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    Amplia reforma laboral en Brasil genera “preocupación” a industriales uruguayos

    Ocho de cada 10 dólares exportados a Brasil en 2016 fueron productos industriales. Pero ante la reforma que ese país pondrá en marcha, flexibilizando sus normas laborales, la competitividad con ese mercado puede deteriorarse, advirtieron con “preocupación” desde el sector manufacturero nacional.

    “El problema está a la vuelta de la esquina, ya no es que venga un brasilero que traiga una manteca acá, cuando hace años que a la de Conaprole la eligen en las góndolas de San Pablo. Es que pueden dejar de comprarnos porque dejemos de tener ese margen”, dijo a Búsqueda Andrés Fostik, presidente de la Comisión de Relaciones Socio Laborales de la Cámara de Industrias (CIU).

    “Con esto, ellos ganan en productividad y son más competitivos. Han hecho algo estructural para serlo y nosotros seguimos con la guardia vieja, mirando los figurines de la abuela, y queremos hacerle creer a la OIT que ocupando los lugares de trabajo y piqueteando a las empresas vamos a sacar al país adelante. Mientras, los robots son los que están buscando empleo. Uruguay debería aggiornarse y reconocer que el mundo cambió”, agregó el dirigente empresarial.

    Para Fostik, si la reforma laboral en Brasil da los resultados esperados, mejorando el clima de negocios y la competitividad de sus industrias, Uruguay además “perderá valor para alojar empresas” extranjeras.

    El presidente de la CIU, Washington Corallo, también manifestó a Búsqueda su “preocupación” por el impacto que puede sufrir el sector fabril uruguayo por la flexibilización laboral en Brasil.“Esto dotará de mejor competitividad a los productos brasileros y se verá reflejado en el precio”, aseguró. Frente a esto, “es hora de pensar en los futuros empleos, en que hay un mundo moderno. Si no empezamos a ver que cae la demanda de mano de obra por la automatización, que las empresas no reponen personal y que si en el país se contemplaran todas las partes — empresarios y trabajadores—, podríamos tener empleo pleno, estamos en problemas”, reflexionó.

    “Cuando recibimos gente de afuera que piensa en instalarse aquí y ven el costo país y el régimen laboral, se desalientan”, señaló.

    La reforma

    Atravesando una recesión económica —con 13,3% de desempleo— e inestabilidad política, el Congreso aprobó a mediados de julio una modernización de las leyes laborales. Según el gobierno de Michel Temer, el marco legal —de 1943— había quedado obsoleto frente a nuevas formas de trabajar y producir, lo que se hizo evidente con el crecimiento constante de las causas judiciales relacionadas al mundo laboral (solo en 2016 la Justicia del Trabajo en Brasil recibió cuatro millones de nuevas acciones legales).

    La reforma comenzará a regir a los 120 días de votada, es decir a mediados de noviembre. Algunas de las principales modificaciones son: los acuerdos por empresa e individuales pueden prevalecer sobre los de tipo colectivo; se flexibilizan las condiciones de despido; se acotan las condiciones para los litigios laborales; se amplía la posibilidad de tercerizar tareas, y se reglamenta el teletrabajo.

    Con este nuevo marco, aunque se mantienen los derechos de los trabajadores relativos a una jornada diaria de ocho horas y de 44 semanales, de percibir aguinaldo, de tener 30 días de vacaciones al año y a la libre sindicalización, entre otros, es posible llegar a acuerdos individuales con la empresa en términos diferentes a los pactados en el convenio sectorial. Por ejemplo, las vacaciones pueden fraccionarse en hasta tres períodos (actualmente se permiten dos) y se habilitan jornadas de trabajo de hasta 12 horas, siempre que no se supere el tiempo máximo semanal. El tiempo de traslado del empleado desde y hacia el lugar de trabajo dejará de computarse como parte de la jornada o semana laboral, y quedará librado al acuerdo que alcancen las partes.

    También se permite el despido por mutuo acuerdo, reduciendo a 15 días el plazo de anuncio por parte del empleador del cese de la relación; el trabajador podrá acceder a 80% de la indemnización, pero pierde el derecho al seguro de desempleo.

    La reforma, muy discutida en el Congreso, genera apoyo y resistencia entre los actores sociales. La Confederación Nacional de Industrias (CNI) de Brasil fue una de las defensoras.

