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En la región y en el mundo las fábricas de cemento tienen capacidad instalada de sobra y, sin embargo, hay en marcha varios proyectos industriales que incrementarán la puja por un mercado repartido entre pocos jugadores. Esa realidad se replica en Uruguay y pone en jaque el futuro de ese negocio en la órbita pública, dados los malos resultados que arrastra hace 20 años la división Portland de Ancap.
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De hecho, el ente está sondeando entre empresas del exterior el interés por invertir en su negocio para hacerlo rentable frente a una competencia mayor desde 2021, con el inicio de la producción de Cielo Azul Cementos y Calizas, en Treinta y Tres. Eso, mientras avanza en el análisis de otros posibles escenarios de salida (cese de las operaciones de la planta de Paysandú, mejoras de gestión e inversiones ambientales “mínimas” en la planta de Minas, etcétera) presentados al sindicato —que se declaró en lucha— y a actores políticos que no están del todo alineados, dijeron a Búsqueda fuentes de Ancap. “Alrededor de todo esto hay decisiones políticas, estratégicas y comerciales que se mezclan” en medio de la carrera de las elecciones municipales, comentó un informante. Pero, señaló, antes de fin de año se prevé tomar una decisión sobre el futuro del negocio del cemento del ente, que este año volverá a arrojar pérdidas de unos US$ 8 millones.
Ancap cuenta con reservas calcáreas de decenas de millones de toneladas que aseguran el abastecimiento del mercado uruguayo por varias décadas y activos en la planta de Paysandú (el horno III) que con la inversión de un privado harían rentable el negocio orientado a la región.
“Cuando los estudios estén acabados y haya alguna conclusión, veremos, hoy no hay decisión tomada”, dijo el lunes 20 el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, en el marco de un acto organizado para presentar públicamente a los integrantes del Directorio. Y añadió: “Lo que no podemos tolerar es que las cosas sigan como están o que alguien venga de afuera y nos imponga una solución. Acá lo que vamos a hacer es lo que profesionalmente corresponda hacer y en diálogo con los trabajadores”.
Ese mismo día, la coordinadora de sindicatos de Ancap resolvió crear una comisión de defensa de la industria cementera estatal, definir un plan de lucha por el mantenimiento de las plantas abiertas y todos los puestos de trabajo, que incluya la “posibilidad de ocupación” de los lugares en caso de cierre de alguna de las instalaciones.
El mercado.
En la región, Brasil es el jugador más grande del negocio cementero. Tiene una capacidad de producción de 110 millones de toneladas anuales —con grandes empresas como Votoratim, Intercement y LafargeHolcim—, seguido por Argentina (17,6 millones) —con Loma Negra, LafargeHolcim y Avellaneda—, Paraguay (3 millones) y Uruguay con 1,4 millones.
En todos los casos, hay un alto nivel de capacidad ociosa. Eso también sucede a escala global, analizó Ancap en un documento reservado para uso de la Gerencia al que accedió Búsqueda. La utilización de la infraestructura cementera se estimaba antes del Covid-19 en 57%, ya que el consumo mundial rondaba los 4.000 millones de toneladas (el 55% se concentra en China) y existe capacidad para producir 7.000 millones de toneladas.
En el mercado local operan las plantas de Ancap, en Paysandú y Minas, con capacidad para 400.000 toneladas anuales, la de Cementos Artigas —de las multinacionales Votorantim y Cementos Molins— en Minas, con 500.000 toneladas, a las que se sumará Cielo Azul Cementos y Calizas en Treinta y Tres. También desde ese departamento Cimsa (Cementos Charrúa) abastece el mercado con importaciones desde Turquía (62.000 toneladas anuales).
Los precios mayoristas de venta de referencia del mercado en la región son más competitivos respecto a los de Uruguay, indica el documento de la Gerencia. Mientras que en Argentina y Brasil se ubica en torno a los US$ 110 y US$ 100 la tonelada y en Paraguay US$ 120, en Uruguay es US$ 144. Y apunta que Ancap vende a la región a un precio medio de US$ 150 la tonelada.
