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En los próximos meses el gobierno argentino planea poner en funcionamiento el Sistema Riachuelo, una planta procesadora de aguas residuales que prevé verter al Río de la Plata a través de un emisor subacuático desechos industriales y aguas cloacales de más de 4,5 millones de personas que habitan en la provincia de Buenos Aires.
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Sin embargo, el proyecto parece no desvelar a las autoridades uruguayas, quienes aseguran tener bajo control el impacto ambiental que podría provocar la iniciativa. Así lo expresó públicamente el ministro de Ambiente, Adrián Peña, luego de que se conociera que Argentina no está dispuesta a realizar un monitoreo conjunto de las aguas de uso común del Río de la Plata una vez que la planta se ponga en marcha.
Un documento elaborado por el Área de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, difundido ayer miércoles por El País y al que también accedió Búsqueda, analizó dos informes solicitados a la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP): un informe de línea base, que estudia la calidad del agua y los sedimentos previo a la incidencia de la planta; y un estudio de impacto ambiental del Plan Director de Saneamiento en la cuenca del río Matanza Riachuelo, al que se pretende buscar una solución ambiental.
Según explica el estudio, el análisis se basó en un total de 147 campañas de monitoreo realizadas entre 2010 a 2019, en los emisarios Riachuelo y Berazategui. Los puntos de monitoreo, en tanto, comprendieron sitios cercanos y alejados de las zonas que pudieran verse afectadas por la instalación de los difusores, desde las aguas a menos de 1 km de la obra hasta las más cercanas a la ciudad de Colonia. Además, se analizaron parámetros como la presencia de organismos, la turbiedad, el oxígeno, la alcalinidad, metales pesados, amonio y fósforo e hidrocarburos. Por otro lado, para el estudio de los sedimentos se tomaron en cuenta los niveles de pH, cianuros, metales pesados y contaminantes orgánicos y bacteriológicos, entre otros.
Entre las conclusiones, el documento asegura que la información presentada “es suficiente, coherente y representativa del área de influencia de ambos emisarios”, alrededor de 330 km2 del Río de la Plata. Afirma que la cartera solicitó a la empresa que se encargará de la construcción que analizara las distancias desde los difusores hacia la costa uruguaya, donde existe “un 99% de probabilidad” de que se detecten valores de coliformes termotolerantes y de E. coli.
En esa línea, el informe señala que “para un mes de caudales medios de los tributarios al Río de la Plata resulta que desde la costa de Colonia hasta por lo menos 30 km aguas adentro se cumpliría con los criterios de calidad de agua para uso recreacional por contacto directo”.
“No es esperable que la descarga del emisario Riachuelo y del futuro emisario Berazategui acumulado tengan efecto sobre la costa de Uruguay. Si bien se trata de un volumen importante de descarga de efluentes, el Río de la Plata es un cuerpo receptor con capacidad de dilución más que suficiente”, destaca el informe del ministerio.
El estudio concluye, en función de esos resultados, que tanto la línea de base presentada, como el plan de monitoreo planteado para la etapa de operación son “adecuados”.
Respecto a las capacidades del ministerio uruguayo para ejecutar un plan de monitoreo en forma unilateral, el informe plantea “la importancia” de contar con los resultados del plan de monitoreo de Argentina para constatar que la operación de los emisarios no genere contaminación en las aguas del Río de la Plata. Es por eso que sugiere conformar un comité técnico para evaluar los resultados del plan de monitoreo de Calidad de Aguas y Sedimentos propuesto por la empresa pública argentina de saneamiento (Aysa) en el área de influencia del vertido del emisario. Según argumentan, esto permitiría “revisar y proponer ajustes al diseño del plan de monitoreo, evaluar los resultados obtenidos y auditar la ejecución del plan”.
En caso de que “sea de interés contar con análisis propios”, el documento asegura que el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, “cuenta con capacidad para poder realizar un monitoreo de calidad de aguas a una distancia máxima de 500-1000 metros de la costa uruguaya”.
La puesta en marcha de la planta ha sido criticada desde hace varios años por el exembajador uruguayo Carlos Orlando, quien en entrevista con el programa radial En Perspectiva el viernes 22 sostuvo que no existen actualmente investigaciones ni monitoreos, y que el gobierno uruguayo se basa únicamente en la información proporcionada por la empresa Aysa.
