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“Hemos recorrido un largo camino desde el país de la inflación crónica, pero tenemos que avanzar más”, sostienen las autoridades del Banco Central (BCU). Y piensan que parte del problema, que se refleja en una economía en la que el dólar juega un rol preponderante, radica en malos manejos en administraciones precedentes: “Un conflicto permanente y visible de objetivos” de política económica.
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Las referencias que hacen en un “documento de política” el presidente del BCU, Diego Labat, y el gerente de Asesoría Económica, Gerardo Licandro, remiten a los “platitos chinos” como metáfora, repetida una y otra vez cuando fue titular de ese organismo —entre 2008 y 2013 y de 2015 al 2018— por el hoy senador Mario Bergara, aludiendo a la necesidad de las autoridades de balancear diferentes objetivos. Labat y Licandro llevan directamente a eso al afirmar que, en el pasado, el BCU “destacó este conflicto en la comunicación pública utilizando varias imágenes que se referían a la política monetaria como un ejercicio de equilibrio, una disciplina imperfecta, y la flexibilidad” de la propia institución en el uso de sus instrumentos. “Esta actitud corresponde a una interpretación del mandato establecido en los estatutos del banco que imaginaba el conflicto entre actividad e inflación como permanente”, señalan en ese “ensayo”. En la práctica, agregan, la inflación “se convirtió en una prioridad” cuando en períodos anuales estuvo cerca de superar el nivel del 10%, y la actividad económica lo fue en los momentos en que el alza de precios minoristas “se acercó a la meta” definida.
La divulgación de ese documento a través de la web institucional, la semana pasada, se reforzó con una disertación de los jerarcas, el martes 27, en un evento virtual con el mismo nombre —Hacia una moneda de calidad— convocado por la Licenciatura en Economía de la Universidad Católica. Labat abrió su intervención con la aclaración de que estos asuntos no deben pensarse en “términos refundacionales”, de “Peñarol y Nacional”, sino como una “construcción” que recoge aportes de quienes estuvieron antes en la institución. “Hay que hacer el diagnóstico, ser críticos y corregir”, resumió.
El “estado de la moneda”
El tema de la estabilidad de precios y recomponer la confianza en el peso uruguayo ocupa un lugar central en la agenda del BCU en este período de gobierno, con un “programa de desdolarización” lanzado a fines del año pasado (Búsqueda N° 2.104).
Para ayudar a “comprender qué debe corregirse”, los jerarcas analizan el desempeño de la política monetaria y sus resultados después que, a mediados de 2002, Uruguay pasó a un régimen de flotación cambiaria.
A principios de 2005 operaba “lo que podría llamarse un régimen de metas de inflación, con los agregados monetarios como instrumento”. Luego, recuerdan, en 2007 se aprobó la nueva Carta Orgánica del BCU. “El borrador inicial” enviado por la entidad al Ministerio de Economía (MEF) “estaba alineado con las mejores prácticas de diseño institucional de la banca central, y preveía varias mejoras de las instituciones monetarias que no terminarían reflejándose en el texto final. En particular, la priorización de la inflación como el objetivo principal de la política monetaria, un directorio con mandatos de ocho años superpuestos, una mayor rendición de cuentas, fueron ideas que naufragaron en el proceso parlamentario (ya habían sido desestimadas en la discusión de 1995). Ninguna de estas ideas fue finalmente aprobada. En cambio, la creación de un Comité de Coordinación Macroeconómica con un mandato bastante ambiguo y una clara preeminencia del Ministerio de Economía sobre el Banco Central terminó por reducir” la independencia de la autoridad monetaria, sentencian. Además, observan que los nuevos estatutos tuvieron una redacción “ambigua” acerca de los objetivos del BCU que “podría dar lugar a interpretaciones bastante diferentes en cuanto a la forma en que el banco debería manejar las medidas de política económica”.
Como consecuencia de todo eso, “la práctica de la política monetaria no mejoró el diseño institucional” y “todo el período se caracteriza por un conflicto permanente y visible de objetivos” en el BCU, aseguran.
