Cuando un episodio de corrupción asoma a la luz pública en cualquier país, suele resultar difícil saber si el mismo pasará al olvido con el tiempo o tendrá la fuerza para volverse algo verdaderamente histórico. Y esto puede aplicarse al caso del “mensalão” o gran mensualidad en Brasil, al punto que hay diferentes lecturas sobre cuándo saltó exactamente el asunto al tapete. Muchos creen que un momento de quiebra fueron las declaraciones que un diputado formuló a la prensa en 2005, durante el primer mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ventilando que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) pagaba ilegal y regularmente a legisladores aliados a cambio de su apoyo en el Congreso. Lo cierto es que siete años después y tras un megajuicio inédito en el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que ahora llega a su fin, el “mensalão compite por un lugar en la historia como el mayor escándalo de corrupción que este país haya conocido.
Los delitos atribuidos por el máximo órgano judicial brasileño a 25 de los 37 acusados incluyen crímenes serios como corrupción, lavado de dinero y peculado, cometidos dentro de un esquema creado secretamente para asegurar el respaldo parlamentario a proyectos de interés del gobierno. Esta misma semana, en el último capítulo de un juicio que comenzó en agosto con transmisión diaria por televisión y destaque cotidiano en la prensa, el STF condenó por asociación para delinquir a 10 personas, incluido el exministro de la Presidencia de Lula José Dirceu, el expresidente del PT José Genoino, y el extesorero del partido Delúblio Soares. Al leer su fallo en forma pausada y firme el lunes 22, el ministro decano del Tribunal, Celso de Mello, fue contundente: se formó en la cumbre del poder, fuera de la ley y en desafío al derecho, una hermandad extraña y perniciosa constituida por dirigentes unidos por un designio común, dijo, cometer delitos, cualquier delito, actuando como conspiradores en las sombras del poder para vulnerar, transgredir, lesionar la paz pública.
A partir de ahora y en los próximos días, el STF se abocará a decidir las penas que corresponden a cada uno de los condenados, en lo que la prensa local ha denominado como el juicio del siglo. Se trata de un momento clave no solo porque los votos de los ministros del Tribunal pueden cambiar a último momento, sino porque en el caso de que se apliquen castigos de años de cárcel para los principales implicados, muchos creen que la Justicia brasileña estará dando una muestra de independencia en un país donde existe la idea generalizada de que los poderosos gozan de impunidad. Recordemos que la mayoría de los jueces del Supremo fueron indicados por el partido de los principales acusados y aun así la mayoría de esos jueces están defendiendo el castigo”, dijo Carlos Pereira, un profesor de ciencia política en la Fundación Getulio Vargas que ha estudiado el caso y está seguro de que habrá penas “duras” para los implicados. “Eso sugiere mucha independencia”, agregó en diálogo con Búsqueda.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Policía Federal brasileña, la acusación presentada por la Procuraduría General de la República y las propias resoluciones del Supremo, el mensalão fue un esquema de desvío de fondos públicos y emisión de préstamos fraudulentos diseñado para sobornar a legisladores aliados del primer gobierno de Lula (2003-2007) y cubrir deudas de campaña. Roberto Jefferson, el entonces diputado del Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués) que denunció esta práctica durante una entrevista con el diario “Folha de São Paulo” en junio de 2005, dijo que el pago oculto que recibían algunos representantes ascendía a 30.000 reales al mes, equivalentes a U$S 12.300 de la época, dando origen al nombre del escándalo.
El propio Jefferson —entonces aliado del gobierno de Lula; hoy sin banca y aquejado por un cáncer de páncreas— fue condenado por el STF como uno de los beneficiarios de esos pagos, por lavado de dinero y corrupción pasiva.
La acusación de la Procuraduría indicó que el esquema del mensalão constaba de tres núcleos: uno político, otro operativo y otro financiero. Pero Joaquim Barbosa, el ministro del STF relator del proceso, explicó que el sistema funcionaba como un todo, con una división de tareas que es común a los grupos organizados formados para cometer delitos. A su juicio, el jefe político del aparato era el propio Dirceu, un exguerrillero de 66 años que operó como mano derecha de Lula y debió abandonar su cargo de jefe de gabinete presidencial en 2005, poco después que saltara el escándalo. Esta semana, tras recibir la condena por asociación para delinquir, que se añade a la de corrupción activa, Dirceu insistió en su inocencia mediante un texto publicado en su blog. Nunca formé parte ni fui jefe de una asociación delictiva, se defendió.
Barbosa —que fue designado ministro del STF por Lula en 2003 y últimamente adquirió fama nacional por el rigor mostrado en este caso— agregó que la interlocución política del esquema estaba a cargo del entonces presidente del PT, José Genoino, cuya labor práctica consistía en establecer los acuerdos con partidos y parlamentarios para asegurar las mayorías en el Congreso, así como respaldar operaciones ficticias de crédito para encubrir el dinero que el núcleo financiero metía dentro del esquema. Al igual que Dirceu, Genoino tiene 66 años, fue condenado por corrupción activa y asociación para delinquir, pero rechaza los cargos: el PT no es un partido de bandidos que compraban votos de aliados en el Congreso, eso es una afronta a la historia, declaró el domingo en el diario “O Estado de São Paulo”.
