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El pedido del gobierno de un adelanto de 2% del ajuste por inflación para buena parte de los sectores que tienen convenios vigentes y que preveían corregirlos por el Índice de Precios al Consumo (IPC) a fines de 2023, generaron cuestionamientos tanto desde empresarios como desde el PIT-CNT.
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El asesor de la central sindical Hugo Bai consideró que esas y otras medidas anunciadas frente al impacto de la aceleración de la inflación “van en la dirección correcta, pero llegan tarde y son insuficientes”. “Están buscando el empate, que los salarios no pierdan poder de compra. El compromiso era que cuando la economía se recuperara, esos salarios se iban a recuperar”, dijo ayer miércoles en un evento de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Bai indicó que “alcanzar el salario de 2019 no quiere decir que los salarios se recuperarán” porque durante cuatro años hubo pérdida de poder de compra.
Consultado sobre esa visión, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo: “Cuando el PIT-CNT o el Frente Amplio dicen que una medida del gobierno es insuficiente, quieren decir que no tienen nada para criticar. Entonces, salen por lo obvio”.
Sectores
La apuesta del Ministerio de Trabajo (MTSS) en esta negociación por los adelantos de los correctivos salariales es que surjan acuerdos bipartitos y que no haya votación. “Tenemos consciencia de que la realidad de los grupos puede ser muy heterogénea”, reconoció, y dijo que si los sectores pueden o no dar los correctivos “se ve en la cancha. Hasta que no estén convocadas las mesas, no vamos a tener un panorama”, dijo Mieres.
La convocatoria que realizará a partir de la semana próxima el MTSS será a 83 mesas (con unos 300.000 trabajadores del sector privado involucrados). El director de Trabajo, Federico Daverede, dijo a Búsqueda que la idea es que la ronda sea breve, de una o dos reuniones a lo largo de un mes.
A la interna de las gremiales empresariales no está claro qué sectores podrían anticipar ajustes salariales desde julio, como pidió el Ejecutivo. Según consultas realizadas por Búsqueda a nivel de empresas o gremiales sectoriales, en algunos casos ven difícil hacerlo, aunque otros lo ven viable.
Fuentes del sector topista (lavaderos y peinadurías de lana) indicaron que si bien ha aumentado la demanda de sus productos, todavía se “está lejos” de los volúmenes de exportación previos a la pandemia porque China sigue sin comprar. Agregaron que les está pegando “muchísimo” el aumento de costos medidos en dólares, por la combinación del incremento de los precios internos y la baja de la cotización de esa divisa. “Vemos muy difícil adelantar” el correctivo, porque “si fuera por el deterioro del volumen de los negocios, del margen y el atraso cambiario, no deberíamos dar nada”, señaló un empresario de ese rubro.
En las curtiembres, el panorama difiere por empresas. Informaron que el convenio vigente se cerró con la votación en contra de los trabajadores. Apuntaron que luego, las dos empresas que emplean el 80% del personal firmaron acuerdos bipartitos con sus sindicatos de base que prevén la indexación anual de los salarios, por lo que serían las demás firmas del rubro las que estarían abarcadas en la próxima convocatoria.
Para la industria alimentaria —que abarca rubros como los dulces, chocolates, panificadoras y catering—, adelantar el correctivo es “potable” porque “antes o después” hay que darlo, señaló Juan Pedro Flores, titular de la gremial. “Apostamos a dialogar y negociar. Es razonable el planteamiento del gobierno, pero las empresas también necesitamos ser escuchadas”, acotó. Dijo que por eso plantean, por un lado, que los trabajadores colaboren con “paz sindical”, porque advirtió que las medidas de paro “solidarias” que se vienen dando (por el incumplimiento de parte de algunas firmas de los ajustes establecidos en la última ronda) están afectando la productividad.
Por otro lado, reclamarán que el gobierno contribuya a una baja “genuina” de costos para no tener que trasladar el adelanto del correctivo a los precios y así retroalimentar la inflación. Flores mencionó reducciones impositivas, de aportes patronales, tarifas diferenciales del gas natural, entre otras medidas para “ayudar” a la competitividad de las fábricas.
En el comercio y servicios, la postura empresarial también tiene matices, según las fuentes.
La Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas está de acuerdo con adelantar el ajuste por inflación para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores porque lo consideran “crucial” para mantener el nivel de consumo.
Ayer la Asociación Rural manifestó su “coincidencia” con la propuesta del Ejecutivo y planteó a los productores, “en función de su rubro y realidad productiva”, incluir a partir de abril un adelanto a cuenta de la indexación pactada.
