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La creación de una agencia de evaluación que regule las tecnologías sanitarias es un viejo reclamo entre médicos, químicos, farmacéuticos y académicos. Si bien tienen un interés y enfoque diferente, cada actor involucrado en el sistema de salud comparte que Uruguay necesita un organismo independiente que regule y estudie los impactos sanitarios, sociales y económicos de los productos, los medicamentos y los diagnósticos.
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El Ministerio de Salud Pública (MSP) no es ajeno a este reclamo y, por eso, propuso la creación de la Agencia de Evaluación, Regulación y Vigilancia de Tecnologías Sanitarias. Los cimientos del organismo están explicitados en el proyecto de ley de Presupuesto —que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados— y son estudiados por los senadores. Sin embargo, la discusión no termina en el Parlamento.
Representantes del sector de la salud y la academia —como el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Facultad de Química y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA)— sostienen que, si bien la creación de la agencia es un “avance” y el debate fue “muy rico”, hay artículos que no garantizan su independencia del poder político y de la industria, necesaria para que sea reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En concreto, cuestionan la integración de la comisión administradora honoraria, que será presidida por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, otro representante del MSP y tendrá también un integrante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria y un cuarto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
“La máxima autoridad no puede depender del poder político”, dijo Daniel Garat, director ejecutivo de CEFA, a Búsqueda. “Cuando presentaron el proyecto, las autoridades del ministerio nos dijeron que sacaron artículos porque entendían que eran materia de reglamentación. Nosotros entendemos que no es así. La independencia, la imparcialidad y la transparencia tienen que estar en el ADN”, afirmó.
En esa línea, el abogado Juan Ceretta —que fue invitado por Salinas para discutir el proyecto— subrayó que la agencia está planteada con un “halo” de independencia que es “falso”. “Es que para ser efectiva tiene que cumplir con dos principios. El primero es la independencia de la industria y el segundo, del gobierno. Si lo nombra el ministerio, ¿cómo es que es independiente? Le quieren dar una apariencia de neutralidad que no tiene. ¿Y qué va a opinar la OPP? Ahí puede haber un conflicto de intereses”, agregó.
El Sindicato Médico del Uruguay también ha sido crítico con la composición de la agencia. Fuentes del SMU dijeron a Búsqueda que las autoridades terminan “siendo juez y parte” y que la propuesta es “desordenada”.
Cambios
La creación de la agencia es un compromiso que asumió el gobierno en la Ley de Urgente Consideración (LUC). La agencia se encargará de evaluar las tecnologías sanitarias y regular la calidad y los costos de medicamentos o tratamientos médicos, controlar a los establecimientos que los elaboran, e incluso la publicidad de los productos. Se prevé que agilice los procesos de evaluación y regulación de medicamentos, al unificar los trámites que hoy recaen sobre el MSP y otros organismos, y que dé mayores garantías.
Los legisladores oficialistas querían que las bases estuvieran selladas en aquel momento, pero el ministro de Salud pidió más tiempo para incluir los aportes de otros actores, como el SMU, la Universidad de la República y la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay.
En estos meses hubo una serie de reuniones e intercambios sobre la definición de la agencia que, según Salinas, será una referencia en la región. Sin embargo, el documento entregado a los legisladores en el proyecto de ley de Presupuesto no incluye la “integración plural” propuesta por el SMU.
En el Parlamento, Salinas dijo que la “pretensión” de incorporar a otros actores quedó “por el camino”. “El argumento que se esgrimió fue que no se quería que se volviera algo corporativo”, subrayó. Así, será una agencia mixta e híbrida con un equipo formado entre los ministerios y OPP que responde a razones de “equilibrios económicos”, agregó.
Tras criticar su composición, la bancada del Frente Amplio propuso agregar a un integrante de la Universidad de la República y de la sociedad civil a la comisión. Pero no obtuvo los votos necesarios. “La Organización Mundial de la Salud dice que las agencias de evaluación de tecnologías tienen que ser independientes y autónomas económica, administrativa y científicamente. La creación de esta agencia está muy entreverada y la comisión no cumple con el requisito”, señaló Garat.
Por otro lado, y en una medida que es vista por el sector químico y farmacéutico con “optimismo”, la agencia contará con una gerencia de gestión y dos direcciones técnicas: la de evaluación de tecnologías sanitarias y la de regulación y vigilancia de tecnologías sanitarias. Ambas se encontrarán en el mismo edificio y cumplirán tareas independientes.
El proyecto de ley indica que sus integrantes no podrán tener vínculos con proveedores ni con prestadores de salud, salvo por la actividad docente. Sin embargo, el sector critica que los funcionarios sean designados por la comisión honoraria y no se realicen concursos. “Tienen que ser cargos que se completen por concurso y que se pondere la experiencia técnica. Es un tema muy importante porque hace que la estructura de la agencia garantice la independencia en sus decisiones”, dijo Mariela Méndez, presidenta de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, a Búsqueda.
Debido a que los artículos del proyecto de Presupuesto no tuvieron cambios “claves” en Diputados, la Facultad de Química, de Medicina y actores como la Asociación de Química elaboraron un documento con recomendaciones para modificar la “conformación de la cúpula”. Entre otras cosas, el escrito entregado a legisladores y autoridades sanitarias plantea que los cargos no deben ser honorarios sino de alta dedicación técnica.