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    Ajuste de cuentas, la motivación detrás de los homicidios que Interior analiza eliminar

    Un estudio académico recomienda ser más específico con las causas de los asesinatos y sumar motivos como “conflicto interpersonal” y “ejecución sumaria”

    Desde hace al menos una década el crecimiento de los homicidios en Uruguay es explicado por los problemas que provocan el microtráfico y el narcomenudeo en barrios de zonas metropolitanas, especialmente de Montevideo: desde la rivalidad entre grupos y familias por dominar esas zonas a peleas internas dentro de los grupos, represalias de distribuidores a vendedores y de consumidores a terceros, entre otros factores.

    En 2016 el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hablaba repetidamente sobre “ajustes de cuentas” y “luchas entre delincuentes por el control del mercado y de territorios”. El gobierno actual asumió con una postura crítica ante ese posicionamiento y la implícita división entre ciudadanos involucrados y no involucrados en actos delictivos. Pero aunque las autoridades de la coalición evitaron apelar al término ajuste de cuentas, sus argumentos rodearon la misma idea. En 2022, Luis Alberto Heber valoró positivamente que en Uruguay las víctimas de asesinatos generalmente “no tienen ninguna vinculación con el crimen” y que las muertes violentas obedecen a “disputas territoriales” y “enfrentamientos de bandas”.

    Los picos de homicidios en los barrios Peñarol (2022) y Villa Española (2023) fueron explicados por Interior y la Policía como resultado de la lucha entre dos y tres familias por comercializar droga dentro de esas zonas. Hoy, sin embargo, esa mirada está cambiando.

    Parte del cambio de paradigma lo trajo Diego Sanjurjo, quien asumió en el ministerio en marzo de 2020 con una mirada técnica sobre la seguridad pública y un cargo vinculado a programas del Banco Interamericano de Desarrollo. Con los meses ganó influencia, se convirtió en asesor de Heber y logró que Interior incorporara en su gestión estudios encargados a académicos en coordinación con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

    Sanjurjo tiene el apoyo del actual ministro, Nicolás Martinelli, quien desde que asumió el cargo en noviembre insiste con un nuevo discurso para explicar los homicidios. “En algunos casos se dan por situaciones que antes se resolvían de forma diferente. En algunos casos dos hermanos se pelean y uno mata a otro, o dos personas se cruzan, se miran mal y resuelven el conflicto uno sacando un cuchillo y otro un revólver”, dijo en diciembre en conferencia de prensa. Esta explicación también caló en filas policiales: el propio director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, dijo públicamente que los asesinatos muchas veces están relacionados a “reuniones familiares” y al “alcohol”.

    El objetivo ahora es demostrarlo científicamente. Para esto se encargó al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad —el organismo que produce las estadísticas criminales— que añada nuevas variables a sus informes sobre asesinatos. “La idea es tomar la recomendación de la academia, que propone una tipología diferente, que además esté enfocada en elaborar políticas para prevenir los homicidios. Nos parece muy válida esa recomendación y se dispuso al observatorio que la evalúe”, indicó Sanjurjo a Búsqueda.

    Para el asesor, que se utilice oficialmente la categoría “ajuste de cuentas” como una de las causas para determinar un homicidio es “muy problemático porque se asocia automáticamente con el crimen organizado y el narcotráfico”. El jueves 11, entrevistado en el programa radial Fácil Desviarse, ahondó en esa opinión. “Todos en Uruguay asociamos los ajustes de cuentas con el narcotráfico y el narcomenudeo y el crimen organizado en general, cuando la mayoría de los homicidios que están en esa categoría no guardan relación con el narcotráfico ni el narcomenudeo ni el crimen organizado. Son personas que se matan porque consideran que se deben cuentas entre sí, pero sin ninguna asociación con el crimen organizado. Y a lo que ha llevado es a que se considere que el narcotráfico sea un problema mucho más grande de lo que realmente es”.

    Las últimas cifras del observatorio indican que en el primer trimestre del año hubo 81 asesinatos, una reducción del 17,3% en comparación al mismo período de 2023. En total, el año pasado hubo 382 homicidios, uno menos que los 383 de 2022.

    En los informes semestrales y anuales que divulga públicamente, el observatorio utiliza una tipología con cinco categorías de móviles, motivos o circunstancias precipitantes del homicidio: rapiña, copamiento y similares; violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas; altercados espontáneos (a menudo por dinero y propiedades); conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas, y otros motivos, tales como la violación u homicidios relacionados al ejercicio de la “prostitución”. Internamente el observatorio emplea una tipología extendida de 15 categorías que no se comunican al público, pero suelen estar incluidas en las cinco originales.

    Según esta estadística, el 46,9% de los homicidios ocurridos en el país de 2013 a 2022 obedeció a conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas, el 18,6% a altercados espontáneos, el 15,9% a violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas, el 14,1% a rapiña, copamiento y similares y el 4,4% a otros motivos.

    La intención del ministerio es que a futuro —incluso en el próximo informe sobre homicidios de enero a junio de 2024 que se presentará en julio— el observatorio agregue categorías sugeridas por los académicos Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges en una investigación publicada en enero. Denominada Tipología de los homicidios en Uruguay, es el complemento de un primer documento lanzado el año pasado y solicitado por Interior a la ANII. “El objetivo es analizar de forma crítica la tipología de homicidios que elabora el Ministerio del Interior, ofrecer recomendaciones específicas para su mejora, y propiciar una reflexión amplia sobre la etiología de los homicidios y su importancia, en particular, para las políticas de prevención”, indican los autores.

    El estudio afirma que las categorías para homicidios que usa el observatorio tienen limitantes, como ser compatibles entre sí y muy genéricas. Propone entonces una nueva tipología que aborda la “etiología de los homicidios”, es decir, “sus causas o elementos determinantes”. En esta nueva mirada “la motivación de los victimarios es un aspecto central, pero no el único, de forma que la etiología puede también considerar, de manera más amplia, el lugar o el contexto en el que se produce el crimen, el perfil de la víctima, el del autor o la relación entre ambos”, describen Rojido, Cano y Borges. La segunda diferencia, como adelantó Sanjurjo, es que las nuevas categorías procuran inspirar en las autoridades medidas para la prevención y disminución de homicidios, centradas en la motivación del agresor y en las oportunidades del crimen.

    La tipología formulada por la academia toma en consideración la motivación del crimen, el local en el que el homicidio fue cometido, el perfil del victimario, la relación víctima-agresor y el modus operandi. De esta manera llega a un total de 15 categorías, entre las cuales no se encuentra el ajuste de cuentas, que incorporan el homicidio de pareja o expareja, por motivación sexual/sentimental, el conflicto interpersonal entre conocidos y entre desconocidos, el homicidio por personas con una enfermedad mental, el homicidio entre grupos de traficantes y la ejecución sumaria. En esta última categoría se “desconoce la motivación del homicidio y la relación entre el agresor y la víctima, pero es evidente que el hecho fue cometido de manera planeada”.

    Según esta nueva tipología, la distribución de las causas para los homicidios es bastante diferente a la actual: tomando en cuenta los expedientes y partes policiales de asesinatos ocurridos en 2019, las muertes entre grupos de narcotraficantes conforma apenas el 1,9% de los casos, mientras que el conflicto interpersonal entre conocidos ocupa el 14,7% y la ejecución sumaria el 13,1%.

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