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La situación de caja y la salud financiera de Ancap es algo que el Poder Ejecutivo evalúa cada mes al definir tarifas de los combustibles. Pero, para el director en representación del Frente Amplio, Vicente Iglesias, el gobierno “no está protegiendo adecuadamente la ecuación económica” del ente sino que la utiliza para “ajustar la variable de precios al mercado interno”, cuando debería “equilibrar las cuentas”.
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Por eso, entre otros cuestionamientos, en la última sesión del directorio del mes de julio el jerarca de la oposición votó en contra del proyecto de presupuesto de Ancap para 2023 y que el ente elevó al Poder Ejecutivo para su consideración.
Según surge de la resolución 467, la programación operativa, financiera y de inversiones del ente, para el año próximo prevé un déficit de $ 115,8 millones (unos US$ 2,9 millones, calculados al tipo de cambio promedio de ayer miércoles 10). Y ese resultado negativo, indica, será solventado con financiamiento externo.
El proyecto de presupuesto aprobado prevé ingresos por $ 177.314 millones (unos US$ 4.423 millones) y egresos por $ 177.430 millones (US$ 4.426 millones).
Para Iglesias, “la génesis” de ese déficit presupuestal está “en que la política del Poder Ejecutivo es errónea e inconveniente para la población y para Ancap”, declaró a Búsqueda. Consideró que “no se puede tomar (prestado) dinero para la caja” y explicó que “gran parte” del desequilibrio proyectado para el año próximo tiene que ver con la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja.
“El déficit está diciendo que la política que se ha llevado adelante no generó los ahorros para hacer el mantenimiento de la refinería. No están y hay que tomar prestado. Esa es otra expresión de lo erróneo de la política del Poder Ejecutivo”, afirmó.
La detención de la planta de refinación se realiza cada cinco años y se contabiliza como parte de las inversiones de la empresa estatal, e incide en las cuentas de más de un período de gobierno. La inversión total de la parada que se prevé realizar en la primavera del 2023 ronda los US$ 25 millones, informó Iglesias. Señaló que será una parada “grande” porque involucrará el cambio de equipos importantes relacionados con el proceso de cracking de petróleo.
El director planteó reparos en cuanto al presupuesto de inversiones y el operativo. Sobre el primero de esos rubros, dijo que “no contempla las (inversiones) mínimas necesarias que permitan el cumplimiento de los lineamientos estratégicos, aprobados recientemente” por las autoridades del ente. En cuanto al presupuesto operativo, afirmó que si bien en la sala del directorio se indicó que ha aumentado, en su opinión, “resulta insuficiente”.
En cuanto a la dotación de personal, el director por el Frente Amplio manifestó que “si bien hay avances” en relación con lo presupuestado para el 2022, las directivas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto siguen siendo “extremadamente restrictivas”. Evaluó que Ancap está en una “situación límite” y con el “mínimo histórico de personal”, lo que está resintiendo su “gestión diaria”. Agregó que el personal tiene “muchísimo trabajo” y que la “deficiencia” se está empezando a notar en cuanto a la “calidad, profundidad y oportunidad” de los desempeños y tareas.
Por otro lado, Iglesias cuestionó que la cifra establecida como “subsidios” no está acorde con los creados por ley.
Alur
Iglesias también marcó su discrepancia sobre la capitalización prevista para la subsidiaria Alcoholes del Uruguay (Alur), lo que, según dijo, fue informado en la misma sesión de directorio en la que se aprobó el proyecto de presupuesto.
Señaló que la capitalización anunciada es “consecuencia de una política de gestión” que no comparte y que se relaciona con la disminución en el porcentaje de mezcla de biodiésel en el gasoil, lo que tiene un impacto negativo en la emisión de gases de efecto invernadero. Desde principios de este año Ancap dejó de mezclar biodiésel con gasoil, un cambio que se realizó para reducir el sobrecosto en el precio del combustible de la producción. La ley de agrocombustibles obligaba al ente a mezclar 5% de biodiésel (producido en el país) en el gasoil comercializado en el mercado local.
“Ancap no le compra más biodiésel a Alur. Además, incumplimos el acuerdo que Uruguay tiene en materia de reducción de emisiones a nivel internacional. Esta política no es correcta. Si bien es cierto que el biodiésel es más caro, la política de descarbonización nos beneficia a todos. Eso también es cierto. Y el sobrecosto sobre el gasoil, tampoco era significativo”, comentó el jerarca.
Otra fuente consultada por Búsqueda dijo que Alur “tiene que hacer una capitalización” y no tiene recursos para ello.
Desde del Ministerio de Industria señalaron a Búsqueda que se comenzará a pagarle a Alur lo que cuesta la molienda de oleaginosos, que hace la empresa Cousa, más una “diferencia del subsidio” relacionada con la producción de azúcar en Bella Unión. Indicaron que no se trata de una capitalización propiamente dicha, porque no es que Alur esté en mala situación financiera, sino que se busca ajustar y transparentar costos.
Agregaron que el monto rondaría los US$ 25 millones.
Alur, que pertenece en un 91% a Ancap y 9% a Petróleos de Venezuela, ganó US$ 2,9 millones en todo 2021. Mientras, en el primer trimestre de 2022 —un período que tiene una zafralidad importante— perdió un monto similar (US$ 3,1 millones). Actualmente esa empresa está elaborando aceite vegetal y biodiésel para exportar, además de los otros productos que destina al mercado local (azúcar, etanol y alcohol, principalmente).