América Latina hace esfuerzos para revertir el “rezago” en la protección de la propiedad intelectual

— ¿De qué manera puede la propiedad intelectual ser una herramienta para la economía del conocimiento?

Cuando tengo un invento que cumple con los requisitos de patentabilidad, la oficina de patentes da un reconocimiento para que sea el único que lo pueda explotar por 20 años. Sin duda las patentes cumplen un rol fundamental en la competitividad de las empresas y en la promoción de la innovación y cumplen un rol para la sociedad al que no le damos importancia necesaria. A pesar de que haya algunos que puedan tener críticas al sistema, tenemos que ser conscientes de que las patentes cumplen un rol fundamental en la actividad innovadora. ¡Cuántos productos que nos hacen la vida más fácil y más llevadera son el resultado de que hay patentes! Toma un teléfono inteligente, hay patentes detrás. Se nos olvida que hace 20 años usábamos teléfonos gruesísimos y pesadísimos, unos bloques que solo servían para llamar, y hoy tenemos acceso a una información muy valiosa.

—Está hablando de un sistema que rige en el mundo de la investigación y los negocios. Durante años América Latina ha estado rezagado en ese tema. ¿Qué puede hacer para avanzar?

—Las patentes son un indicador del éxito de las políticas de innovación. A mayor esfuerzo y mayores aciertos en las políticas de innovación tendremos mejores resultados en patentes. En la medida en que la región entera le dé un mejor lugar al diseño y a la coordinación de esas políticas, las cifras de patentes irán mejorando. Hay un rezago. La contribución de América Latina al volumen total de patentes es limitada, pero hay que verlo de esta manera: país por país. ¿Qué puedo hacer para ser más efectivo en esa política? Seguramente hay muchas cosas para mejorar. Podemos mirar la coherencia entre la política de innovación y la ley de patentes. Además, veo en muchos países un esfuerzo enorme por apoyos a inventores nacionales y a la pequeña y mediana industria, pero si uno analiza la ley, a menudo es complicada, difícil y con un procedimiento complejo. En la mayoría de los países de América Latina el diálogo entre la oficina de patentes y el aplicante es escaso. Se comunican a través de notificaciones formales y puede ser difícil para un gerente de una pequeña y mediana empresa interpretar qué le están pidiendo. Mientras, la administración dice: “No hubo respuesta, o es inadecuada, niéguese la patente”. En lugar de contribuir a animar la innovación podrían desanimar. Estas cosas se podrían mejorar.

—¿Qué opinión le merece que Uruguay esté fuera del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), que integran 152 países y que es requisito para la Unión Europea y para países de Sudamérica, como Chile, a la hora de negociar tratados de libre comercio?

—El PCT es un instrumento que facilita el trámite, pero no implica obligaciones en temas sustantivos. Uno de los artículos fundamentales es el 27, que dice que “a los efectos de la toma de la decisión final, cada país aplicará su legislación nacional”. En este caso será la ley de Uruguay la que aplique. Por lo tanto, no te implica ningún cambio en la política de patentes, pero facilita el ir a proteger fuera y el venir a lograr protección. He escuchado a la directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Marianela Delor, y a la señora ministra de Industria, Carolina Cosse, en varias reuniones expresar un interés del país por la adhesión al PCT.

He escuchado en foros que ciertos actores importantes, como es el caso de Uruguay, no están en el PCT. Haría que se les facilite a muchas industrias llegar acá a proteger sus patentes. También oigo a muchos uruguayos que de una manera u otra usan el PCT aún sin ser miembros, a través de sucursales o de otras nacionalidades; buscan otras maneras. Cuando uno ve cifras del PCT identifica empresas de origen uruguayo o de nacionales uruguayos, lo que muestra que hay un potencial grande. Si un día Uruguay entrara, todos ellos podrían usar el sistema para su protección internacional.

—¿Pueden ocasionar problemas en la región las diferentes legislaciones de propiedad intelectual?

—Uno de los artículos fundamentales de la Convención de París, que es administrada por la OMPI, habla de la independencia de los derechos de patentes de un país a otro. Esa capacidad que tienen los países de adoptar marcos normativos de acuerdo a su propia política y visión tiene un valor enorme, pero al mismo tiempo como solicitante, como empresario, puede ser difícil entender que haya diferencias tan grandes en temas tan simples a nivel de procedimientos. Soy el secretario del comité que discute los trabajos de patentes a nivel internacional (el Comité de Derecho de Patentes de la OMPI) y ahí discutimos todas las propuestas y tendencias en materia de patentes. Veo tanto en países desarrollados como en desarrollo el interés de entender bien lo que otros están haciendo para ver si ellos también podrían llegar a hacerlo. Veo una tendencia a la identificación de las mejores prácticas en patentes. Nadie aspira a una uniformización de las leyes de patentes, sino a que ciertos elementos del sistema en los que existe coincidencia pueda reflejarse en tratados multilaterales. Eso da predictibilidad, ayuda mucho.

En América Latina el período de gracia normalmente incluye la divulgación del invento en un período de 12 meses anterior a la solicitud de patente, pero si se intenta la protección en otras legislaciones como la china o europea, el derecho de patentes se perderá, porque allí el período de gracia es distinto y es más limitado, de seis meses. Pensemos en ese profesor universitario que divulgó por la vía de un artículo su invento: creo que se le hace difícil saber esa diferencia entre la legislación uruguaya que lo permite y la europea que no se lo permite. Todos los esfuerzos que podamos hacer para lograr una mayor armonía son bienvenidos.