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Las leyes de Presupuesto son, usualmente, un salpicón de ajustes normativos, reformas menores o profundas, modificaciones tributarias, regularizaciones de cargos y un ordenamiento administrativo, además de la asignación de dinero para las distintas unidades ejecutoras y la previsión de recursos. Con sus 708 artículos y sus cinco tomos, el proyecto que acaba de entrar al Parlamento mantiene en líneas generales esa característica, si bien aumenta el gasto para los años 2016 y 2017 (y no para todo el quinquenio).
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Una de las novedades administrativas planteadas en el articulado referida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la dedicación exclusiva para los abogados de la cartera, además del pago de compensaciones para los funcionarios que se desempeñan en la negociación salarial y en la conciliación de conflictos individuales.
Para el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el proyecto prevé que tenga una nueva sede donde funcionen las distintas reparticiones que hoy están distribuidas en diversos edificios. Para eso, se autoriza a la cartera a enajenar dos inmuebles ubicados en la Ciudad Vieja y adquirir “uno o más”, remodelarlos y comprar el mobiliario necesario para el funcionamiento de sus oficinas.
En materia de combate al lavado de activos, además de un cambio de denominación de la Secretaría a cargo, se incorporan explícitamente a los promotores inmobiliarios y a las empresas constructoras como sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas. También se ajusta el régimen sancionatorio ante incumplimientos a ese requisito.
El proyecto modifica el tope de endeudamiento público vigente: establece límites decrecientes a lo largo del período (partiendo en 2015 de 16.000 millones de unidades indexadas, lo que equivale a unos U$S 1.760 millones, para llegar en 2019 a 13.500 millones, es decir U$S 1.486 millones, y reduciendo de 100% a 50% el incremento ante “factores extraordinarios”), lo que es consistente con una esperada disminución del déficit fiscal.
Un par de artículos están referidos al fútbol.
El 95 declara de interés nacional la propuesta de candidatura de Uruguay para ser sede de la Copa Mundial FIFA 2030, así como el programa de celebraciones del centenario del campeonato de 1930, pero ahora sin Argentina como decía una ley de 2010.
El 230 establece que la mitad del incremento (respecto a 2014) de lo recaudado por el IVA que grava los juegos de pronósticos deportivos organizados por sí o mediante terceros por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas irá a un fideicomiso cuyo único destino será la financiación de mejoras en la infraestructura de las divisiones formativas de los clubes afiliados a la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Se prevé aplicar sobre el Supermatch, que desde 2016 empezaría a venderse también en las canchas. Luis Gama, director de Loterías, dijo a Búsqueda como una proyección “moderada” que es posible triplicar las apuestas del juego, con lo que el dinero que llegaría a los clubes rondaría el medio millón de dólares anuales.
Aclaró que no habrá una resignación de recursos para el Estado y que se realizará un control estricto del uso del aporte a los clubes.
