Al Mides le faltó capacidad de reacción para enfrentar los problemas actuales y por eso necesita una “reestructura”

Más allá del impacto que el balotaje del domingo 24 tendrá en su trayectoria laboral —será ministra si gana Martínez y diputada si pierde—, a Lustemberg le preocupa el desenlace electoral por lo que está en juego. En su opinión, si gana la coalición opositora “pueden estar en riesgo el diseño y el fortalecimiento de las políticas sociales”. No le resulta suficiente que en el compromiso firmado por los líderes del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente diga que no se derogarán las leyes de la denominada “agenda de derechos”. “Sin derogar las leyes se puede fragilizar el acceso, la calidad, los recursos”, argumenta.

—¿Esto implica una revisión de las políticas sociales que están implementadas hasta hoy?

—Sí.

—¿Con qué grado de profundidad?

—Tenemos claro que lo hecho a lo largo de estos 15 años ha permitido sustentar determinados resultados. Es un ministerio que primero dio respuesta a la emergencia social y a las graves desigualdades en lo económico y en lo social. Los problemas no son los mismos que tuvimos en 2004, no son los mismos que tuvimos en 2009 ni en 2014. Hoy tenemos problemas estructurales que requieren de un Estado que funcione de una forma más transversal, más dinámica. Hay que adecuarlo a los problemas que tiene el país desde el punto de vista de las desigualdades intergeneracionales, de género y territoriales. Y de ahí que entremos en una segunda etapa de las políticas sociales. Tenemos que entrar en una reestructura, con un Mides que fortalezca el gabinete social, con una coordinación mucho más estrecha con políticas que generen empleo, porque no hay mejor política social que redistribuya y genere dignidad y quiebre desigualdades que la que se da a través del trabajo. Tenemos que rediseñar los programas, tener mayor apoyo de las sectoriales para solucionar los problemas, que son el Ministerio de Vivienda, las políticas de salud, la educación y el trabajo.

—Por lo que plantea, pareciera que hablara de un organismo supraministerial que coordine a otros ministerios. ¿Es necesario el Mides o hay que crear otra cosa?

—El Mides se creó con ese cometido. Hoy tiene que tener un rol mucho más de articulación y más fuerte. Desde ahí el Mides tendrá que tomar el cometido de su creación, pero en clara coordinación con OPP y el resto de las sectoriales para ver dónde tenemos brechas y desde ahí fortalecer las acciones de los ministerios.

—¿El Mides no se transformó, por la vía de los hechos, en el ministerio de los pobres y eso no lo encajonó en que está para las transferencias monetarias? ¿Cómo piensa lidiar con eso?

—Una de las cosas que hablamos con Daniel es rever todo el sistema de transferencias monetarias, unificarlas y hacerlas más robustas. Creemos que el Mides tiene que tener una reestructura que se adecue a los problemas que hoy tienen las personas de todos los sectores socioeconómicos. Tienen que trabajar de una forma más fuerte y más coordinada con los que tienen las competencias constitucionales para dar respuestas a esos problemas. Los programas hay que reacondicionarlos al abordaje integral que precisan las familias.

—Ahí tendría que superar culturas institucionales arraigadas.

—Por eso creo que Daniel Martínez es el mejor candidato a presidir este país, porque tiene esa cabeza y esa formación de abordar los problemas con una visión multidimensional. Claro que va a tener resistencias esto. Me imagino un Mides más eficiente, más cercano a resolver los problemas territoriales, con mayor coordinación de problemas entre la gestión nacional y departamental, intersectorial, y que sea más ágil para dar las respuestas.

—¿La mirada que plantea del Mides y de esta segunda generación de políticas sociales no podría haberse planteado antes? ¿No estuvo lento de reflejos el Frente Amplio en el gobierno en estos últimos años?

—Sí, quizás sí requería de una política pública mucho más activa que se anticipe a la resolución de los problemas. Hemos tenido mucha experiencia de lo hecho a lo largo de 15 años de gobierno, que nos permite sí entrar a una segunda etapa de muchas de las reformas. Necesitamos un Estado ágil, eficaz, eficiente, robusto, y con políticas de evaluación y monitoreo. No tengamos miedo cuando haya programas que no estén impactando o políticas públicas que implementamos y que hay que revisar. El gobierno, a lo largo de estos 15 años, ha tenido mecanismos de respuesta y en algunas cosas, quizás, me hubiera gustado que hubiéramos tenido la capacidad de hacerlas con mayor rapidez, para que pudiéramos rediseñar y seguir impactando en quebrar desigualdades.

