Como primer elemento, menciona la investigación judicial en torno al jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y señala que, en ese marco, se filtraron a la prensa mensajes de texto de diálogos que aluden a “posibles hechos de espionaje y vigilancia ilegal sobre referentes políticos de la oposición, referentes sindicales, estudiantes y docentes”.
“De confirmarse judicialmente los supuestos sucesos de espionaje y vigilancia, así como también los presuntos hechos de corrupción policial, podría impactar en el sistema de garantías de derechos, fundamentalmente en lo que refiere a derechos civiles y políticos, en tanto se verificaría la utilización del sistema de vigilancia oficial para investigar y perseguir personas civiles, políticas, sindicalistas, entre otras”, advierte.
Amnistía Internacional dedica un apartado a la situación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) en el que cuestiona la última renovación de autoridades. Sostiene que “los partidos políticos con representación parlamentaria presentaron expresamente postulantes como representantes suyos”, lo que es “contradictorio con el estándar de autonomía con el que deben contar las personas que integran el Consejo Directivo”.
El capítulo de contexto también advierte sobre algunos aspectos de la política de seguridad. En particular, llama la atención sobre el incremento de los homicidios —25% más en 2022 respecto a 2021—, de los femicidios y de los delitos basados en violencia de género.
Por otro lado, la organización sostiene que Uruguay mostró en el último año un deterioro en su sistema de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. “El examen de los Comités de la ONU sobre la Tortura, los Derechos Humanos y las Desapariciones Forzadas detectó un debilitamiento en el mecanismo nacional de Información y Seguimiento y una falta de diálogo con la sociedad civil. Los tres comités expresaron su preocupación ante este debilitamiento y realizaron observaciones”, detalla el texto.
Como cierre del contexto, Amnistía Internacional señala que a pesar de que la pandemia se vio superada en 2022, persisten “desigualdades socioeconómicas” derivadas. En particular, alude a las dificultades de parte de la sociedad para acceder a la alimentación.
Libertad de expresión
Ya en su reporte de 2021 Amnistía Internacional había expresado preocupación por el estado de situación de la libertad de prensa y el acceso a la información pública. El informe 2022 mantiene esa inquietud y advierte por “hechos graves que generaron limitantes” para periodistas.
El informe cita el ranking de libertad de expresión de la organización Reporteros sin Fronteras en el que Uruguay descendió 26 puestos, del 18 al 44. Aunque recuerda que en parte se debió a “un cambio en la metodología”, llama a “no minimizar” la caída. En complemento, menciona el informe del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), que calculó un aumento de 90% en 2021 respecto a 2020 de amenazas registradas hacia el ejercicio del periodismo en el país y también un incremento de 400% en procesos civiles o penales contra periodistas o medios.
El apartado sobre libertad de expresión enumera algunos casos particulares graves: recuerda que un periodista denunció una persecución nocturna —en referencia a Alfonso Lessa— y otro —en referencia a Eduardo Preve— “fue expuesto a posibles represalias judiciales por publicar información reservada referida al Plan Nacional de Inteligencia”. Además, menciona también el juicio de la exjerarca del Ministerio de Desarrollo Social Gabriela Bazzano contra la diaria y recuerda que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de los procesos penales, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay.
También se recoge el caso de los periodistas de El Observador que decidieron publicar información del caso Astesiano en sus perfiles particulares de redes sociales al verse impedidos de hacerlo en el medio al que pertenecen.
En cuanto a la herramienta de las solicitudes de acceso a la información pública, el reporte advierte que un número considerable de pedidos no reciben respuestas satisfactorias. A eso se suma un leve deterioro en los índices de transparencia activa.
El capítulo de libertad de expresión también alude a “casos preocupantes vinculados a presuntas medidas de vulneración del derecho a la privacidad del sindicato policial”. Por ejemplo, recuerda que en setiembre ese gremio pidió al Ministerio del Interior que hiciera una investigación urgente porque varios policías decían tener sus teléfonos intervenidos.
En una línea similar, se recuerda un episodio de limitación “en el ejercicio del derecho a la protesta” que se dio cuando la Administración Nacional de la Educación Pública prohibió a los estudiantes manifestarse en el interior de los centros de enseñanza secundaria en reclamo de mayor presupuesto.
