Los principales decisores, salvo el ministro de Economía, Danilo Astori, han guardado estricto silencio en las ultimas semanas, como si estuvieran en las horas previas a una batalla.
El presidente Vázquez apenas mencionó titulares en sus últimas apariciones. Astori, en cambio, concedió una entrevista a “la diaria” el sábado 22, en la que anunció que esta semana tendrían el anteproyecto redactado y que “ojalá” se pudiera enviar al Parlamento “antes de dos semanas” y sea aprobado antes de fin de año, ya que se trata de “un tema que urge” por “razones de justicia y equidad social”. El actual sistema de retiros de las FFAA “es realmente mucho más favorable para este colectivo que el que tiene el resto de la población civil”, afirmó. Además de los argumentos de “justicia”, el ministro recurrió a la razón del artillero: la caja.
“En 2015, según cifras que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, la asistencia financiera por afiliado, en dólares, para el servicio de las Fuerzas Armadas fue de 8.100 dólares por pasivo, en la Caja Policial fue de 3.500, en el BPS fue de 1.600 y en la Bancaria, 1.200 dólares. La diferencia es enorme”.
Este cálculo, empleado también por el subsecretario Pablo Ferreri en el Parlamento, no coincide con el realizado por los técnicos militares porque olvida, dicen, que el Banco de Previsión Social recibe, entre otras transferencias, el 7% del IVA que se recauda.
La herencia del “proceso”.
Ya en 1971, cuando los militares brasileños hicieron espionaje sobre las fuerzas armadas uruguayas para evaluar el costo de una eventual invasión, por si llegaba el caso, estimaron que en pocas horas lograrían conquistar Montevideo.
Aunque la brecha en materia de tecnología militar se agrandó aun más desde entonces, el factor humano y la voluntad de defender el territorio son factores de peso antes como ahora.
El sistema de seguridad social militar, el primero que tuvo el país, (ver recuadro) estuvo ligado desde el comienzo a las luchas por la independencia y a los conflictos internos.
Pero junto a la dictadura militar también terminó la Guerra Fría, de modo que la misión de los militares está en discusión, al mismo tiempo que existen demandas más fuertes de seguridad publica que de defensa de las fronteras, explicaron a Búsqueda fuentes oficiales.
Cuando la comisión de Defensa del Frente Amplio era presidida por el general Víctor Licandro, esta produjo un documento sobre reforma del sistema de retiros en función de la llamada regulación de cuadros, pero la fuerza política no logró un acuerdo para avanzar, entre otras cosas porque ello implicaba discutir no solo de dinero sino de estrategia de defensa, dijeron fuentes del oficialismo.
Por otra parte, la mayoría de las decisiones que afectan al sistema de retiros no fueron tomadas durante la última dictadura (1973-1985), sino en gobiernos electos por las urnas y por leyes votadas en 1986, 1991, 1996, e incluso durante gobiernos del Frente Amplio para evitar que más oficiales se vieran tentados a pasar a retiro.
Sin embargo, es un hecho que un factor que pesa hasta hoy en la relación activos-pasivos militares es el enorme aumento en número que tuvieron las tres fuerzas durante el “proceso”.
El general Hebert Fígoli, vocero de los centros militares que agrupan a oficiales y personal subalterno, dijo a Búsqueda que se pasó de 43.000 efectivos en 1986 a 27.000 en 2017.
Pero otras fuentes consultadas llamaron la atención acerca de que al eliminar las vacantes solamente se achicaron las fuerzas activas, pero estos funcionarios no pasaron a otros sectores del Estado, sino que quedaron dentro del sistema como retirados provocando el actual desequilibrio.
Fígoli dijo que discrepa con el enfoque que realizó el presidente Vázquez durante la entrevista en el programa “En la mira” de VTV, el jueves 20, porque el primer mandatario insistió en hablar de “caja militar”, cuando en realidad se trata de un servicio del Ministerio de Defensa que administra fondos, pero sin ninguna capacidad de iniciativa ni autonomía para generar recursos propios.
