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Algunos empresarios uruguayos suelen monitorear los canales de televisión de Argentina, porque lo que ocurre en ese país puede tener impacto en sus negocios. Los últimos días las pantallas mostraron novedades potencialmente complicadas.
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Fueron básicamente tres noticias las que pusieron en alerta en Uruguay a empresarios y algunos gobernantes —actuales y del gobierno electo—: la recién instalada administración del presidente Alberto Fernández modificó el esquema de impuestos a las exportaciones del agro, y propuso gravar con un tributo de 30% los gastos con tarjetas de crédito y débito realizados por los argentinos en el exterior. Además, se pretende establecer un impuesto a los capitales de los argentinos en otros países —aunque habría también incentivos para repatriarlos— y se gravará a una tasa de 30% la compra de dólares para atesorar, buscando desalentar el ahorro en divisas. “No entiendo la lógica. Imaginen una familia que ahorró para irse de vacaciones, ahora que le cuesta 30% más caro, ¿la van a convencer de ahorrar en pesos a futuro? Lo que va a decir la familia es algo que no puedo repetir acá. Eso no crea credibilidad, es un abuso, es reírse de la gente. Me llama la atención que se haya hecho, el ministro tiene una buena formación, pero no sé de dónde sacó el teorema”, dijo el miércoles 18, de visita en Buenos Aires, el profesor de la Universidad de Columbia Guillermo Calvo. Se refirió a Argentina como un “enfermo casi terminal”.
Algunas de las medidas anunciadas están contenidas en el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva presentado el martes 17 en el Congreso por el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán. Anunció, además, entre otras cosas, que se congelarán por seis meses las tarifas de servicios públicos y también de las jubilaciones para rever su forma de ajuste, así como un plan de refinanciación de deudas tributarias, aduaneras y con la seguridad social para empresas de reducido porte. Sobre cómo se encarará el problema de la abultada deuda pública no dio detalles, y solo dijo que se buscará “recuperar la sostenibilidad”.
Turismo
Dada la inestabilidad política y económica que atraviesa Argentina, los capitales tienden a irse de ese país. Faltan dólares, y los que hay valen más. En un intento por frenar esas tendencias, el nuevo gobierno incluyó en un paquete de medidas remitido al Congreso el lunes 16 la propuesta de gravar con un impuesto de 30% los consumos pagados con tarjetas al exterior (por servicios como Netflix, Spotify, Amazon Prime o cursos online) o realizados por argentinos en sus viajes fuera de fronteras; el “dólar turismo”. Considerando un tipo de cambio a 63 argentinos (aunque después del anuncio subió por encima de los 70), el impuesto supone tener que afrontar un dólar a casi 82 al abonar esos gastos.
El anuncio fue un balde de agua fría para los operadores turísticos de Uruguay, que usualmente cuentan con los argentinos como sus principales clientes cada verano, sobre todo en zonas balnearias. La temporada alta se perfila complicada.
Tampoco cayó bien entre los operadores argentinos, que discrepan con la visión del gobierno de Fernández en cuanto a que el impuesto ayudará a dinamizar el turismo en su propio país.
El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, dijo al diario Ámbito Financiero que se perjudicará “de una manera feroz a una gran cantidad de pymes que comercializan turismo emisivo, que ya venían muy golpeadas con una caída del 30%. El escenario para ellas es negro. Más de una tendrá que cerrar sus puertas”. También auguró problemas para la conectividad, ya que algunas compañías pensarán si quieren seguir tocando aeropuertos argentinos.
Más allá de eso, algunos medios informaron que con los rumores del impuesto a los consumos en el exterior, en las últimas semanas las ventas de pasajes y paquetes turísticos se aceleraron.
En los primeros diez meses del año, la cuenta de “Viajes y otros pagos con tarjetas” en el exterior fue negativa en US$ 4.356 millones para Argentina.
Agro
Otra medida, un cambio en los impuestos a las exportaciones de granos, fue publicada el sábado 14 en el Boletín Oficial, “teniendo en cuenta la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas”. Desde el nuevo gobierno se lo presentó como una “actualización” de lo que ya estaba vigente, aunque los empresarios lo interpretan como un aumento de estos gravámenes conocidos como “retenciones” (pese a que en ningún momento se devuelven al exportador).
En concreto, se eliminó el tope de una suma fija de 4 pesos argentinos por cada dólar exportado; con una devaluación superior a 60% desde su último ajuste en setiembre de 2018, el fisco venía perdiendo recaudación.
Para la soja estos “derechos de exportación” aumentan de 24,5% a 30% y las de otros granos, como el maíz y el trigo, subirán de 6,5% a 12%.
La posibilidad de que una medida de este tipo fuera tomada ya circulaba desde hace semanas, ante el elevado déficit en las cuentas públicas argentinas.
“Estamos ordenando lo que hizo (el saliente presidente Mauricio) Macri, dejando en pie lo que hizo; no agregamos más retenciones”, explicó el nuevo mandatario en Radio Mitre. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo”, reclamó Fernández, frente a las críticas del empresariado ruralista.
“Esto no hace más que complicar la situación. Siguen viendo al campo como una fuente de recursos fiscales y no como un sector que puede generar desarrollo, crecimiento”, se quejó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes.
El régimen de retenciones a las exportaciones ha sido una fuente de recaudación recurrente en la historia argentina (se utilizó por primera vez en 1862). Con Néstor Kirchner como mandatario, en 2007 fueron aumentadas las alícuotas para ciertos productos y al año siguiente modificadas nuevamente, hasta que el gobierno de Macri anunció en 2015 una reducción que quedó a medio camino.
