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“Ecuánime” es uno de los adjetivos que más repite el director general de Trabajo y Seguridad Social, Tomás Teijeiro, al realizar un balance del primer año en su cargo. Enfatiza en este punto porque, recuerda, “durante la última campaña electoral había unos profetas del apocalipsis que comentaron bastante que con el advenimiento del gobierno del Partido Nacional y de la coalición multicolor se iban a terminar los Consejos de Salarios”. Según él, quedó demostrado que las cosas no fueron así y que, incluso, “son mejores”.
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La mayor parte de ese primer año de gestión transcurrió bajo la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, que retrajo la actividad económica e impactó en el mercado laboral: más desempleo, exhortación a trabajar desde casa, seguros de paro parciales, protocolos y cuidados sanitarios, como el uso de tapabocas, escritorios más separados o mamparas en algunas oficinas. En ese contexto, las denuncias ante la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (Igtss) en todo 2020 disminuyeron 22% respecto al año anterior.
La División de Condiciones Ambientales de Trabajo —CAT— efectuó 9.347 actuaciones (6.544 en Montevideo y 2.803 en el resto del país), labró 2.314 “actas de hecho” e investigó 46 accidentes laborales. Del total de las actuaciones, 921 tienen como origen “denuncias”, 2.730 “control” y 1.735 “actuaciones de oficios”, surge de la Memoria de 2020 presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Teijeiro señala como un logro que la CAT aumentó 88% sus actuaciones inspectivas, con la misma cantidad de funcionarios. También el hecho de que abarcó a un 86% más de trabajadores, se visitó más del doble de empresas y las clausuras preventivas crecieron 33%, siempre respecto al 2019. En la División Condiciones Generales de Trabajo (CGT) el incremento de las inspecciones fue de 55%; el jerarca asegura que fue una de las pocas en Iberoamérica que se mantuvo “funcionando a pleno” y nunca detuvo su tarea.
El 13 de marzo de 2020, el mismo día que se informaron los primeros casos positivos de Covid-19 en Uruguay, el Ministerio de Trabajo convocó al Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (Conassat), que es presidido por la Igtss e integran representantes de las cámaras empresariales, el PIT-CNT y diversas instituciones del Estado. De esa convocatoria surgió el primer protocolo laboral que el país dispuso para preservar la salud y seguridad de sus trabajadores a raíz de la pandemia. En la segunda mitad del año, tras una nueva reunión del Conassat, se recomendó al ministro de Trabajo que se comenzara a fiscalizar y aplicar sanciones a aquellas empresas que incumplieran ese protocolo; allí la inspección tuvo que redoblar su esfuerzo a través de un operativo que llamó “Trabajo responsable”. Se encontraron resultados que “preocuparon bastante”, recordó Teijeiro: las primeras inspecciones detectaron un 60% de incumplimientos de protocolos en empresas. Para reducir la cifra se lanzó una fuerte campaña de concientización, y en una segunda visita de control, el grado de omisión bajó a 10%.
Los protocolos, controles y fiscalizaciones implicaron diálogo entre empresarios, trabajadores y el gobierno. De esas conversaciones, el director general de Trabajo y Seguridad Social destaca “la madurez de las relaciones laborales en Uruguay”. “Se llegó a muy buenos productos, que dieron buenos resultados, precisamente porque fueron resultados de consenso”, afirma.
Según Teijeiro, durante la emergencia sanitaria la industria de la construcción se mantuvo “más o menos parejo” en cuanto al nivel de ocupación y eso permite realizar comparaciones con criterios más acordes. En cuanto a la siniestralidad en el sector, en 2019 había tenido 43 accidentes con trabajadores lesionados y ocho mortales, mientras que en 2020 se redujeron a 17 y dos, respectivamente. Entre otras razones, atribuyó esa disminución a una fuerte presencia de inspectores: “Se hicieron un 60% más de controles en la construcción y se efectuaron 121 clausuras preventivas, de las cuales un 40% fueron totales. Es decir que, si comparamos las clausuras preventivas con carácter total con las del período anterior, tuvimos un 122% más de clausuras totales en la construcción”. Las inspecciones abarcaron a 140% más trabajadores (unos 30.000 entre marzo 2020 y enero de 2021, contra 12.000 de igual período anterior).
Teijeiro definió al sector como “uno de los más maduros en la industria, donde el vínculo entre las cámaras y el sindicato da buenos resultados”.
Género
Por otro lado, las desigualdades que se generan entre hombres y mujeres son también un asunto de preocupación para la Igtss, en el que se pretende trabajar más fuerte. El viernes 6, previo al Día Internacional de la Mujer, el MTSS publicó una resolución en la que estableció que los inspectores de la división CGT deberán integrar a su lista de aspectos a fiscalizar la comprobación de que el sueldo del trabajador esté acorde a la tarea que realiza. Esto para controlar “que no haya desigualdades basadas en el género”.
Otro de los desafíos que tiene la Igtss es el de la implementación del convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo sobre acoso y violencia en el ámbito laboral. “Nos importa mucho esto, porque nos importa que la violencia en el trabajo no se suceda aún en las cuestiones en las que de forma más corriente históricamente se daban, que son, por ejemplo, en los casos de conflictos o de huelga”, explicó Teijeiro. “Esta es una administración que va a defender y a tutelar el derecho de huelga, pero también va a defender y a tutelar el derecho al trabajo, de aquellos que no quieran o no estén de acuerdo con adherirse a la huelga”, añadió.
En términos generales, la Igtss tiene el objetivo de seguir aumentando su presencia y capacidad, actuando con “ecuanimidad”, según su director. “La vocación es la de promover relaciones laborales sanas, con seguridad para los trabajadores, con cuidado y respeto del derecho, con garantías para todas las partes y donde las partes puedan ver en el trabajo un lugar de desarrollo y no un lugar de conflicto”, dijo.
