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Con una ventaja cambiaria como hacía mucho tiempo que no ocurría, en los últimos meses se hizo permanente el cruce de uruguayos a Argentina, ya sea para pasear por el fin de semana, por el día o para hacer el surtido. Los comerciantes del lado uruguayo, sobre todo de ciudades fronterizas, se quejan por la caída de sus ventas. Mientras el Poder Ejecutivo monitorea lo que pasa y pergeña posibles apoyos para los empresarios locales, la instrucción dada a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) es que haga más estrictos los controles para el ingreso de mercaderías.
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Como parte de esa estrategia, en las últimas semanas el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, salió del bajo perfil para comunicar la intensificación de las inspecciones en la frontera, en particular con Argentina, haciendo cumplir lo que ya está vigente: si el viajero va por el día, solo puede pasar cinco kilos de mercadería para consumo familiar —alimentos, bebidas no alcohólicas, artículos de higiene personal— cada 15 días, y si estuvo al menos 24 horas en Argentina puede ingresar productos por valor equivalente a US$ 300 por vía terrestre (US$ 500 por avión o barco). Una resolución de octubre de 2021 ratificó esos límites, por encima de los cuales se procede a la incautación.
Los comunicados que emite la DNA refuerzan el mensaje de que los aduaneros están más activos en la fiscalización. El 26 de octubre informó que fueron incautados 950 litros de combustible argentino que se comercializaba en Salto de manera ilegal fraccionada en bidones y botellas de refrescos; hubo ocho personas detenidas.
El 19 de octubre la DNA aseguró que en los 30 días previos había incautado 850.000 cigarrillos por valor de $ 9 millones en varios pasos fronterizos. Borgiani dijo la semana pasada en El Espectador que está siendo “récord” el decomiso de ese contrabando.
Los últimos datos de incautaciones publicados en la web de la Aduana son de 2019. Búsqueda pidió estadísticas actuales, pero hasta ayer miércoles no obtuvo respuesta.
“Estamos siendo más estrictos” en los controles, reafirmó. Señaló que en poco tiempo se incorporarán al organismo 60 funcionarios —50 de ellos para tareas de vigilancia—, que se van a complementar con otros 70 en un plazo máximo de seis meses. A fin del año pasado la plantilla de esta unidad ejecutora del Ministerio de Economía rondaba las 600 personas, según datos recabados por la Oficina Nacional del Servicio Civil.
En setiembre, el jerarca dio una entrevista a El Observador —de las pocas en profundidad concedidas desde que está al frente de la Aduana en el actual período— en la que habló también sobre el narcotráfico que pasa por Uruguay. “Hay más controles, pero la gente piensa que acá no se trabaja”, tituló el diario.
Escáner
Desde hace varios años la DNA controla las cargas con un solo escáner, que “tiene una antigüedad” de más de 10 años, afirmó el jerarca. “La Aduana acaba de hacer un upgrade de más de US$ 200.000 con un montón de mejoras en calidad de imagen, la carga se puede discriminar con el color de las imágenes. Es transitorio, mientras se está definiendo una adjudicación de una licitación pública de tres escáneres. Dos fijos y uno móvil, con un servicio 24x7, con el mantenimiento de esos equipos, con la construcción de un centro de verificación en el Puerto de Montevideo, con un software de interpretación de imágenes. Está en la última etapa de adjudicación. Promocionamos la mejora del escáner y enseguida salieron a decir: ‘¿qué pasó con la compra de los escáneres?’. No pasó nada. Hay que entender que es una licitación internacional, con un valor importante, con muchos interesados. A la brevedad va a estar adjudicada la licitación de tres escáneres”, dijo al diario. En la entrevista radial de la semana pasada repitió que esa contratación “ya está en sus últimas etapas”.
