Acuerdos de confidencialidad con laboratorios son “estándar”, aunque otros países divulgan más información que Uruguay

La negociación que llevó adelante el gobierno contó con la colaboración pro bono de expertos en Derecho Comercial del estudio Guyer & Regules. Uno de los puntos que llevó más discusiones fue, precisamente, el aspecto vinculado a la inmunidad de los laboratorios, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.

Pero el gobierno no dio mayores detalles sobre los acuerdos. Incluso, días después hubo distintas versiones sobre lo firmado con la empresa china Sinovac, creadora de la CoronaVac. El director del Instituto Butantan de San Pablo (Brasil), Dimas Covas, sostuvo en el programa No toquen nada de Del Sol FM, que aún no existía acuerdo con Uruguay. Este instituto tiene la representación de Sinovac para América Latina. Pero días después, desde el propio instituto aclararon que Uruguay había negociado directamente con China.

La situación provocó la reacción de integrantes del Frente Amplio. “Para lograr que el plan de vacunación sea exitoso, se debería generar mayor nivel de confiabilidad informando plenamente a la ciudadanía sobre los principales aspectos del mismo y los detalles de las negociaciones y contratos”, escribió en Twitter el diputado del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani. Además, la semana pasada el diputado Gustavo Olmos pidió al Ministerio de Salud Pública que informe sobre el contrato con las empresas, la cantidad de dosis, los plazos de entrega y los costos de cada una.

Algunos de estos datos que reclaman legisladores del Frente Amplio están protegidos por las cláusulas de confidencialidad.

“Los uruguayos tienen que quedarse tranquilos en cuanto a que a nosotros nos rigen la Constitución y la ley, de las que no nos apartamos. ¿Hay cláusulas confidenciales? Sí, y teníamos la opción de conseguir vacunas para el país o no conseguirlas. La decisión para mí era meridianamente clara, y nos hacemos responsables de lo que firmamos”, explicó Lacalle Pou en conferencia de prensa el miércoles 27.

El mandatario agregó que  “hay una guerra comercial impresionante, además de que hay una batalla entendible, que cada país quiere que le llegue la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible”.

A comienzos de enero, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) exhortó a las autoridades uruguayas a que realicen “los mayores esfuerzos a fin de dar transparencia a las gestiones realizadas para combatir la pandemia, proporcionando información clara, precisa y oportuna, que permita a la población de todo el país tener conocimiento de la situación sanitaria en su lugar de residencia”.

“Los acuerdos de confidencialidad son algo estándar”, comentó a Búsqueda Martín Bueno, integrante del estudio Vargas Abogados, especialista en Propiedad Intelectual de las Nuevas Tecnologías. Señaló que la situación en particular causada en todo el mundo con la alta demanda llevó a que los gobiernos tengan que aceptar las cláusulas o no habría acuerdo para entregar las vacunas. “Europa ha puesto límite a la exportación de vacunas y esto es como un ‘sálvese quien pueda’”, agregó.

Otros expertos consultados subrayaron en que “no es novedad” la firma de ese tipo de acuerdos y aseguraron que su filtración puede afectar la imagen del gobierno.

La administración de Tabaré Vázquez (Frente Amplio) también fue cuestionado por declarar confidencial aspectos de la negociación que mantuvo con la multinacional UPM para concretar la instalación de su segunda planta en el país.

Diferentes precios

Pese al hermetismo, hay países que han dado a conocer algunos aspectos de las negociaciones con los laboratorios. Uno de los aspectos principales —además de conocer el nivel de efectividad de la vacuna— es el precio. En este caso se puede observar que hay diferentes precios por dosis para la misma marca de vacuna.

Estados Unidos paga US$ 19,5 por cada dosis de la vacuna de Pfizer. La Unión Europea paga en tanto, US$ 14,7. Costa Rica y Panamá, informaron que, en sus contratos con Pfizer, acordaron pagar US$ 12 por dosis.

Para informar sobre este costo, el gobierno de Costa Rica solicitó autorización a Pfizer, según informaron las autoridades en comunicado publicado a comienzos de enero. “Esto nos permite respetar plenamente la cláusula de confidencialidad que es parte integral de dicho contrato y a la vez informar a la ciudadanía sobre la inversión realizada para adquirir las dosis contratadas de esa vacuna”, se agrega en el comunicado.

Ni Uruguay ni Pfizer precisaron cuál sería el costo unitario de las dosis que adquirió el país. “Los precios forman parte de la confidencialidad; si no lo son, los van a tener”, dijo el miércoles 3 Lacalle Pou.

“Es realmente importante que defendamos la transparencia y la claridad en los envíos (de vacunas), dijo la comisaria de Salud de la Comisión, Stella Kyriakides, según consignó El País de Madrid.

Una investigación del New York Times, señaló que los gobiernos han invertido miles de millones de dólares para que las compañías desarrollen las vacunas y otros tantos para comprar las dosis. Sin embargo, los detalles de esos acuerdos permanecen secretos por pedido de las empresas, lo que fue aceptado por los gobernantes.

Según datos a los que accedió la publicación, las compañías farmacéuticas exigieron y recibieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de responsabilidad si algo sale mal. “En algunos casos, los países tienen prohibido donar o revender dosis, una prohibición que podría obstaculizar los esfuerzos para llevar vacunas a los países pobres”, dice el artículo.