El STF atribuyó los mismos delitos también a Delúbio Soares, el entonces tesorero del PT, que según Barbosa estaba a cargo de transmitir los nombres de los beneficiarios y los montos de dinero a ser entregados. La Procuraduría estableció que Soares pasaba la información a Marcos Valério, un empresario cuyas agencias de publicidad SMP&B y DNA tenían diversos contratos millonarios con el Estado. Esas firmas servían para canalizar los pagos correspondientes: se trataba del núcleo operativo o publicitario del esquema.
Claudio Abramo, director ejecutivo de Transparencia Brasil, una ONG local anticorrupción sin vínculos con Transparencia Internacional, explicó a Búsqueda que las agencias de publicidad actuaban como intermediarias entre el sistema financiero y los beneficiarios, ya que “tienen una experiencia muy grande” en traspaso de dinero. Barbosa estimó que las empresas de Valério podrían haber emitido cerca de 80.000 facturas falsas.
La Procuraduría indicó que esas mismas empresas recibieron 29 millones de reales (casi U$S 12 millones) de préstamos ficticios para inyectar fondos al mensalão, la pata financiera del esquema. Esos créditos fueron concedidos por el privado Banco Rural, que también transfirió 3 millones de reales (cerca de U$S 1,2 millones) al propio PT sin analizar las garantías necesarias, agregó la denuncia. En contrapartida, los directivos de la institución obtendrían beneficios gubernamentales que superaban las erogaciones realizadas. La expresidenta, el exvicepresidente y el actual vicepresidente de ese banco fueron condenados por el STF por gestión fraudulenta. También fueron hallados culpables de ayudar al grupo de Valério a ocultar los retiros de efectivo que realizaron políticos aliados del gobierno en agencias del mismo banco. Asimismo, se estableció que fueron desviados fondos públicos de la Cámara de Diputados y del Banco de Brasil hacia las empresas de Valério, también para comprar apoyo parlamentario al gobierno.
Hallado culpable de delitos diversos como corrupción activa, peculado y asociación para delinquir, Valério fue el primero de los implicados en el mensalão en recibir penas de cárcel: en la primera sesión del STF para definir los castigos que corresponden a cada uno de los condenados, el empresario fue sentenciado el martes a 11 años y ocho meses de prisión y a pagar una multa de casi medio millón de dólares. La pena puede aumentar, ya que en esa sesión se analizaron solo parcialmente sus delitos.
Consecuencias
Es posible que el juicio y las sentencias de cárcel que haya por este caso, que el procurador general brasileño Roberto Gurgel definió como “el esquema de corrupción y de desvío de fondos públicos más atrevido e indignante jamás visto en Brasil”, ayuden a cambiar algo la idea generalizada en la sociedad brasileña de que los corruptos son intocables. El diario “O Globo” informó el fin de semana, que apenas 0,1% de los presos del país fueron condenados por corrupción. La percepción general de que los corruptos no van a la cárcel está confirmada por los datos oficiales, sostuvo el periódico carioca.
“Lo que es importante en este juicio son las consecuencias judiciales, que pueden influenciar a la Justicia brasileña”, dijo Abramo. Explicó que la estrategia del STF de considerar las circunstancias que envolvieron el caso para probar la corrupción contrasta con la tendencia de muchos jueces de buscar una relación causal entre pago de soborno y actos de agentes públicos, lo que dificulta las condenas, ya que además de comprobarse que un funcionario recibió dinero oculto debe demostrarse que modificó su conducta debido a eso. “No hay una división de aguas porque se condenó a una cierta cantidad de personas”, indicó el especialista, “solo la habrá si se pasa a condenar a personas de manera general y frecuentemente en casos semejantes”.
Otro asunto son las repercusiones políticas que tendrá el juicio. Su desenlace coincide con las elecciones municipales en Brasil, cuya segunda vuelta está marcada para el próximo domingo 28. En la primera vuelta del domingo 7, el PT ganó 14% más de alcaldías que en las anteriores elecciones de 2008. Y a pesar de haber perdido en la mayoría de las grandes ciudades del país, las encuestas para los balotajes muestran al partido de Lula y de la presidenta Dilma Rousseff en condiciones de ganar en tres capitales estaduales, incluida la mayor urbe sudamericana, São Paulo, donde ahora aparece como claro favorito en las encuestas su candidato Fernando Haddad, por quien el exmandatario realizó campaña intensa.
Hasta ahora Lula se ha mantenido ajeno a la pieza acusatoria del mensalão, ya que ni siquiera la oposición lo identificó en su momento como uno de los responsables del esquema y fue reelecto después que estalló el escándalo. A los 66 años, el expresidente mantiene altos índices de popularidad y sigue siendo uno de los políticos más influyentes de Brasil. Pero las condenas a algunos de sus hombres de mayor confianza suponen para él un claro riesgo de que su legado resulte salpicado. “El gobierno de Lula va a tener una pérdida de reputación importante y la imagen de Lula quedará afectada”, afirmó Pereira.
Por el momento, el exmandatario ha evitado referirse públicamente al juicio y las condenas, pero en una entrevista con el diario argentino “La Nación” publicada la semana pasada prometió que cuando termine el proceso emitirá su opinión. Interrogado sobre si teme que él mismo pueda ser juzgado por este caso, Lula respondió: “Yo ya fui juzgado. La elección de Dilma fue un juicio extraordinario. (Para) un presidente con ocho años de mandato, salir con 87% de aprobación es un tremendo juicio y no me preocupo para nada”.
