Algo más del 90% de los productores muestran preocupación por impacto del agro en el medioambiente; prevén medir ese efecto

Entre los ganaderos esa relación fue de 94,9% y de 91,2%, mientras que entre las empresas granjeras el porcentaje de preocupación fue de 100% respecto al impacto del agro y de 89,7% sobre las consecuencias de su propia actividad en el ambiente, indica la encuesta.

Medir para mejorar

Ese tema fue analizado en el Simposio sobre Gestión del Ambiente y la Producción: Medir para Mejorar, que organizó Fucrea el 18 y el 19 de octubre.

“Para mí fue muy impresionante el nivel de preocupación que tienen los productores en relación con los temas ambientales”, dijo el investigador José Paruelo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).

En su presentación titulada No solo hay que serlo, también parecerlo..., Paruelo se refirió a los pedidos de sostenibilidad identificados en el sector agropecuario, a cómo se encuentran las demandas y la oferta, cómo evalúan la sostenibilidad y algunos indicadores ambientales.

Esteban Jobbágy, otro investigador de la Fauba que participó de la misma presentación consideró que “no sería bueno arrancar a hablar de sostenibilidad en un país como Uruguay sin detenernos antes en un hecho que tal vez es obvio para muchos pero que no deja de ser impresionante, y es que está volcado o vuelca su tierra a producir bienes que se consumen fuera del país en el orden de los dos tercios”.

“Y ese otro tercio se destina a alimentar a la gente en Uruguay”, señaló.

Remarcó que “de 2000 a 2015 el crecimiento de la exportación de commodities agrícolas ha sido fenomenal, acompañando una tendencia de toda Latinoamérica y especialmente en los países del Cono Sur”.

“La agricultura participa dominantemente en este flujo, acompañada por detrás por los productos forestales”, dijo.

En paralelo, ese investigador resaltó que hubo una “gran revolución” en los últimos años cuando “aumentaron las demandas de sostenibilidad ambiental” que empieza en los lotes o terrenos productivos en particular, que a su vez “están integrados en un sistema hidrológico que puede ser una cuenca que pueden vincularse a pueblos o zonas más urbanas, de donde pueden venir las demandas” sociales.

Resulta “impactante” que uno hace algo en un lote o deja de hacerlo por la presión que surge desde la otra punta del planeta, comentó.

Propuesta operativa

Tras referirse al manejo del suelo en los predios productivos y a la conexión de eso con las demandas de otras actividades cercanas o vinculadas, Jobbágy resaltó el caso “interesante” del agua porque “las demandas nacen ya no de los lotes sino generalmente de una zona intermedia, sea un barrio o cuenca y que pueden llegar a nivel de país”.

También están conectadas las demandas globales relacionadas al carbono almacenado en bosques y a la preservación del hábitat y la biodiversidad en la naturaleza, según ese investigador.

Otro asunto de especial interés para los productores y exportadores del agro que fue planteado en esa ocasión es el que comprende a las regulaciones vigentes sobre temas ambientales, como la ley de suelos, las normas legales que restringen el comercio de madera nativa, y hay “otro carril” que es el de los incentivos y “castigos” públicos y privados desde terceros, como puede ser el Estado, los organismos internacionales y las certificadoras.

Figuran además los pagos por servicios ambientales, como los bonos de carbono, que son “muy mentados” pero que “no están tan operativos” en la región, indicó Jobbágy.

Planteó que los indicadores para evaluar la sustentabilidad ambiental deben cumplir con aspectos vinculados a la legitimidad, la practicidad y la auditabilidad, con exactitud y precisión.

Los estudios y la información acumulada respecto a la erosión en el suelo de Uruguay y su medición, específicamente de la Universidad de la República y el INIA, fue valorada por el investigador, como base para la elaboración de un indicador ambiental.

Tras analizar informaciones vinculadas a la biodiversidad y el hábitat, Paruelo señaló algunos aspectos sobre una “propuesta operativa” que involucre a productores, Fucrea, INIA, Udelar y otras instituciones que integran el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

“Usar indicadores para documentar cómo estamos haciendo las cosas en términos ambientales para hacer frente a certificaciones, regulaciones e incentivos” es una de las alternativas, planteó.

Consideró que otra no solamente comprende documentar si no también recurrir a los indicadores para aprender y mejorar en cuanto a las buenas prácticas. Entre otros insumos, ese investigador señaló la importancia de los índices climáticos, de vegetación y otros generados por el INIA en su unidad de agroclima y sistemas de información.

“La evaluación de la sostenibilidad es un proceso en constante construcción en donde convergen saberes científicos y perspectivas políticas”, advirtió.