El general sostuvo también que cuando el gobierno habla de déficit incurre en un error y que al hacer la cuenta no considera unos U$S 70 millones que ingresan por aportes patronales y montepío (15%).
Según el vocero de los retirados, el 74% recibe menos de $30.000, el 60% menos de $20.000 y apenas 15 oficiales superan los $200.000.
Entre los activos, solamente 27 oficiales generales cobran $130.000 antes de los descuentos de montepío y sanidad.
El caso más mecionado por los militares es precisamente el del director del Hospital Militar, que teniendo a su cargo el segundo centro de salud en importancia del país tiene un sueldo nominal que ronda los $100.000, muy por debajo de sus pares en el sector privado. Según fuentes de salud pública, no obstante, ese salario no es muy diferente al del resto de los directores estatales, que reciben entre $85.000 y $130.000.
Para Fígoli, algunas de las medidas anunciadas “pueden producir un grave descalabro” que no solo afecte a la defensa nacional, sino también a las localidades que sufran cierre de cuarteles.
Respecto al proyecto de un nuevo impuesto para paliar el déficit del sistema, el vocero fue aún más crítico: se trata de “una injusticia” y “es discriminatorio, confiscatorio y lesiona derechos adquiridos”.
Para sensibilizar a los parlamentarios sobre estos problemas, el equipo de análisis que dirige este general especializado en gestión recorrió las bancadas parlamentarias de todos los partidos.
El resultado es aún incierto. De todas formas, persuadidos de que es necesario hacer reformas que apunten al aggiornamento y la racionalidad, están dispuestos a aceptar una disminución de la tasa de reemplazo (diferencia entre lo que cobra un activo y un pasivo), la eliminación de que en determinadas condiciones los retirados cobren como el grado superior (hoy el 40% de ellos).
La elevada tasa de reemplazo, obtenida por las leyes comparativas de 1996 en adelante, que aseguraron a los activos mejores condiciones a la hora del retiro para evitar la fuga de especialistas, llevó a una deformación porque las pasividades militares se ajustan por el Indice Medio de Salarios pero los sueldos no.
Otra explicación para ello es que el sistema político tuvo menos problemas para aumentar las retribuciones a los pasivos que a los sueldos de los militares activos, sobre todo por el desprestigio de los institutos armados a causa de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Esta explicación también carga con cierta paradoja, porque fueron los retirados quienes dieron el golpe de Estado y no las nuevas generaciones que están sufriendo las consecuencias, indicaron otros informantes.
Soldados versus policías.
Cuando el gobierno presentó su primer proyecto de reforma del sistema de retiros y pensiones militares, el modelo que se tomo fue la “Caja Policial”.
Los militares pusieron el grito en el cielo porque parten de la base de que el cuarto instituto armado tiene características muy diferentes y que además no se pueden comparar los sueldos.
Los militares reconocen en general que la relación entre sueldos de activos y jubilados es más armónica entre los policías, pero dicen que ellos ganan menos y que aceptarían con gusto toda la situación de los policías o de los bancarios, que ganan en promedio tres veces más aunque tienen una tasa de reemplazo (la diferencia entre lo que gana alguien en actividad y luego pasa a retiro) de 60% y no del 150% como los militares. La disparidad entre los salarios y las jubilaciones militares se debe, al menos en parte, a que las últimas crecieron a un ritmo mayor.
Una de las diferencias que defienden respecto a otras profesiones es que son profesionales de la guerra a tiempo completo y de por vida. El carácter de full time en principio no corre para los policías, al menos hasta que Interior comenzó con una política de mayor profesionalización.
Un agente de policía recibe al ingreso un sueldo nominal de $ 32.000, mientras que el soldado apenas $18.000. En algunos casos, luego de trabajar en promedio 13,1 horas (al menos en el Ejército) el soldado puede tener un segundo trabajo, sobre todo en Montevideo, aunque cada tres días tiene que entrar de guardia.
Los soldados, además de cobrar menos por más horas de servicio, reciben de las fuerzas algunos beneficios como posibilidades de formación profesional y pequeños pagos en especies según el destino.