Cárceles, impunidad y género
“Las deficientes condiciones carcelarias denunciadas en 2021 persisten sin que se vislumbre el avance hacia una política robusta de rehabilitación”, comienza el capítulo sobre personas privadas de libertad. Luego detalla que Uruguay tiene la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de Sudamérica, en condiciones insalubres y de “intenso hacinamiento”.
La situación carcelaria del país, apunta el informe, fue señalada por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. En octubre de 2022 ese organismo expresó su preocupación por el aumento de la población carcelaria del país y las malas condiciones de reclusión.
Amnistía Internacional hace énfasis en la situación de las mujeres privadas de libertad, que son 1.034, el mayor registro histórico y un 28% de aumento respecto a 2021. El texto argumenta que esta realidad tiene una fuerte incidencia del incremento de penas al microtráfico a través de cambios normativos introducidos por la Ley de Urgente Consideración y llama a promover modificaciones.
El bloque sobre privación de libertad dedica un par de párrafos a los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Allí se señala que, aunque hubo 14 condenas a miembros actuales o retirados del Ejército y la Policía, no hubo avances en la búsqueda de personas desaparecidas, lo que mantiene “una impunidad estructural en cuanto al derecho a la verdad y la memoria” de sus familiares.
Otro apartado del capítulo uruguayo analiza la situación de desigualdad de género. En este segmento se señala que en 2021 hubo 108 embarazos en niñas y adolescentes, la mayoría de ellos vinculados a situaciones de violencia y abuso sexual. También se apunta que la normativa nacional va contra los estándares internacionales en materia de matrimonios en menores de edad, al poner los 16 años como edad mínima cuando se sugiere que sea 18 años.
Según Amnistía Internacional, Uruguay se mantiene como “un país hostil” para las niñas y mujeres en materia de violencia. En 2022 crecieron los homicidios de mujeres (fueron 42, 10 más que en 2021) y más de la mitad se catalogaron como femicidios. Además, se registró un aumento de las denuncias de violencia doméstica, que llegaron a 33.350, y de las denuncias de abuso sexual, que fueron 2.766.
“El aumento de la violencia de género está estrechamente vinculado a los obstáculos que aún persisten en la aplicación de la ley de violencia de género”, afirma el documento.
El texto apunta también a las dificultades para consolidar el Sistema Nacional de Cuidados. “En tanto el Estado no implemente efectivamente el Sistema Nacional de Cuidados no solo se estarán vulnerando los derechos de las personas en situación de dependencia sino también los de las mujeres en tanto su uso del tiempo se ve afectado por esta situación”, dice.
Nadie exento
En las conclusiones, Amnistía Internacional llama al Uruguay a “utilizar todas las herramientas posibles para salvaguardar la institucionalidad, el Estado de derecho y garantizar a la población el pleno ejercicio de todos los derechos humanos”. Hace recomendaciones concretas en políticas de libertad de expresión, condiciones de reclusión, impunidad por crímenes del pasado reciente, salud mental y desigualdad de género.
Tal como lo resalta expresamente el informe, la situación nacional sigue siendo de referencia en el contexto general y regional. Sin embargo, Pérez hizo énfasis en la importancia de la comparación propia. “Sí, es probable que haya países que estén mucho peor, pero eso no implica que Uruguay esté blindado, que haya plantado bandera y ya está. El ejercicio de revisión invita justamente a ver cosas que nos están preocupando. A veces se da eso de descansarnos en la imagen de Uruguay y no reconocer determinadas señales que debemos atender”, dijo.
El cambio de tono en el capítulo uruguayo no pasó desapercibido para referentes de otros países de Amnistía Internacional. En ese sentido, la directora ejecutiva de la organización en Uruguay reconoce que la situación tiene cierto impacto en la imagen internacional del país, aunque también sucede que el contexto general está marcado por muchos países que exhiben un aumento de la presencia de discursos de odio y del descrédito de los sistemas de garantías.
Pérez recordó que el objetivo de los reportes de Amnistía Internacional es generar “conversación pública” y que sean una “herramienta de trabajo” para los tomadores de decisión. En esa línea, consideró que esta vez el capítulo sobre Uruguay deja un “gran llamado” de atención: “Ningún país está exento de que sus conquistas puedan retroceder”.
