Amnistía Internacional ve “alarmante” el aumento de denuncias de abuso sexual en menores de 15 años y pide mejoras institucionales

REDACCIÓN  
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Desde 2013 se registra en Uruguay un descenso de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años (embarazo infantil). Al mismo tiempo hay un aumento de las decisiones de aborto en esa población, lo que deviene en una disminución de la maternidad.

Estos fenómenos están reflejados en un informe de Amnistía Internacional. El trabajo muestra que en 2013 —el año que entró en vigencia la despenalización— se detectaron 264 embarazos infantiles de los cuales 190 terminaron en nacimientos y 74 (28%) fueron abortos. Para el 2021, los embarazos se redujeron a más de la mitad, fueron 108, y aumentaron a 53,7% (58 casos) las niñas y las adolescentes que optaron por la interrupción voluntaria.

Amnistía Internacional sugiere que esos cambios obedecen en buena medida a una captación más temprana de los casos, lo que permite optar por el aborto. Además, sostiene que las niñas y las adolescentes reciben más información para abordar sus embarazos, que son entendidos como consecuencia de situaciones de abuso y vulneración de derechos.

Sin embargo, la organización advierte que es “alarmante” el incremento de denuncias de violencia, específicamente de abuso sexual. Según los registros del Sistema Integral de Protección hacia la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), mientras que en 2020 se detectaron y atendieron 4.911 casos, para 2021 la cifra aumentó a 7.035.

El aumento sostenido, según el informe, no solo refleja que hay una mayor cantidad de situaciones de abuso, sino que puede ser consecuencia también de la mejora en la capacidad de detectarlas para intervenir. Como ejemplo se señala la creación del Sipiav en 2019, a partir de la Ley Integral de Violencia Basada en Género, además del efecto en los registros de la “desnaturalización” de la violencia.

“Se captura mejor la realidad, pero no se puede desconocer que la tendencia es al aumento”, dijo a Búsqueda Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay.

Niñas, no madres

El embarazo infantil limita el desarrollo de las capacidades y la formación de las menores, hace que sean más propensas a abandonar la escuela, que luego tengan dificultades para obtener ingresos y vivan en la pobreza y genera crisis en el entorno familiar. A todo esto se suma el estigma social.

Pérez Chabaneau destacó que, además de los riesgos propios del embarazo en cuerpos que apenas están preparados, también hay un impacto importante en la salud mental de las víctimas. “El embarazo en menores de 15 años da cuenta de carencias en la protección hacia las niñas, lo que debería interpelar a varias instituciones”, afirmó.

El informe plantea una serie de recomendaciones frente a las dificultades que existen para detectar y atender las situaciones de violencia hacia niñas y adolescentes. Entre las sugerencias apuntan a prestar mayor atención en el sistema de salud ante eventuales consultas por embarazos o usos de anticonceptivos en edades tempranas. Ese tipo de inquietudes pueden ser evidencia de eventuales abusos.

A su vez, consideran que se debe fortalecer el rol del sistema educativo. Plantean que es clave incorporar la educación sexual a los programas obligatorios en todos los niveles. Para Pérez Chabaneau, el tratamiento actual de la educación sexual es “irregular” y “no tan universal como debería ser”.

El informe de Amnistía Internacional destaca como un “hito” la incorporación del dispositivo de notificación de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en 2021, a través del cual los médicos pueden generar una alerta cuando toman contacto con un caso de embarazo infantil o una sospecha y un equipo interviene.

Amnistía Internacional considera “fundamental” que el dispositivo de notificación no dependa de las voluntades de los técnicos sino que sea obligatorio y se extienda al sistema privado.

Para la organización, es necesario aumentar los recursos de las instituciones que monitorean las situaciones de embarazo infantil. En la práctica, sucede que muchas veces se realiza la intervención para que cese la violencia contra niñas y adolescentes, pero no existen capacidades para que sean acompañadas en caso de existir un proceso judicial o para producir la autonomía de las menores, según plantea el informe. Para Amnistía Internacional es importante que las víctimas de violencia sexual reciban una reparación, además de ser atendidas, que debe implicar un acceso a la Justicia que las “dignifique”.

“El recorrido no debe ser tortuoso, debe tener perspectiva de género y de infancia”, dijo Pérez Chabaneau.

Información Nacional
2022-11-09T23:49:00