    Alexandre Furlan, presidente del Consejo de Relaciones Laborales de la CNI, dijo a Búsqueda que los cambios no dejan sin protección a los trabajadores ya que los derechos están contemplados en la Constitución y alegó que la reforma busca la “sustentabilidad de las empresas, la competitividad y productividad”.

    Furlan, que además es vicepresidente regional de la Organización Internacional de Empleadores, consideró que la reforma se enmarca en la “excesiva” protección de la Justicia laboral que estaba “inhibiendo” a los inversores y “apartando” a los empresarios del país. “En el último año 143 empresas brasileñas se fueron a Paraguay por el programa de incentivos fiscales y la inseguridad total”, afirmó.

    Acotó que el nuevo marco no es solo para beneficiar a los “grandes bancos, para Bradesco, Gerdau, Nestlé. La reforma es para 85% de empresarios que tienen hasta 15 empleados, que están en una situación de inferioridad ante un sindicato que recibe un montón de plata y que puede hacer lo que quiera”.

    A su juicio, será una ley “muy ventajosa para todos” y por la que “mucha gente migrará hacia la formalidad”. Además, para el dirigente de la gremial de industriales brasileños, la reforma dará mayor seguridad jurídica y ello contribuirá al crecimiento económico de Brasil; “estábamos en las manos de un activismo judicial sin precedentes en lo laboral”.

    Fuera de ese país, la reforma abrió el debate de modernizar las leyes del trabajo, como está sucediendo en Argentina. En Uruguay el tema no pasó inadvertido. “¿Cuánto falta para empezar a escuchar, de parte de representantes empresariales y políticos, sobre las bondades y necesidades de una ‘modernización’ de nuestra ‘vetusta y rígida’ normativa laboral? Quizá sea tiempo de que nos pongamos a debatir como sociedad cómo logramos consolidar constitucionalmente algunos derechos que se han conquistado en estos años”, planteó el diputado oficialista Daniel Caggiani, en una columna publicada en La Diaria el 29 de julio.

    Para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, la reforma laboral en Brasil hace “retroceder dos siglos o tres los derechos de los trabajadores”, dijo el 24 de julio en radio Montecarlo. Consultado por Búsqueda, agregó que esta “circunstancia” es una “oportunidad para que los órganos sociolaborales del Mercosur, que existen y funcionan, se reúnan para analizar la normativa” y los cambios en la región.

    “Bastante complicado”.

    En 2016 Uruguay exportó a Brasil US$ 1.243 millones; 53% fueron bienes agroindustriales —especialmente lácteos y arroz— y otro 30% correspondió a plásticos, medicamentos, químicos y automóviles, entre otros rubros. Para el sector fabril, sin considerar las zonas francas, Brasil es el principal destino, según datos proporcionados por la CIU.

    El gerente de Cristalpet, Álvaro Queijo, opinó que el cambio legal en ese país puede conducir a una “mayor productividad” de las industrias brasileñas y “jugar bien fuerte en el valor final de los productos”.

    Cristalpet exporta el 70% de su producción de preformas de envases plásticos y tapas a Brasil. Además, desde 2008 produce en ese país, por lo que conoce de primera mano el sistema de relaciones laborales.

    Para Queijo, competir con Brasil ya era “bastante complicado” porque si bien tiene un costo salarial similar al de Uruguay, allí no hay tantas jornadas perdidas por conflictos, lo que hace a las fábricas brasileñas más productivas. “Acá realmente hay que pensar varias veces en contratar un trabajador, porque si la actividad desmejora y se precisa reducir puestos, es problemático”, comentó.

    Planteó que, en Uruguay, el sistema de ocho horas implica más rotación y cambios. La posibilidad de trabajar en algunos sectores con turnos de 12 horas traería ventajas de productividad para las empresas y redundaría en menores costos de traslado, así como más días libres para los trabajadores. Calculó que en lugar de trabajar 25 días al mes, se pasaría a hacerlo 15, por lo que en lugar de reducir la jornada se reduciría el tiempo total en el mes. “Lamentablemente, acá hay tabúes históricos y no lo veo viable, por más que este tipo de flexibilidad son cosas de ganar-ganar para empresarios y trabajadores”, señaló.

    Economía
    2017-08-10T00:00:00