El volumen del mercado local en 2019 fue de 770.000 toneladas, de las cuales la empresa estatal comercializó 325.000 (42%) y el resto se repartió entre Cementos Artigas (45%) y Cimsa (8%). Para este quinquenio, Ancap proyecta que las ventas crezcan levemente y se ubiquen —en promedio— en unas 800.000 toneladas.
Según el análisis, el costo de ventas de Portland Ancap es casi dos veces mayor al que tiene su principal competidor en el mercado interno y supera más de dos veces y media de una empresa en Argentina.
Situación y escenarios.
El resultado operativo del área de portland de la empresa estatal mostró sus últimos números positivos antes del año 2000. Y desde entonces arrastra dos décadas de pérdidas, si bien pasaron de US$ 25 millones en 2016 a US$ 7 millones en 2018. El año pasado el resultado negativo fue de US$ 8 millones, lo mismo que proyecta perder en 2020. Hacia delante, el flujo de fondos esperado es “muy negativo” y ronda los US$ 60 millones de pérdidas para el quinquenio 2020-2024.
En las plantas de Ancap trabajan 529 personas (entre funcionarios y contratados) y el costo anual de la mano de obra ronda los US$ 21 millones, según el documento.
Dicho documento indica además que la “obsolescencia tecnológica” de la planta de Paysandú en su totalidad y de la de Minas en lo que hace a la molienda de crudo y cemento (que datan de las décadas del 60 y el 50 respectivamente) “condicionan las posibles mejoras en los costos de la mano de obra —disminución de la cantidad de personal— y generan una baja confiabilidad de proceso productivo que disminuye de manera sustancial su capacidad teórica de producción”.
A ese panorama de capacidad ociosa regional y local, por un lado, y atraso tecnológico, costos rígidos y brecha de competitividad, por el otro, se sumará la “pérdida de mercado” que significará el inicio de la operación de Cielo Azul Cementos y Calizas prevista para 2021.
Resolver la situación deficitaria del negocio del cemento es “urgente”, definió Stipanicic en la conferencia de prensa. Para eso, el ente analiza cinco escenarios posibles que el viernes 17 presentó a la Federación Ancap y al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), encendiendo sus alertas.
Dos de esos escenarios mantendrían todas las plantas funcionando, pero haciendo mejoras en la gestión e inversiones ambientales mínimas, sin poner a funcionar el “horno III” en Paysandú (una inversión de 2012 de unos US$ 80 millones cuya instalación requiere de unos US$ 100 millones adicionales y que el Directorio anterior del ente no realizó aduciendo que no había un nivel de demanda que lo justificara, entre otras cosas) y orientando parte de la producción de esa planta hacia Argentina. Pero el negocio seguiría arrojando pérdidas.
Otros tres escenarios planteados implicarían según el documento “rentabilizar” el negocio realizando solo las inversiones “mínimas imprescindibles” en seguridad y ambiente (por unos US$ 14 millones). El primero propone “suspender” la actividad de la planta de Paysandú y mantener únicamente la de Minas; y el segundo, igual al anterior, pero modernizando la tecnología del proceso productivo en Minas; con ambas alternativas seguiría habiendo pérdidas.
El tercero es el único con las dos plantas operativas (con la sanducera orientada al mercado regional, pero con un “privado” a cargo de la inversión seleccionado a través de una licitación o llamado público). En ese último escenario, el ente mantendría la titularidad de reservas de calizas y proveerá de materia prima al “nuevo proyecto cementero” a través de un “contrato de venta de caliza”. Según el análisis, así Ancap dejaría de registrar pérdidas y “eventualmente podría participar de un nuevo negocio rentable”, a la vez que la mano de obra que no se contrate por la “nueva empresa deberá ser redistribuida o quedará a la orden de Ancap”.
