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El desempleo sigue siendo “inaceptablemente alto” y millones trabajan en la informalidad. Unos 300 millones de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza. Y también millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de la esclavitud moderna, mientras que para muchísimas personas las jornadas laborales son demasiado largas, la accidentalidad es elevada y el estrés laboral ha exacerbado los riesgos para la salud mental. Además, el crecimiento de los salarios no ha seguido el mismo ritmo que el incremento de la productividad. A todas esas preocupaciones se agregan otras más modernas, las que vienen de la mano de los avances tecnológicos —la inteligencia artificial, la automatización y la robótica—, si bien también traen “oportunidades excepcionales”, como la creación de nuevos puestos.
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La llamada Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo analizó estos temas y difundió su documento final: los trabajadores tendrán que prepararse para los cambios, pero también las empresas. Y los gobiernos deberán colaborar para reducir los costos de la transición.
Dicha comisión inició sus tareas en octubre de 2017 por invitación del director general de la Organización Internacional del Trabajo, y durante 2018 sesionó cuatro veces, la última en noviembre. El primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, y el presidente de Sudáfrica, Matamela Cyril Ramaphosa, encabezaron el grupo, que incluyó a figuras como Haifa Al Kaylani, fundadora del Foro Internacional de Mujeres Árabes, Alain Dehaze, director general del Grupo Addeco, el economista y estadístico Enrico Giovannini, así como Rebeca Grynspan, directora de la Secretaría General Iberoamericana.
El grupo propuso un programa que “fortalezca el contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas económicas y sociales y de la práctica empresarial”.
Con el fin de respaldar a las personas en las transiciones, los gobiernos deben incrementar las inversiones en los servicios públicos de empleo y mejorar la información del mercado laboral, de modo de respaldar el proceso de toma de decisiones, sostiene la comisión. En tal sentido, propone como un derecho, un rediseño del “seguro de desempleo” o de “fondos sociales” que permita a los trabajadores tomarse tiempo libre remunerado de sus trabajos para participar en la formación.
Para la comisión, será necesario explorar opciones viables para incentivar a las empresas a que aumenten su inversión en formación, examinando qué tipo de tratamiento contable se da a los costos en esa área.
Propone, por otro lado, una “garantía laboral universal” como “piso de protección que puede mejorarse a través de convenios colectivos o de legislación. Es un punto de partida a partir del cual se pueden construir instituciones del mercado de trabajo inclusivas”.
Trabajadores y robots
Según la comisión, el debate sobre la tecnología en el futuro del trabajo tiende a centrarse en las cuestiones de creación y destrucción de puestos, y en la necesidad de readaptación profesional. Desde su perspectiva, un programa centrado en las personas requiere que se preste una “atención igualmente urgente –y complementaria– al papel más general de la tecnología para promover el trabajo decente. Argumenta que la tecnología puede liberar a los asalariados del trabajo arduo, de la suciedad, la monotonía y el peligro. Los robots colaborativos (“cobots”) pueden reducir el estrés relacionado con el trabajo y los potenciales accidentes laborales. Sin embargo, los procesos impulsados por la tecnología también pueden hacer superflua la mano de obra y, en última instancia, alienar a los trabajadores y frenar su desarrollo. La automatización puede mermar la capacidad de control y la autonomía de los trabajadores, así como la riqueza del contenido del trabajo, lo que podría dar lugar a la pérdida de calificaciones y a la disminución de la satisfacción de los trabajadores, sostiene.
De la mano de esto, la comisión adhiere a un enfoque de la inteligencia artificial “bajo control humano”, que garantice que las decisiones finales que afectan al trabajo sean tomadas por personas y no por algoritmos. Esto para proteger la “dignidad de los trabajadores. El trabajo no es una mercancía; así como tampoco el trabajador es un robot”, sentencia en el documento.
Paralelamente, recomienda el desarrollo de un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales de trabajo que establezca y exija que estas (y sus clientes) respeten ciertos derechos y protecciones mínimos. Sugiere tomar como fuente de inspiración el Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006, para abordar los retos que suponen las actividades que involucran a diferentes jurisdicciones.
