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Tras la retirada de Petrobras de la distribución de gas natural por cañería en la capital (Montevideo Gas) y el interior del país (Conecta), el Estado uruguayo absorbió las acciones de ambas sociedades y Ancap asumió la gestión conjunta de ese negocio, obteniendo resultados económicos positivos. Ahora el ente avanza en la unificación de ambas sociedades —a través de la capitalización de Conecta— para que, luego, se ofrezca a privados la “mayoría” del paquete accionario de la empresa que tendrá todos los activos de gas natural del Uruguay y una concesión extendida por 30 años.
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“Hoy en los hechos el funcionamiento está unificado. Con la capitalización de Conecta se concentran todos los activos de gas natural del país y queda una empresa con un patrimonio mucho más grande y un paquete mucho más atractivo que solamente el negocio de la distribución”, explicó a Búsqueda el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.
La idea, señaló, es “avanzar rápidamente” y hacer este mismo año la licitación de la parte mayoritaria del paquete de Conecta, si bien formalmente es el Poder Ejecutivo el que debe encomendar a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) a que realice el llamado competitivo.
El sindicato del gas rechazó este plan de privatización en un comunicado de mediados de abril y se reunió con Stipanicic. “No vemos argumentos para privatizar. Estamos en la mejor situación para que la gestión siga como viene” dentro del sector público, dijo a Búsqueda Alejandro Acosta, dirigente de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas. Consideró “grave” que se “reincida” en el camino de la privatización cuando la gestión bajo el sector público arrojó buenos resultados, y dijo que si bien la decisión de privatizar toda o una parte del negocio es del Ejecutivo, la propuesta de Ancap de avanzar en esa línea “no es inocua”. Argumentó que en este tiempo se logró disminuir costos, aumentar las ventas y realizar inversiones con fondos propios.
En 2021, el resultado operativo del negocio fueron ganancias por US$ 3 millones, según los datos presentados por Ancap en abril.
El año pasado el sector del gas natural facturó US$ 55 millones —sin incluir el IVA— por 57,9 millones de metros cúbicos (aumento de 3,3%) provistos a 57.281 clientes, la mayoría residenciales (el resto eran ocho industrias y casi 1.600 comercios). Esto involucra una red de cañerías de 1.260 kilómetros.
Capitalización
Tras un largo conflicto y alegando baja rentabilidad, Petrobras y la administración del entonces presidente Tabaré Vázquez acordaron el retiro de la petrolera brasileña en setiembre de 2019. El Estado uruguayo absorbió el 100% de las acciones en el negocio a través de la constitución del Fideicomiso de Distribución de Gas Natural, que administra la CND.
En su Ley de Presupuesto de diciembre de 2020, el actual gobierno facultó al Poder Ejecutivo a rescindir los contratos de concesión con las empresas distribuidoras de gas natural y a otorgar, “mediante proceso competitivo, una o más concesiones para la construcción y explotación de sistemas de distribución del gas por cañería para todo el territorio nacional, por un plazo de hasta 30 años, en condiciones que se adecuen a las bases” que se establecerán.
Avanzando en esa dirección, el 31 de marzo pasado Ancap aprobó por mayoría la capitalización de Conecta (45% propiedad del ente) y la extensión de la vigencia de la concesión por 30 años para que esa sociedad “sea atractiva para el llamado de un proceso competitivo”.
La capitalización ya se está ejecutando, informó Stipanicic. Esa sociedad absorberá los activos del fideicomiso constituido con lo que era la participación de Petrobras en Conecta y Montevideo Gas (55% y 100%, respectivamente). Además, Ancap integrará a Conecta sus activos en Petrouruguay y en Gasoducto Cruz del Sur (100% y 20%). Al pasar raya, Ancap quedará con una participación de 45% en la sociedad “por un tema matemático”, pero de una sociedad con más valor económico, explicó el jerarca.
“Al tener una empresa integrada y la posibilidad de vender la participación de Ancap —que no quiere decir que lo hagamos porque no sé si vamos a ir por ese camino— la parte de Ancap se valoriza más”, señaló.
Explicó que hoy el negocio de Petrouruguay y Gasoducto Cruz del Sur no genera ganancias.
Para Stipanicic, la posibilidad de valorizar la participación del ente en Conecta pasa por “defender la posición de Ancap, que debió introducir el gas natural y hacer inversiones muy grandes a lo largo de muchos años” y luego tuvo que asumir que el negocio quedara “trancado por falta de disponibilidad” del producto desde Argentina.
“Paquete atractivo”
El presidente de Ancap indicó que, mirando hacia delante, el hecho de haber logrado en este tiempo reducir costos por la unificación del funcionamiento de las dos empresas “no es suficiente” para alcanzar las condiciones de desarrollo del negocio. “Porque no tenemos suficiente gas, no podemos conectar un domicilio más”, afirmó.
Comentó que ahora se están creando las condiciones para que cuando se haga el llamado a privados se interesen, por ejemplo, productores de gas natural de Argentina. Informó que Ancap ha recibido a algunos interesados de ese país que se mostraron “optimistas y ven la posibilidad de crecimiento del mercado uruguayo como algo atractivo”.
“Estamos buscando a alguien que tenga interés en traer gas natural de Argentina o que invierta en pequeñas regasificadoras que complementen la producción de Argentina. (…) Es un paquete más atractivo que solamente la distribución. Es la posibilidad de traer gas de cualquier lado o hacer pequeñas regasificadoras, lo que permitiría desarrollar el negocio en Uruguay”, abundó.
El sindicato sostiene que el plan de reprivatización del gobierno podría ser violatorio de la Constitución, según cómo se proceda. Señala que al unificar bajo la empresa Conecta la totalidad del negocio del gas natural del país y luego licitar la sociedad a privados, se viola el artículo 85, inciso 17, que establece que para conceder monopolios al sector privado se necesita una ley que sea aprobada por “dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara”, lo que no sucedió con la ley de Presupuesto.
Stipanicic alegó que ese argumento “no tiene asidero”, ya que no se constituirá un monopolio privado porque no se le daría la exclusividad para operar.