Agencias de la ONU dicen que derogar la “ley de medios”, como promueve el gobierno, sería un “retroceso” en materia de derechos humanos

La oposición del Frente Amplio y las disidencias en la coalición oficialista hicieron que la derogación de la “ley de medios” fuera rechazada en Diputados durante la votación de la Rendición de Cuentas el 17 de agosto. El gobierno logró la mínima victoria de una media sanción para derogar apenas el artículo 56 de la norma, habilitando a los cableoperadores a ofrecer servicios de banda ancha, algo que también formaba parte de su agenda desde antes de asumir. Esas diferencias internas han hecho que el proyecto de una nueva normativa lleve más de dos años encajonada en la Comisión de Industria de Diputados.

En segundo lugar, las oficinas evalúan que la regulación que se propone como sustitución —que, según ha expresado el Poder Ejecutivo, es volver al escenario anterior a la aprobación de esta norma, durante el final del gobierno de José Mujica— “presenta amenazas a la vigencia plena y saludable de la libertad de expresión”. Esto incluye la ampliación de “facultades discrecionales del Poder Ejecutivo” para ejercer la censura. También permite “una mayor concentración (de medios) en pocas manos”, el debilitamiento “de los derechos de las audiencias”, en referencia explícita a niños, adolescentes, mujeres y minorías. También temen una “eventual flexibilidad con los discursos de odio” y cuestiona asimismo que se elimine la existencia de “un organismo regulador independiente” y de los mecanismos “independientes y participativos” que garanticen la “transparencia y la participación ciudadana”.

Finalmente, señalan “el retroceso” que significaría la restitución de dos decretos leyes aprobados durante la última dictadura, uno en 1977 y otro en 1984. Según el proyecto presentado en la Rendición de Cuentas estos volverían a estar vigentes en caso de derogación. Eso “significaría una violación al principio de no regresividad en materia de derechos humanos”.

Esta restitución ha sido muy cuestionada sobre todo por la oposición. Desde el oficialismo, cuya intención ha sido tener una nueva “ley de medios”, hasta ahora sin éxito, se ha resaltado que se busca volver a la misma situación existente en diciembre de 2014, cuando se aprobó la norma actual, para evitar vacíos legales. Sobre esos decretos leyes de la dictadura, que habilitaban sanciones a quienes afectasen “la imagen y el prestigio de la República”, así como atentasen “contra la moral y las buenas costumbres”, el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja, dijo en su momento que “eran los instrumentos legales vigentes hasta 2014” y que “el Frente Amplio también los tenía”.

En sus conclusiones, las oficinas de la Unesco señalan su preocupación por una eventual derogación, invocando tanto “la importancia de la vigencia y garantía del derecho a la libertad de opinión y expresión” como “del desarrollo pleno de la persona humana” y la “integridad de la democracia”. Justamente, por el “impacto en los derechos humanos” y “la calidad de la democracia”, es que los firmantes consideran necesario “contar con un espacio de debate especial, transparente y participativo”, que esté por fuera del marco de la Rendición de Cuentas, para poder analizar “los ajustes normativos” a la “ley de medios” que “estime necesarios soberanamente”.

(*) En una primera versión de esta nota Búsqueda informó que la carta había sido enviada solo por la Unesco.