A principios de setiembre, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) había cuestionado a Borgiani a través de un comunicado público. El jerarca cumplió tres años al frente del organismo “y los controles siguen siendo ‘un saludo a la bandera’, debido a su inoperancia, falta de gestión y compromiso para con el país. Su política de facilitación en materia de comercio exterior no solo contribuye al debilitamiento de la imagen del país, sino que sitúa al Uruguay en la ruta del narcotráfico trasnacional”, indicó el gremio.
La AFA citó una declaración del gerente general de Katoen Natie —el accionista principal de la Terminal Cuenca del Plata— en la que advirtió que estaba operativo un solo escáner en el Puerto de Montevideo “que por diversos problemas está fuera de servicio en forma frecuente. Los escáneres son un activo muy importante en la lucha contra las drogas”, añadió ese ejecutivo.
Cuatro interesados
El proceso para contratar un “servicio de inspección no intrusiva de rayos X para cargas y vehículos y posterior análisis de la información obtenida, para fines de control aduanero y, subsidiariamente, para control sanitario y de seguridad, por un período de 10 años”, ha tenido marchas y contramarchas.
Después de un primer intento fallido, lanzado en 2019, de conseguir proveedores para el equipamiento (los tres oferentes quedaron descalificados por diferentes razones), en enero pasado el Poder Ejecutivo autorizó a la DNA a realizar una nueva licitación pública. La convocatoria dio plazo para presentar ofertas hasta el 10 de marzo, pero la apertura de sobres se prorrogó algunas semanas. Sonda Uruguay, una de las empresas interesadas, presentó un recurso de revocación y, dada esa acción, la DNA dio por suspendido el proceso ante el impedimento de aplazar la apertura electrónica de las ofertas. Despejada la cuestión de la revocación, se fijó para abril la nueva fecha de apertura. Finalmente, los oferentes fueron, además de Sonda, Construcciones e Instalaciones Electromecánicas (Ciemsa), CSI Ingenieros y la estadounidense S2 Global Inc.
CSI y Ciemsa gozan de un “margen de preferencia” de 8% sobre el valor ofertado. En el intercambio con el organismo para evacuar dudas, una empresa planteó reparos acerca de esa preferencia. “Tratándose de un proyecto a 10 años, en el que se involucran tres escáneres de contenedores con un alto costo unitario, y su operación y mantenimiento, cuyo valor de referencia ascendería (a) una suma estimable de no menos de US$ 10 millones, este 8% significa una ventaja de US$ 800.000 para el consorcio CSI-Ciemsa, lo cual afecta de manera significativa la igualdad entre los oferentes”; solicitó “rectificar” esa cuestión. La respuesta de la DNA fue que “se mantiene la preferencia fijada, conforme a lo dispuesto en el decreto 442/002, artículo 16”.
La DNA respondió más de 60 consultas de los interesados, la mayoría de orden técnico. Preguntaron, por ejemplo, en cuanto a qué incluir en la oferta como elementos a ser detectados por los algoritmos del sistema (narcóticos, armas, explosivos, trata de personas, cigarrillos, bebidas, etcétera).
Dos de estos sistemas de inspección “desplazables” estarán instalados en el Puerto de Montevideo, uno con un emplazamiento a ser acordado con la Administración Nacional de Puertos en la plataforma del futuro acceso norte del recinto y otro en las adyacencias del denominado acceso Maciel actual, también a convenir con la autoridad portuaria y la empresa concesionaria de la terminal de contenedores. El adjudicatario deberá realizar todas las obras de infraestructura y otras acciones necesarias para garantizar seguridad radiológica acotada en el espacio a ser asignado. También se hará cargo “a su entero costo” para que esté operativo un Centro de Control y Procesamiento de Imágenes, aclaró la DNA ante una de las consultas.
El régimen de trabajo será a requerimiento del organismo, con una demanda máxima de servicio de 24 horas los siete días de la semana, incluyendo feriados. La DNA estima que los escáneres captarán unas 170.000 imágenes anuales y exigió que el proveedor las tenga disponibles durante cinco años; luego, deberán ser “respaldadas en cintas”.
