado para recibir la educación a distancia y el 80% dijo disponer de buena conectividad y de celulares.
Para el presidente del Codicen, los resultados de esta “consulta masiva” a las familias reflejan “una tónica de gestión” administrativa basada en “tomar decisiones informadas y sobre evidencias”.
“A diferencia de lo que algunos actores sostenían públicamente, se constata un apoyo de las familias a las estrategias llevadas adelante y a las decisiones tomadas en momentos de tanta incertidumbre”, comentó Silva a Búsqueda.
Sin embargo, la encuesta de la ANEP y sus principales conclusiones fueron cuestionadas por el colectivo de Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP), que advirtió una serie de “contradicciones” e “inconsistencias” entre las percepciones recogida y los datos difundidos por la propia administración durante la crisis sanitaria.
El contrapunto
El colectivo, que nuclea a 700 familias organizadas que envían a sus niños a la escuela pública, remarcó las dificultades que tuvieron durante lo peor de la pandemia para acompañar la propuesta educativa cuando el gobierno resolvió la suspensión de las clases presenciales.
Estas familias destacaron los problemas de conexión a Internet, la escasa disponibilidad tecnológica o el estado de los equipos informáticos, así como las dificultades de los hogares para acompañar el proceso de estudio, la desmotivación, la angustia y la disparidad en las habilidades de los alumnos y de los docentes en el uso de las tecnologías.
También encontraron “inconsistencias” en el sondeo difundido por la ANEP, dijo a Búsqueda Mariana Romanelli, vocera de este movimiento formado en mayo de 2019, que tomó mayor visibilidad pública por el reclamo de la presencialidad en las escuelas, luego de la suspensión de las clases en marzo de 2020.
La ANEP informó en un documento presentado en el Parlamento en el marco de la Rendición de Cuentas, basándose en una encuesta a docentes y estudiantes, que solo el 40% de los alumnos logró seguir los cursos y participar de forma continua en las clases virtuales mientras la presencialidad estuvo suspendida, indicó Romanelli.
Agregó que ANEP presentó este año al Poder Ejecutivo el documento en que se describen los impactos que tuvo a todos los niveles la suspensión de las clases presenciales en maestros, profesores y estudiantes. Y que allí se indica que el 42% de los alumnos tuvo dificultades de comprensión de las tareas propuestas durante la virtualidad. Otro 40% dijo tener problemas con la conexión a Internet y un 23% directamente no tuvo conexión o no se conectó.
En las respuestas de los alumnos quedaron en evidencia las situaciones problemáticas asociadas a los contextos de mayor vulnerabilidad socioeducativa de sus hogares, apuntó Romanelli, madre de un escolar y de un liceal que acuden a centros públicos.
Para sustentar la posición del colectivo, Romanelli apuntó que previo a la pandemia la asistencia promedio en primaria común era de 160 días lectivos y que durante 2020 la concurrencia a clase bajó, también en promedio, a 63 días.
Y remitió al informe oficial Asistencia, participación virtual y resultados educativos en la escuela pública uruguaya (2020), donde surge que el 25% de los escolares ingresó a la plataforma CREA del Plan Ceibal apenas en cinco ocasiones en el año, mientras el 10% no lo hizo nunca.
“Nos llama la atención que la ANEP realice ahora esta encuesta voluntaria de percepción familiar sobre la realidad de la educación, realizada vía online, cuando hay datos oficiales que contradicen estas opiniones”, añadió Romanelli, y explicó: “Si se planifica el año pensando que un 92% de los alumnos pudieron seguir los cursos en forma virtual, cuando en realidad lo hizo un 40%, y además se desconocen los otros indicadores que muestran una realidad bastante diferente a la percibida por algunas familias, entonces la educación estará aún más comprometida de lo que está, luego de la disrupción que vivieron nuestros hijos”.
“Urge atender el rezago educativo generado y la brecha que se amplió entre los que más y menos tienen”, dijo Romanelli en nombre del movimiento de familiares de alumnos de la educación pública.
No obstante, Silva, el titular de la ANEP, insistió en que “existe conformidad” por parte de las familias con la estrategia desplegada por la institución y con la actuación de la mayoría de los docentes y funcionarios en plena pandemia. Según el sondeo, el 94% de las familias evaluó satisfactoriamente al centro educativo al que asisten sus hijos, aunque detectó una participación baja en la comisión de fomento o en la asociación de padres (14%).