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Al igual que sus pares de otras unidades ejecutoras del Ministerio de Economía (MEF), las nuevas autoridades de la Dirección General Impositiva (DGI) mantienen un bajo perfil. El diario El País lo remarcó el 2 de diciembre al informar que un día antes su directora, Margarita Faral, había tenido “su primera aparición pública” en el cierre de las XIII Jornadas Tributarias organizadas –en formato virtual– por la oficina recaudadora; fue “una disertación que leyó por completo (hasta los agradecimientos)”, en la que comentó cinco ejes estratégicos para el actual período de gobierno.
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Algunos datos de gestión de la DGI y en otras reparticiones del MEF –con el trasfondo de la pandemia de coronavirus– se conocieron a través de la Memoria Anual que el Poder Ejecutivo, encabezado por Luis Lacalle Pou, envió el lunes 1° al Parlamento.
Para la DGI, “el gran desafío” fue lograr sostener la recaudación en medio de una pandemia de Covid-19 que golpeó la actividad económica. El “contar con personal altamente profesionalizado, con una fuerte infraestructura de TIC, con una gran cantidad de servicios y trámites disponibles en línea, con procesos centrales automatizados, así como con una Solución de Continuidad del Negocio” le permitieron “asegurar la recaudación al Estado”, subraya.
Para darles a los contribuyentes que habían sido afectados por la caída de la actividad y el aumento del desempleo, la DGI concedió prórrogas en los vencimientos. También profundizó otras medidas que buscaron facilitar el cumplimiento tributario, ampliando la cantidad de los trámites no presenciales. El organismo estima que cumplirá “totalmente las metas vinculadas a la extensión del modelo de servicios, así como a la disponibilidad de nuevos programas de ayuda, receptores, consultas y sistemas de gestión para la próxima sustitución del sistema de recaudación en tiempo real”, señala el informe.
Respecto al objetivo de “potenciar la gestión de riesgo de cumplimiento” tributario con el propósito de “reducir las brechas fiscales y combatir el fraude fiscal”, señala que tuvo que revisar su plan de control, priorizando la “gestión masiva y los controles de las devoluciones” de impuestos a contribuyentes. “Se cambió el enfoque en cuanto a comunicar lo antes posible y a todos los casos en que se detecta un incumplimiento o una inconsistencia, llegando a enviar más de 500.000 mensajes personalizados por diferentes medios. Pese a las dificultades del contexto, se estima que las metas vinculadas a la reducción de las brechas de cumplimiento se cumplirán en su mayor parte”, informa el Poder Ejecutivo. Tales brechas no refieren solo a la decisión del contribuyente de evadir al fisco, sino también a incumplimientos por motivos de desconocimiento de la obligación tributaria o la imposibilidad material de abonar los impuestos, por ejemplo.
Los comprobantes de factura electrónica que emiten las empresas fueron un instrumento “fundamental para monitorear y proyectar con mayor precisión diversos indicadores”. Hoy son el 96,22% del total, por lo que “este régimen tiene un enorme potencial de explotación” para la oficina cobradora de impuestos.
La recaudación de tributos que realiza la DGI es la principal fuente de ingresos para el gobierno nacional, que de todos modos no alcanzan a cubrir el conjunto de los gastos del sector público. Según las cifras difundidas el 26 de febrero por el MEF, esa insuficiencia de recursos –el déficit fiscal– se ubicó en el equivalente a US$ 3.119 millones en los 12 meses cerrados en enero, es decir 5,7% del Producto Bruto Interno (PBI), sin considerar la entrada extraordinaria de fondos por los “cincuentones”, que pasaron a aportar exclusivamente al Banco de Previsión Social. A fin de 2020 ese resultado negativo era de 5,8% del PBI.
Aduanas
Lo que cobra la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en impuestos de importación y otros tributos al comercio exterior también nutre la caja del Estado. La memoria anual señala que los objetivos estratégicos de esta repartición del MEF “mantuvieron su vigencia, ameritando únicamente ajustes en las prioridades derivados de la emergencia sanitaria”. De hecho, la recaudación –incluidas las multas por detección de infracciones aduaneras– totalizó $ 211 millones, un incremento de 42% respecto al año anterior y “un récord histórico”, según consigna.
Juegos de azar
Por su lado, la Dirección de Loterías y Quinielas recaudó en enero-noviembre $ 137 millones por el juego de la Lotería oficial, una baja nominal cercana a 10% al comparar con igual período de 2019. No hay datos de diciembre, pero el informe indica que la venta del Gordo de Fin de Año –el principal sorteo en ingresos– “fue solo un 7% inferior al año anterior”.
Todos los juegos concesionados a los agentes privados tuvieron crecimientos nominales en las apuestas –en este caso, con datos para el año pasado completo–, en particular la Quiniela Instantánea (19%) y el 5 de Oro (17%). El documento del Ejecutivo destaca la “importancia de haber mantenido la actividad en pandemia” desde la perspectiva de la recaudación por los juegos de azar.
Casinos
Debido a la emergencia sanitaria, entre el 15 de marzo y el 6 de agosto de 2020 los casinos y salas de slots estuvieron cerrados al público, lo que implicó el “abrupto corte” de ingresos por concepto de recaudación; la memoria no informa montos ni variaciones para 2020.
En ese marco, la Dirección General de Casinos “inició un proceso continuo a los efectos de identificar oportunidades de ahorro y procurar una mayor eficiencia en todas las áreas de actividad”, indica. “La decisión de dejar sin efecto procedimientos en curso, así como posponer la ejecución de aquellos que el compromiso contractual lo permite, implica un ahorro del orden de US$ 2.685.806”, según la memoria. Para 2021 se aplazó la compra de slots por US$ 1.625.000, de sillas giratorias por US$ 39.653 y el primer avance en las obras de reforma de la Sala Carmelo por US$ 400.000. El ahorro total fue de US$ 4.750.459, lo que supone un 35% de abatimiento comparado con la inversión ejecutada en 2019.
Como algunos ejemplos de ahorros, el documento menciona los servicios de transporte de valores, de vigilancia, de bomberos, de correspondencia, de consumo de combustible, de pagos de viáticos y traslados, de limpieza y de cortesías a clientes por un total de $ 13.498.041 mensuales. Al programa de “responsabilidad social” del organismo se le “realizó un abatimiento del gasto 60% de US$ 280.000”.
