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Amnistía: “Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos”
En su más reciente informe sobre el país, Amnistía Internacional endurece el tono respecto a evaluaciones anteriores y llama al Estado uruguayo a usar “todas las herramientas posibles para salvaguardar la institucionalidad” y “el Estado de derecho”
Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad de Presidencia, durante una audiencia judicial. Foto: Mauricio Zina, adhocFOTOS
“Uruguay pierde terreno en materia de derechos humanos”. Esa es la conclusión de Amnistía Internacional en su más reciente informe sobre el país, que endurece el tono respecto a evaluaciones anteriores y llama al Estado uruguayo a usar “todas las herramientas posibles para salvaguardar la institucionalidad” y “el Estado de derecho”.
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La organización publica cada año un análisis sobre la situación de los derechos humanos en 156 países del mundo. El informe global fue publicado ayer miércoles 24 y en los días siguientes se difundirán los capítulos ampliados sobre cada país. Búsqueda accedió al capítulo sobre Uruguay, que será difundido hoy jueves 25.
En el caso uruguayo, Amnistía ya había observado señales de “alarma” en sus dos últimas revisiones y había expresado preocupación por un “potencial” debilitamiento del sistema de garantías. En esta edición, la advertencia ya no es sobre un riesgo potencial sino concreto. La organización advierte que las vulneraciones a los derechos humanos detectadas en años anteriores no solo no fueron revertidas sino que en algunos casos se profundizaron.
Corrupción y violencia
Amnistía inicia su informe con una síntesis del contexto uruguayo. Allí detalla episodios ocurridos en 2022 y 2023 que “dejan entrever posibles hechos de corrupción estatal” en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Internacionales y en Presidencia de la Repu´blica. Hace referencia, entre otros, al llamado “caso Astesiano”, que derivó en la formalización por varios delitos del exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou. Además, menciona “el uso ilegal del aparato de seguridad estatal con fines de vigilancia ilegal y espionaje” a los senadores de la oposición Mario Bergara y Charles Carrera.
Amnistía también refiere a los hechos de corrupción policial que se comprobaron en torno al caso del exsenador Gustavo Penadés, formalizado por abuso y explotación sexual de menores. Esos episodios revelan “el uso del aparato de seguridad del Estado para cometer ilícitos y vulnerar los derechos de las víctimas”. En la misma línea, Amnistía hace referencia a la polémica en torno a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y los audios —divulgados por Búsqueda — que muestran a funcionarios de Cancillería discutiendo “procedimientos posiblemente ilícitos”. El episodio “nuevamente puso en cuestionamiento el uso del aparato del Estado para la realizacio´n de actos de corrupcio´n”. La organización advierte que estos hechos visibilizan “el debilitamiento del sistema de garanti´as de derechos del pai´s impactando directamente en el ejercicio de derechos civiles y poli´ticos de la poblacio´n”.
En su análisis del contexto uruguayo, Amnistía también menciona la ausencia de “medidas eficaces” por parte del gobierno para enfrentar los delitos violentos. Muestra de ello es, sostiene, el Estudio Global sobre Homicidios de 2023 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que muestra a Uruguay como el segundo país con mayor tasa de homicidios motivados por el crimen organizado.
El capítulo cierra mencionando la “preocupación” que generó “el cambio de postura” de Uruguay en materia de poli´tica exterior en derechos humanos. La evaluación se refiere a la abstención uruguaya frente a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que pedía un cese al fuego en la Franja de Gaza. Amnistía insta al gobierno a “retomar sus posturas históricas” a favor de la protección de los civiles en los conflictos armados.
Libertad de expresión, cárceles e impunidad
De acuerdo al informe de Amnistía, durante el 2023 ocurrieron “hechos graves” que limitaron el ejercicio de la libertad de prensa y el acceso a la información en poder del Estado. Cita el informe de la ONG Cainfo, que identificó 69 casos de restricciones y amenazas a la libertad de expresión de periodistas (entre 2022 y principios de 2023) y señala que persistió el uso de discursos estigmatizantes hacia periodistas por parte de jerarcas públicos.
La organización también pone el foco en el sistema penitenciario. Describe una situación de “crisis” y advierte que las condiciones de detención “continuaron deteriorándose” en 2023. Esto ocurre al tiempo que la población presa crece de forma “exponencial”, ubicando a Uruguay como el décimo país con mayor tasa de prisionización del mundo.
La cifra récord de 15.407 prisioneros que se alcanzó a fines de 2023 significa un aumento de 31% desde 2020 y revela una situación de “hacinamiento extremo” en las cárceles. Amnistía también expresa preocupación por las 53 muertes ocurridas bajo custodia.
La organización subraya con preocupación el aumento de mujeres privadas de libertad, que alcanzó la cifra récord de 1.157 en diciembre de 2023. Además, señala que hay 64 niños y niñas menores de 4 años encerrados junto con sus madres, mientras que otros 1.280 tienen a su madre encarcelada. Amnistía critica las normas vinculadas a la lucha contra el microtráfico que fueron aprobadas en la Ley de Urgente Consideración: “Esta legislación requiere de una revisión urgente” para evitar una “criminalización indiscriminada” de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, el informe se refiere a las investigaciones sobre los crímenes ocurridos durante la última dictadura civil-militar (1973-1985) y señala que “no se han producido avances sustantivos”. Esto mantiene “una impunidad estructural en cuanto a derecho a la verdad, justicia y reparación de familiares de víctimas de desaparición forzada”.
Género
Amnistía advierte que las desigualdades de ge´nero se “continu´an profundizando” en Uruguay. Dice que persisten dificultades en relación con la agenda de derechos sexuales y reproductivos y cuestiona la “invisibilización” de las situaciones de embarazo infantil. Indica que 119 menores de 15 años quedaron embarazadas entre mayo de 2021 y abril de 2023; el 50% fue resultado de un abuso sexual. También alerta sobre los 346 casos de explotación sexual comercial de menores (86% niñas) que se registraron en el año.
A su vez, señala que 23 mujeres fueron víctimas de femicidio durante 2023, lo que ubica a Uruguay como el país con la tercera tasa ma´s elevada de femicidios de la región, segu´n la Cepal. En lo que refiere a los delitos sexuales, durante 2023 se registraron 3.328 denuncias, indica Amnistía. La organización advierte que el aumento de la violencia de ge´nero en el pai´s esta´ “estrechamente vinculada a los obsta´culos que au´n persisten en la aplicacio´n de la ley de violencia de ge´nero” (Nº 19.580)”, debido a la falta de recursos.
