Ahora como director de Minería, el experto en explosivos que demolió el Cilindro quiere atraer inversión a un sector en caída

Aunque conoce las limitaciones presupuestales y de recursos humanos de la Dinamige, se propone en el “corto plazo” obtener información geológica de unas 33.000 muestras de sedimento y rocas recogidas en la década de los ochenta que están individualizadas y guardadas en cajas desde entonces. El muestreo, realizado cada un kilómetro cuadrado en varias zonas al sur del Río Negro, lo hizo una empresa francesa que buscaba oro y plata, pero que luego se retiró del país. Pugliesi contó que se recogieron “pegmatitas”, un tipo de roca que puede indicar la presencia de litio en el suelo uruguayo. Y pretende reanalizar todo ese material. “En las administraciones pasadas no se hizo nada. Los franceses se fueron, en esa época del pasaje de la dictadura a democracia, vaya a saber en qué quedó. Nadie lo reflotó, pero no creo que nos estemos equivocando. Teniendo las muestras hay que analizarlas”, afirmó.

Producción en caída

El interés en explotar la riqueza mineral en Uruguay decayó en los últimos seis años, si se comparan las áreas con permisos de prospección y exploración otorgados y en trámite. Actualmente hay permisos otorgados o solicitados por menos de un tercio de la superficie que había en 2014.

Pugliesi dijo que entre 2018 y 2019 la producción minera registró caídas en porcentajes de dos dígitos.

En 2020, el Covid-19 también afectó a la minería por el cierre temporal del mercado chino para las piedras preciosas, por ejemplo, y por la paralización de la actividad de la construcción en Uruguay en parte de marzo y abril. En ese bimestre el volumen de producción de áridos para las obras (arena, canto rodado, balasto, tosca, piedra bruta, partida) disminuyó 4% en comparación con igual lapso de 2019. La de minerales calcáreos (calizas) lo hizo 93% y las piedras preciosas (ágatas y amatistas) 49%, según estadísticas de la Dinamige.

En los últimos años, el promedio de recaudación por canon cobrado a los explotadores mineros rondó los US$ 6 millones, la mitad de cuando se explotaba el oro, en Minas de Corrales (Rivera), dijo Pugliesi. Desde 2003 la empresa Orosur explotaba ese metal precioso, aunque cada vez con menos resultado, hasta que se presentó a concurso en 2018; hoy está virtualmente inactiva.

El gobierno apuesta a una reactivación de la explotación de oro, pero por parte de una empresa canadiense que compraría los activos de Orosur, informó El Observador el martes 11. Pugliesi tiene alta expectativa de que ello se concrete, si bien estimó que llevaría unos dos años que se vuelva a producir.

El subsecretario de Industria, Walter Verri, junto a Pugliesi, visitó la zona el mes pasado y también Artigas, donde se extraen y trabajan los talleristas de piedras preciosas. Para ese lugar el gobierno proyecta un parque industrial que vuelva más competitivo el agregado de valor a las ágatas y amatistas, ya que hoy la mayoría se exporta en bruto hacia China, Brasil y Estados Unidos.

En el primer cuatrimestre las colocaciones de esas piedras en bruto fueron por 2.500 toneladas y US$ 2,3 millones (caída de 26% y 65% contra igual lapso de un año atrás), en tanto que las piedras trabajadas registraron disminuciones de 36% en volumen y 8% en valor.

“Reflotar” control en rutas

Pugliesi también pretende “prolijear” y aumentar la fiscalización de la actividad minera.

Como la Dinamige cuenta con un solo inspector para todo el país, prevé reforzar la labor con la colaboración de la Policía Caminera.

Explicó que antes la Caminera tenía la potestad de parar un camión cargado, pedir la guía de transporte del mineral y, si no la tenía, podía requisarlo e impedir que siguiera transitando. “Vamos a ver si podemos reflotar eso, en principio sin multa, pero ver si con el reporte de los vehículos en infracción podemos intimar a la cantera para que haga las cosas bien”, afirmó.

A su vez, el jerarca quiere ordenar el manejo que hacen las intendencias de las canteras de obra pública, que registra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). “Falta el control de las intendencias, porque como la cantera de obra pública no paga canon al Estado, solo al propietario del campo, hay una competencia desleal con los mineros establecidos y el Estado. Estamos tratando de compensarlos un poco y ver si podemos influir” para que si hay una obra pública cercana a una empresa minera, que se le compre a ella el material que se precisa sin necesidad de abrir otro pozo.

Además, se buscará poder chequear el volumen del material que se extrae para la obra pública, intercambiando datos con el MTOP y las intendencias. Eso, porque “muchas veces pasa” que la intendencia contrata a un privado para que extraiga el material y este puede llegar a vender por su cuenta para otra obra, porque no tiene que presentar guías. “Hay que regular mejor eso porque hay un abigeato minero tremendo por falta de control”, añadió.

Morosidad

Pugliesi destacó el rol recaudador de la Dinamige y asegura que, si se refuerza la fiscalización, rápidamente aumentarían los ingresos.

Igualmente, reconoció que existe un nivel de morosidad de dos dígitos que hay que “analizar”.

Mirando en una planilla Excel, señaló que el monto de canon impago con multas y recargos asciende a unos $ 200 millones. Pero estimó que como esa cifra engloba deudas de empresas que ya cerraron, lo factible de cobrar serían unos $ 70 millones.

Para abatir la morosidad planteó incluir en el código de minería la posibilidad de que la Dinamige celebre convenios de pago como el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva para “regularizar” las situaciones caso a caso.