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El 10 de agosto el hogar Sarandí de la ex Colonia Berro estuvo convulsionado durante varias horas. El celdario donde unas decenas de adolescentes cumplen sus condenas está dividido en dos alas, la derecha y la izquierda, separadas por una débil pared de chapas. Se accede a las alas por dos puertas, una pegada a la otra. Ese día, sobre la hora 21.00, un joven del ala derecha pidió para ir al baño. El funcionario abrió la puerta para acompañarlo y en ese momento recibió varios golpes. Le arrebataron las llaves y comenzó el motín. Entre los adolescentes de esa área tenían problemas de relacionamiento y algunos de ellos tomaron de rehenes a otros dos menores. Eran entre 10 y 12 menores que tenían “cortes” artesanales de todo tipo. Golpearon a los “rehenes” y a uno le provocaron un tajo en la cabeza que necesitó varios puntos. Pero el verdadero objetivo de quienes iniciaron el motín era pasar al ala izquierda, donde se enfrentarían a una banda de adolescentes con quienes tenían conflictos afuera.
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Intentaron cruzar de ala con los dos rehenes. Otros funcionarios trataron de detenerlos y también fueron agredidos. Golpeando con championes lograron abrir los candados de la puerta. Los trabajadores avisaron de la situación al directorio para que decidiera si debía ingresar la Guardia Republicana. Mientras, los funcionarios, ya sin posibilidades de controlar a los menores, optaron por ayudar a los que estaban dentro del ala izquierda a defenderse. Les tiraron sábanas y cuerdas para que las ajustaran a la puerta y cincharan para que no las pudieran abrir. Forcejeos, más golpes a los rehenes y a cada trabajador que intentara acercarse, gritos. Así estuvieron durante cinco horas hasta que se cansaron, sin lograr pasar a la otra ala. Finalmente, y bajo la promesa de que no habría traslados ni castigos, los adolescentes soltaron a los rehenes y se acabó el motín. El resultado: tres funcionarios heridos y un menor con un corte en la cabeza.
El 30 de junio la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rosanna De Olivera, recibió una llamada, durante una entrevista con Búsqueda, que la tranquilizó: habían capturado a un menor que horas antes se había fugado. El joven era trasladado dentro de la ex Colonia Berro en camioneta y al frenar, y aún con las manos esposadas, le pegó en la cabeza al conductor, abrió la puerta como pudo y salió corriendo por el descampado.
Días atrás, un adolescente le partió el labio de un puñetazo a otro trabajador, mientras discutían en la celda.
Este tipo de situaciones, con mayor o menor gravedad, son recurrentes en los centros para adolescentes infractores. En lo que va del año hubo al menos 12 episodios de agresiones a los trabajadores solo en los centros de la ex Colonia Berro, según relevó el sindicato del Inisa. En diálogo con Búsqueda, Víctor Mango, presidente de la mesa sindical, aseguró que todas las semanas algún funcionario es lastimado. Por eso el sindicato pide al directorio que tome medidas para dar mayores garantías a quienes desempeñan sus funciones allí.
Desde hace años que se dan situaciones de este tipo y hubo casos de mayor riesgo para los trabajadores. Por ejemplo, cuando en enero de 2017 dos trabajadores fueron atacados a balazos. Pero lo que “preocupa muchísimo” ante la situación actual es la falta de acciones por parte de las autoridades, de acuerdo al gremio. Además, considera que este es el momento para que se eviten este tipo de sucesos, ya que los centros tienen en el entorno de 280 detenidos, una de las cifras más bajas en los últimos años.
“Indudablemente que si tuviéramos más adolescentes en los centros, la vamos a pasar mal. Y también porque desde nuestro punto de vista la administración no es de las mejores. Los desencuentros que tienen las autoridades producen muchísima inestabilidad en el sistema. Si hoy las cosas están bastante complicadas con 280 chiquilines, no queremos ni saber si hay 350 porque, de hecho, hay lugares donde ya estamos con capacidad colmada”, dijo Mango.
Para el dirigente sindical, existen dos motivos que pueden explicar por qué se dan gran parte de estas situaciones. Por un lado, reconoce que hay casos que no se pueden evitar porque surgen a partir de conflictos que tienen los jóvenes entre sí y que muchas veces tienen origen en problemas que traen de afuera. “Si hay una pelea, el trabajador en el afán de separar, es entendible que resulte con algún golpe”, concedió.
Pero por otro lado, desde el sindicato aseguran que hay dos elementos que dependen de la administración y que incidirían en bajar los niveles de violencia: menos horas de encierro y más personal.
“En algunos centros, sobre todo en los más complejos, donde los chiquilines no tienen tantas actividades y no tienen tanta apertura, ahí es casi una constante tener compañeros lastimados. Nosotros ya lo hemos denunciado, no solo en esta administración sino también en las pasadas, y es algo recurrente. Si bien en este período ingresaron 40 trabajadores para trato directo, en algunos centros sigue siendo insuficiente y tenemos trabajadores lastimados con bastante frecuencia”, explicó.
En este sentido, Mango afirmó que las administraciones “se niegan a discutir” cuál debería ser el ratio de funcionarios por adolescente. “Como consecuencia abundan las horas extra, porque los servicios no tienen la cantidad necesaria de funcionarios”, dijo.
