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    ANEP proyecta instalar cámaras de seguridad en escuelas y liceos

    Algunos colectivos cuestionan la conveniencia de registrar imágenes dentro de los centros de estudio porque puede derivar en un sistema “orwelliano” y generar una “cultura de la sospecha”

    El vandalismo asociado a los robos de materiales de estudio, alimentos y otros insumos en las instituciones de enseñanza pública creció 40% en el último quinquenio y el fenómeno “se agravó” durante la pandemia, al quedar muchos locales de estudio vacíos. Aunque, según las autoridades, la convivencia general es buena en las aulas uruguayas, en los últimos años la cantidad de hurtos y destrozos ha ido en aumento, de acuerdo a análisis estadísticos recientes sobre la seguridad en edificios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a los que accedió Búsqueda.

    La creciente actividad delictiva registrada en escuelas, liceos y centros de UTU obliga a “extremar medidas” sobre todo en los locales más desprotegidos. Al menos ese fue el argumento esgrimido por el asesor en seguridad de la ANEP, el comisario retirado Jonnhy Trías, ante el Consejo Directivo Central (Codicen) para proponer la colocación de cámaras de videovigilancia, ya no solo en las zonas exteriores de los edificios sino también en los espacios interiores comunes –pasillos, laboratorios y salas de informática– para frenar la violencia que se respira en algunos locales.

    “En ningún caso las cámaras estarán dentro de las aulas”, aseguró a Búsqueda Trías, ex subjefe de Policía de Canelones y desde 2020 responsable de la nueva Área de Control de Sistemas de Seguridad para casi 500 centros educativos.

    No obstante, la propuesta, respaldada por el Codicen, abrió el debate en parte de la comunidad educativa sobre la legitimidad y conveniencia de emplear estos dispositivos de vigilancia en los locales de estudio públicos. De hecho, la iniciativa despierta el recelo de algunos, y levanta dudas acerca de su legalidad en otros. En cualquier caso, el proyecto alienta reflexiones acerca de los límites de las instituciones para conciliar sus fines educativos con la seguridad.

    Video-verificación

    El objetivo inicial de las autoridades es mantener la protección exterior de los locales de estudio fuera del horario lectivo. El plan de seguridad ya está diseñado desde hace casi un año. El uso de las cámaras es parte del proyecto que “está para ser aprobado”, confirmaron desde la ANEP. La decisión de colocar estos dispositivos también se fundamentó en el elevado gasto que causan los constantes destrozos.

    Según las estadísticas del Codicen a las que accedió Búsqueda, en 2021 se reportaron 224 delitos en un universo de 457 centros de estudio georreferenciados solo en Montevideo: 87 hurtos en las zonas exteriores de los centros educativos públicos, 68 dentro de edificios –en su mayoría de educación primaria– y 89 incidentes de vandalismo.

    Actualmente, la fortaleza del servicio de seguridad está enfocada en el interior de los edificios por el uso de sensores. “El problema es que hoy cada vez que salta la alarma hay una intrusión y, en consecuencia, un daño, por lo que el servicio corre siempre de atrás”, indicó Trías, al defender su propuesta para anticiparse al delito con la instalación de cámaras exteriores “analíticas”.

    Trías desarrolló “un plan de video-verificación”, que tiene un centro de monitoreo similar al del sistema de alarma, y otro de “perifoneo”, con un centro de mando desde el local donde se emite el aviso a través de un micrófono interconectado a un conjunto de dispositivos parlantes que permiten alertar al intruso que debe retirarse del lugar, se envía el móvil y la imagen para una respuesta policial más efectiva.

    La posibilidad de instalar cámaras interiores surgió en diálogo con algunos centros de estudio a través de las comisiones de fomento, a pedido de los padres y de algunos docentes, contó el comisario retirado.

    “Con las cámaras interiores hay que ser muy cuidadosos, respetar el horario lectivo, los principios de confidencialidad y estar asesorados en temas de privacidad y protección de datos”, advirtió Trías. El centro de control es la secretaría o la dirección escolar que tiene acceso exclusivo al servicio. “La videovigilancia no activa el sistema de audio ni se coloca dentro del salón de clase ni en baños; solo en pasillos y en otras áreas comunes”, remarcó el autor del plan.

    Sistema panóptico

    Algunos colectivos de la enseñanza cuestionan la conveniencia de grabar en el interior de los centros. Desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) entienden que la instalación de cámaras dentro de los centros implica una intromisión en las comunidades educativas y cuestionan la inversión en dispositivos de videovigilancia frente a otras prioridades presupuestales de la ANEP.

    La idea de reforzar la seguridad en las áreas perimetrales de los centros educativos, sobre todo en liceos de contexto crítico, es respaldada por el sindicato docente. Pero la iniciativa de colocar cámaras de seguridad dentro de los locales merece otro análisis, y el “rechazo absoluto” en los salones de clase. “Sobre eso no hay dos posiciones, porque supondría implantar un sistema tipo orwelliano, de vigilancia completa, y vulnerar varios derechos, uno relacionado a la protección de datos personales”, aseguró a Búsqueda Gustavo Hellbusch, integrante del comité ejecutivo de Fenapes.

    “Además hay espacios que son propios de los trabajadores y también deben respetarse, como son las salas docentes, los lugares de auxiliares de servicio o administrativos, que no admiten un sistema panóptico”, apuntó Hellbusch, sindicalista especializado en asuntos laborales.

    En los colegios privados es donde el uso de estos dispositivos tecnológicos está extendido desde hace años. Allí las cámaras de videovigilancia suelen repartirse por diferentes puntos de los edificios, incluyendo pasillos y en algunos casos dentro de los salones de clase. Varias ofrecen una nítida imagen de lo que sucede en la institución. A ese visionado solo acceden desde sus monitores los encargados de seguridad privada de turno y la autoridad del centro educativo.

    Según el director de un colegio de Montevideo consultado por Búsqueda, la existencia de cámaras de seguridad en algunos casos resulta “positiva” porque “mejora la convivencia interna” y funciona “más como apoyo a la formación del profesorado” que como una forma de vigilancia. El hecho de que haya cámaras en la mayoría de los centros “ya está muy naturalizado”, dijo, por toda la comunidad. No así aquellas instaladas dentro de las aulas. Esto ha generado fuerte resistencia de los docentes agremiados de colegios y liceos privados.

    De hecho, la instalación de cámaras al interior de los centros de enseñanza “debería ser el último recurso y atendiendo a la ley de protección de datos”, dicen desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep). Este gremio ha denunciado en varias asambleas que en algunos centros instalan cámaras en clase “como un servicio adicional para los padres” de los alumnos.

    “Así pueden observar lo que se hace en el aula y criticar la tarea docente, lo que condiciona la libertad de cátedra, que queda parcialmente vulnerada y sobre todo genera una cultura de la sospecha”, dijo a Búsqueda Sergio Sommaruga, integrante del secretariado ejecutivo de Sintep, al afirmar que la pandemia multiplicó esas prácticas por las plataformas virtuales.

    “Colocar cámaras en el exterior de los centros educativos, como seguridad periférica, no admite una discusión si no afecta a la imagen y la intimidad de las personas, que son derechos fundamentales, especialmente de los niños. Ahora, instalarlas en los pasillos y en los salones de clase… ¿Qué termina siendo más relevante, la seguridad o la educación?”, planteó.

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