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Sustituir toda la flota del transporte colectivo de Montevideo por ómnibus eléctricos o cambiar las estufas a supergás de miles de hogares por equipos de aire acondicionado tendría beneficios económicos, sociales y ambientales para el país en el corto plazo.
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En los próximos años también podría darse la “introducción masiva” de baterías en los hogares y que algunas industrias incorporen calderas mixtas —con electricidad y otros energéticos— para reducir el consumo de hidrocarburos. Esos cambios son parte de la “agenda de acciones” para la segunda transición energética hacia la que Uruguay está en condiciones de avanzar, según el estudio Energía y competitividad que el jueves 11 presentó Pharos, el think tank de la Academia Nacional de Economía.
El documento, realizado por el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable y el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) —al que accedió Búsqueda —, evalúa la primera transición energética que tuvo el país y advierte la necesidad de acordar entre todos los actores lineamientos estratégicos y una política hacia el 2050. “Uruguay ha ido a un sistema eléctrico resiliente, seguro, sostenible, por las transformaciones que se hicieron en las últimas décadas y que ahora sirven de pilares para pensar y dar un paso cualitativo” hacia delante, dijo a Búsqueda Roberto Horta, integrante de ese instituto académico.
“Hoy el país está posicionado a nivel energético como Europa aspira estar dentro de varios años, y a un menor precio y con menor variabilidad. Estamos en condiciones óptimas de seguir avanzando”, complementó Lorena Di Chiara, del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la misma universidad.
Apuntó además que en el contexto internacional, con la guerra en Ucrania y la crisis energética, se evidenció la “vulnerabilidad que tiene Europa, el mayor promotor de la descarbonización y su dependencia de los energéticos importados”. Alegó que la región sudamericana también vive momentos de escasez, por falta de recursos como en el caso de Argentina o por sequía, como pasó con Brasil. “Si Uruguay no hubiese hecho la transformación de la matriz eléctrica quién sabe ahora lo que estaríamos pagando… O estaríamos rezando para conseguir energía”, comentó la especialista.
Dada la “fortaleza” de Uruguay en la materia, para Horta y Di Chiara es preciso avanzar y actualizar la política energética a largo plazo, “partiendo de lo que ya se hizo”.
Resiliencia
En la primera parte del estudio hecho para Pharos, Di Chiara, Horta y los otros autores (Federico Ferrés, Felipe Bastarrica, Micaela Camacho y Luis Silveira) concluyen que Uruguay logró bajar costos y aumentar la resiliencia del sistema eléctrico, produciendo su propia energía, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero como resultado de la primera transformación energética.
Resaltan a su vez que ese “cambio estructural” de la matriz se dio a partir de la promulgación de la política diseñada hacia el 2030, que promovió la generación de electricidad de fuentes renovables no convencionales (biomasa, solar y eólica). Para Di Chiara, ese año “está a la vuelta de la esquina” y en el largo plazo hay que focalizarse en la demanda, lo que es “más desafiante”.
Agenda a futuro
El enfoque hacia la segunda transición energética que los autores plantean es profundizar el consumo de electricidad renovable, electrificando sectores que ahora consumen otros energéticos y desarrollar nuevos combustibles renovables. “Que la electricidad sustituya otros energéticos” contribuirá a la descarbonización, indican los autores.
Apuntan que en acuerdo con todos los actores la política que oriente la próxima etapa, con horizonte al 2050, deberá tener foco en la demanda y la competitividad del país, fijar indicadores ambiciosos de descarbonización para lapsos de cinco años, de eficiencia energética, entre otras líneas de acción. Agregan que hay una “clara” necesidad de aplicar “en su globalidad” el esquema regulatorio aprobado hace 25 años (la Ley 16.832) y actualizar el reglamento del mercado mayorista para que acompase los cambios tecnológicos que ocurren en el sector y quitar barreras de entrada para promover “dinamismo, inversión, eficiencia y traspaso de beneficios al usuario final”.
En esa línea, proponen aprovechar los excedentes de generación eólica en la madrugada y desarrollar nuevas demandas. Señalan la electromovilidad como alternativa a los vehículos convencionales y plantean en concreto el recambio de toda la flota de ómnibus del transporte urbano de Montevideo por unidades eléctricas. A partir de simulaciones y cálculos, afirman que esa renovación es “técnica y económicamente viable, permitiendo hacer uso de los excedentes de energía eléctrica en las horas de valle”.
Trazan esa política entre el 2022 y el 2029 (ocho años), lo que —aseguran— permitiría eliminar el actual subsidio al gasoil, reducir costos diarios de operación y bajar emisiones. “Somos superambiciosos; la idea es que se vayan renovando en ese lapso. Los costos de las unidades aún son altos, pero se van reduciendo”, comentó Di Chiara.
En el estudio los investigadores también plantean sustituir la calefacción con base en GLP (gas licuado de petróleo) por energía eléctrica producida con recursos renovables implementando un programa de incorporación de 50.000 equipos de aire acondicionado split. “Esta propuesta es económicamente factible y genera beneficios para el país en cuanto a eliminar un subsidio existente actualmente y presentar externalidades positivas en cuanto a la salud de las personas”.
En tanto, dada la reducción de los costos medios de las baterías, señalan que en los próximos años habrá un “despliegue” en los hogares de esos equipos, asociados a la movilidad eléctrica y a sistemas híbridos de microgeneración. Por ello, prevén una “posible introducción masiva” de baterías a escala residencial, lo que tiene “importantes ventajas”.
Por otra parte, para el sector manufacturero —el principal consumidor de energía del país— plantean sustituir los hidrocarburos incorporando “calderas mixtas” con electricidad y otro energético. En este caso, indican que se trata de un “camino complejo” que requiere de estudios de caso y sectoriales para evaluar su viabilidad técnica y económica.
Dentro de la política energética, los autores también mencionan los planes que el país tiene en materia de producción y comercialización de hidrógeno verde, como una “apuesta a futuro”.