Reconocen, en cambio, algunos “avances en el tratamiento de las fragilidades financieras derivadas de la dolarización” después del 2002 mediante una estrategia con dos pilares: el reconocimiento regulatorio de fallas de mercado que conducen a la dolarización, y la recreación de los mercados de pesos para generar una alternativa viable al financiamiento en dólares. Sobre este último abundan señalando que se produjeron “cambios significativos en varias vías”: la flotación de la moneda “eliminó el seguro de tipo de cambio implícito”; la gestión de la deuda pública comenzó a incrementar el peso del endeudamiento en pesos; se crearon dos instrumentos de indexación para “competir” con el dólar —la unidad indexada y la previsional—; y el BCU “ayudó a desarrollar un mercado de futuros de tipo de cambio y la actividad de los bancos públicos se orientó hacia la actividad del peso”.
Como aspecto positivo destacan que esa “amplia agenda de reforma de la política monetaria y regulatoria condujo a una gran corrección de los descalces cambiarios y una reducción de la fragilidad financiera”. Lo negativo, dicen, es que Uruguay mantiene un “claro déficit en el desarrollo del mercado de pesos, financiamiento de largo plazo y de riesgo. Uruguay logró eliminar” parcialmente la “fragilidad, pero a costa de lograr un sistema financiero muy pequeño e indexado”. También desde la política monetaria los resultados de esa estrategia son “mixtos”, evalúan el presidente y el gerente del BCU.
El desempeño de Uruguay en el control del alza del costo de vida lo ubica en el 13% de las mayores inflaciones del mundo en los últimos cinco años; si se hubiera alcanzado la meta definida por las autoridades se habría colocado entre el 20% del mismo ranking. Entre 2010 y julio de 2020 la inflación anual estuvo por encima del rango el 83% de los meses, señalan en el “documento de política”.
“Potencia” de la política
“Muchos han cuestionado en Uruguay la capacidad de la política monetaria para lograr la estabilidad debido a malas condiciones estructurales, como la dolarización, el peso de los precios administrados en el IPC, el gran peso de los productos agrícolas en la canasta de consumo y la falta de desarrollo de los mercados de pesos. La evidencia que hemos mostrado demuestra que están equivocados”, sostienen Labat y Licandro. Lo mismo dicen respecto de la transmisión de la política monetaria, que “parece funcionar a pesar del pequeño tamaño de los mercados de pesos”.
Luego, la pregunta obvia que sigue a ese razonamiento. Si la política monetaria funciona, ¿por qué la inflación ha estado fuera de la meta todo el tiempo? Para los dos economistas, el “conflicto de objetivos de un Banco Central no independiente fue la principal causa de este resultado”. En la práctica, aseguran, cada vez que la inflación se acercaba al 10%, el tono de la comunicación del BCU se volvía “más contractivo” y, cuando se aproximaba al 7% se tornaba menos contractivo. “Algo similar” le atribuyen al MEF: la probabilidad de medidas de control de precios aumentó a medida que la inflación se acercaba al límite superior “efectivo” de 10%. Por otro lado, “ocultar al público la meta real solo genera incertidumbre sobre el valor real, que termina traspasando a la inflación”, sentencian.
Y vuelven sobre el problema de la independencia bancocentralista. Aunque el financiamiento del déficit mediante préstamos al gobierno no está permitido en los estatutos del BCU desde su aprobación en 1995, “siempre que la inflación sorpresa sea capaz de mejorar” el resultado fiscal, la credibilidad de la autoridad monetaria podría verse afectada por el “conflicto entre la política monetaria y la política fiscal. Como resultado, mientras el Banco Central mantenga su diseño institucional actual, es fundamental para cualquier esfuerzo por reducir la inflación garantizar la coherencia entre las metas fiscales y monetarias”, enfatizan. En la charla del martes Labat acotó que Uruguay “se debe algunos cambios institucionales”, aunque, matizó, es necesario “encontrar los tiempos adecuados y ciertos consensos”, sin dejar de avanzar en aquello que no requiera cambios normativos.
Antes de pasar a la agenda del gobierno en estos asuntos, el documento sintetiza el diagnóstico: “La principal causa del mal desempeño en materia de control de la inflación no fue ninguno de los instrumentos, sino la credibilidad del Banco Central relacionada principalmente con la forma en que manejó su conflicto de objetivos”.