—¿Cuando habla de la revisión de transferencias monetarias implica revisar también el cumplimiento de las obligaciones?

—Las contraprestaciones deben estar de una manera que estas familias sean acompañadas en una verdadera inserción social y educativa de sus integrantes, y sobre todo los niños. Si solo retiramos las transferencias monetarias, estamos aumentando el castigo hacia esas familias que son de extrema vulnerabilidad. Es decir, tiene que haber un sistema de contraprestaciones desde la educación y desde el seguimiento y el acompañamiento. Porque, aparte, ninguna de estas familias vive solamente de las transferencias monetarias.

—Una de las grandes críticas de la oposición acerca del Mides es la falta de transparencia en las contrataciones.

—Estuve en la Cámara de Diputados cuando se pidió la preinvestigadora y no hubo elementos para instalarla. Sí creo que hay que mejorar, mediante auditorías o cristalinizando los procesos que hay hoy para ver cómo mejorar. Como tenemos un Ministerio de Desarrollo Social tan joven queremos ver cómo fortalecer todos los mecanismos que les den la mayor cristalinidad a los procesos de gestión, viendo el Tocaf, viendo todos los artículos de la Auditoría Interna de la Nación.

—¿En el área social hay dos modelos ideológicos en juego en la elección?

—Sí. En el diseño de las políticas sociales hay dos modelos diferentes. Hay una clara concepción en el programa opositor que tiene una mirada asistencialista y de caridad, con una lógica más de que el lugar donde uno nació no condiciona las posibilidades. Es una concepción que va mucho más allá de un Estado que tiene que ser garante de derecho y equiparar el punto de partida, es una mirada basada en experiencias focalizadas del sector privado, desde una concepción quizás desde la caridad o la mentoría.

El nuestro es un modelo donde el Estado es garante de estos derechos, donde las personas que están en situación de pobreza para nosotros tienen que tener garantizados estos servicios por parte del Estado. Las personas no son débiles, nacen o atraviesan trayectorias de vida donde sus derechos son vulnerados. Y son vulnerados por un sistema económico que puede tener siempre la tendencia de promover los privilegios de pocos y las pobrezas de muchos. Al Estado le corresponde garantizar derechos de toda la población y no solamente atender a los más débiles.

—¿Pueden estar en riesgo las políticas sociales?

—Sí. Sí. Me parece que pueden estar en riesgo el diseño y el fortalecimiento de las políticas sociales. En un sentido de que quizás las leyes que han sido aprobadas son garantizadas cuando se fortalecen políticas públicas robustas. Y ahí es que puede haber una diferencia conceptual en cuanto el Estado tiene que ser garante de esos derechos.

—¿Sin derogar las leyes se pueden dañar?

—Sin derogar las leyes se puede fragilizar el acceso, la calidad, los recursos. A la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, a la ley integral para personas trans, la ley de trata de personas, la concepción que podemos tener de los migrantes en nuestro país. Las personas tienen garantizados sus derechos cuando se vuelven tangibles en su vida. Cuando tengo una ley del sistema nacional integrado de salud tiene que ir acompañada de un refuerzo presupuestal, de una gestión eficiente.

—¿No le resulta suficiente que esté escrito en el acuerdo que no van a tocar las leyes y que Beatriz Argimón asegurara que no van a retroceder esos derechos?

—Es que viendo la concepción que tienen, hay que ver hasta dónde llegan con su acuerdo.

—¿Que tienen quiénes?

—La coalición. Cuando vemos legisladores que plantean políticas solo pronatalistas, antiderechos, con una concepción inexplicable de que las mujeres abortamos como una canilla. Donde hay un gran rechazo a las personas LGBTI. Hay cosas muy preocupantes como las políticas solo pronatalistas de Cabildo Abierto, vinculadas a la Iglesia evangélica, que desconoce la revolución más grande del siglo XX, que es el ingreso masivo de las mujeres en el mundo del trabajo.

—¿Esa preocupación alcanza a Bartol, el candidato blanco a ocupar el Mides? ¿Le genera dudas que sea del numerario del Opus Dei y que eso pueda incidir en su gestión?

—Y, puede incidir en un Estado laico, que tiene que ser garante de derechos, que tiene que tener una concepción de derechos humanos, de Estado fuerte.

—Le preguntamos por la concepción religiosa en especial.

—Sí, por eso decía que el Estado es laico y desde ahí tiene que tener políticas públicas robustas. Desde ahí es que tenemos diferencias, quizás, conceptuales en cuanto al diseño del Estado. O sobre la concepción de los derechos en salud sexual y reproductiva como un derecho humano que tienen que tener hombres y mujeres, sobre todo las mujeres.