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El abuso sexual infantil es el crimen “más impune” en todo el mundo, y tiene la particularidad de que agresores y víctimas provienen de todas las clases sociales. Según datos que maneja el gobierno, este abuso es el que más creció en el último año dentro de las distintas formas de maltrato que sufren los niños y adolescentes.
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En 2017 se registraron unos 700 casos de abuso sexual. Quienes cometen estos crímenes son en la gran mayoría hombres de entre 30 y 44 años, y poseen algún tipo de vínculo familiar o de cercanía con el menor de edad. Además, buena parte de los abusos ocurren dentro de la propia casa de la víctima.
Estos datos surgen de informes presentados por el Ministerio del Interior y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) durante un seminario titulado Violencias, Infancia-Género-Sociedad, organizado por la Asociación Psicoanalítica del Uruguay el viernes 27 y sábado 28.
Representantes del Sipiav (un sistema integrado por varios organismos del Estado) plantearon durante el seminario que una vez que se identifica un episodio de abuso, el “sufrimiento” del niño “sigue”, ya que en la amplia mayoría de los casos comienzan una “peripecia” en la que deben hacer válido su relato ante “un mundo adulto donde la palabra de los niños” no siempre es considerada.
“¿Por qué nos cuesta tanto creerles a los niños?”, planteó una de las especialistas.
Según datos del Sipiav, en 2017 se registraron 3.155 situaciones de violencia, 19% más que el año anterior. Esto implica casi nueve situaciones diarias ingresadas al sistema, es decir, una situación de violencia contra un menor de edad cada tres horas. La mayor cantidad de casos de maltrato ocurre contra niños que tienen entre seis y 12 años (42%). Le siguen quienes tienen entre 13 y 17 (34%). En el 56% de los casos las afectadas son niñas.
En 39% del total de casos registrados se trató de situaciones de maltrato emocional. En segundo lugar figuran las situaciones de abuso sexual (22%); luego aparece el maltrato físico (20%) y en 19% fueron casos de negligencia (omisión de cumplir con responsabilidades básicas en el cuidado del niño). En el informe del Sipiav se aclaró que los tipos de violencia no se dan de manera aislada, sino que “suelen coexistir más de un tipo en la misma situación”.
El abuso sexual fue uno de los tipos de violencia que más aumentaron respecto al año anterior, indica el trabajo.
El 93% de los casos de abuso sexual ocurrieron en el núcleo de convivencia. En el 96% de los hechos, los agresores fueron hombres, y la amplia mayoría (90%) fueron familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia del niño o adolescente.
La edad promedio del agresor es de 35 años, y en el 81% de los casos fueron abusos recurrentes.
El equipo del Sipiav explicó que de acuerdo con el relevamiento realizado, el agresor y la víctima “provienen de todas las clases sociales”, y no hay diferencias por nivel educativo o raza.
En casi todos los casos la detección del abuso ocurre cuando ya se está en la “fase crónica”, es decir, cuando ya pasaron más de seis meses desde que empezó la violencia.
El Ministerio del Interior presentó datos basándose en las denuncias que reciben en todas las unidades ejecutoras de la Policía. De esa información surgen cifras similares en cuanto al perfil de los agresores y el grado de cercanía que tienen con las víctimas.
Según el informe, presentado por Andrea Díaz, el 27% de las denuncias por violencia sexual que llegan a la Policía son de Montevideo. El segundo departamento con más registros es Canelones, con 16%, seguido por Paysandú (7%), Maldonado (6%) y Rivera y Salto con 5%.
Respecto a la tipificación de los delitos registrados por el Ministerio del Interior, los casos más denunciados fueron atentado violento al pudor (72%) y violación (10%).
Un 7% de los casos están enmarcados en la ley 17.815, sobre violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces. En esa ley se abordan temas de combate a la pornografía y tráfico de personas. Pero entre los hechos denunciados lo que más se repite son los comprendidos en el artículo cuarto de la ley: el pago o promesa de pago de dinero o de cualquier otra naturaleza a un menor de edad para que “ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.
