—El resultado económico va a ser mejor al previsto porque desde mayo en adelante la pandemia afectó las ventas menos de lo esperado, y la recuperación fue antes y más rápida de lo que se podía prever. En el año entero las ventas totales de gasolina cayeron 8% y las de gasoil 2%.
Hace un año estábamos preocupadísimos por gestionar los inventarios sin dejar de producir en la refinería y sin dejar de recibir el crudo. No sabíamos si podíamos mantener el personal de la refinería por la incertidumbre de mantener la salud de los empleados, las guardias y de cómo iba a ser la recuperación de la movilidad. Las perspectivas en algún momento fueron muy negras. Entonces pensábamos en decenas de millones de dólares de pérdida por la operación solo de Ancap, pero va a ser en torno a unos US$ 20 millones menos, aunque hay que hacer los ajustes de fin de año.
La situación económica no es buena y la financiera tampoco es muy buena, hay un montón de circunstancias. Pero quizás nos fue un poco mejor de lo que esperaba.
—¿Qué perspectivas tienen para 2021?
—Las proyecciones de demanda ponen al 2021 en un estadio intermedio entre el 2020 y el 2019. Fue notoria la baja de gasolinas en enero y febrero por la falta de turistas argentinos; para el resto del año proyectamos niveles parecidos a 2019. El resultado económico depende de cuándo se empiece a ajustar mensualmente el precio de venta y la cuantía de cada ajuste respecto de la variación de costos reales para Ancap.
—Cuando asumió señalaba la falta de cambios estructurales. ¿Se iniciaron soluciones de fondo a los grandes problemas o el péndulo volvió al medio porque la inercia del ente es grande?
—No. Estoy muy contento con los procesos que se dieron; hay cosas que puede ser que no se noten para afuera, pero hay cambios en curso bastante importantes y en la línea con lo anunciado. Por ejemplo, en la gobernanza de las sociedades vinculadas —que siempre fue una preocupación política—, hoy las tres más importantes (Alur, Ducsa y Cementos del Plata) están trabajando en una reforma, con un directorio común, para implementar un centro de servicios compartidos a cargo de Matriz. En marzo empiezan algunas actividades de servicios y en abril otras. Es un salto muy grande y esperamos tener resultados en breve. Debemos tener ahorros por eficiencia: con la misma gente vamos a hacer muchas más cosas y con la unificación vamos a evitar algunos costos fijos y transaccionales. Además, no más allá del año que viene, vamos a ofrecer los mismos servicios al mercado para tener mayores ingresos.
Otro cambio es el plan quinquenal de sustentabilidad de Bella Unión que lanzamos este miércoles (por el día 3). Tiene que ver con un nuevo modelo de contrato para la compra de azúcar, un nuevo modelo de financiamiento de los productores y ciertas inversiones en el ingenio —no de gran porte— para aumentar la eficiencia energética. Esto tiene varios mensajes: el primero es la apuesta del gobierno y de Ancap a sostener la actividad de la producción de caña de azúcar, pero con reglas de juego diferentes: en vez de una política asistencialista es una política de eficiencia, donde el contrato de azúcar va a incorporar el precio internacional (parecido a un PPI), con un factor de localización de Uruguay. El productor que tenga mejor rinde va a recibir más precio por su azúcar con un tope superior y uno inferior. Además, los fletes los vamos a pagar por una distancia real y no ficta, que hoy afecta a los productores más lejanos. Los gastos fijos se han pagado toda la vida por hectárea, y la idea es ajustarlos, con cierto tope.
Lo mismo con la semilla, los chicos y medianos van a seguir teniendo la semilla desde Alur. Los grandes, si la quieren, se la vamos a cobrar. Por primera vez en muchos años este plan transmite certeza, una sensación de justicia y sostenibilidad por cinco años.
El país aceptó tener producción de caña de azúcar y acepta tener el costo de los biocombustibles, pero se tiene que haber acabado el asistencialismo de una zona deprimida, de un plan de emergencia. Ahora la actividad se tiene que remunerar según el resultado y la eficiencia de cada productor.
El costo del etanol en la última zafra estuvo por debajo de US$ 1.700 el metro cúbico. Mejoró, pero sigue siendo más del doble que en Brasil. El objetivo es llevarlo por debajo de US$ 1.300 o US$ 1.400 hacia el 2023, con los valores internacionales y términos actuales.
—Eso es lo que puede hacer Ancap por sí misma. Pero a nivel macro los cambios parecen tibios y la reforma planteada prevé que no será hasta el 2024 que el precio de los combustibles —explanta— sea similar a los que tendría un importador...
—No quiero entrar en la polémica de si la importación sí o no, o si son cambios tibios o más profundos. Lo que sé es que hay una disposición legal que en este momento obliga a Ancap al monopolio, y cumplirlo no es sencillo. Todas las empresas quieren ser monopolio pero ganando plata, pero ahora a Ancap le dicen: “Tenés que ser monopolio, pero además tenés que vender toda tu cartera de productos a estos precios”. El cambio ya se decretó, pero lleva tiempo su implementación.
En Ancap somos los primeros interesados en que rápidamente empiece a jugar el precio de paridad de importación ajustado todos los meses con ese famoso “X”. En los últimos dos informes de Ursea, la variación al alza que tuvo el precio internacional de la gasolina fue de 28% y del gasoil 22%. Hace dos meses el crudo estaba por debajo de US$ 50, pero hoy está arriba de US$ 65. Es importante, desde el punto de vista económico, tener certeza de cuándo y cómo van a ajustarse los combustibles, porque permite cubrir los riesgos de forma diferente.
Aspiraría a tener una política de abastecimiento diferente de crudo, pero no tengo certeza de cuáles son los riesgos a cubrir. Es como que estamos llegando a la línea del arco y me corren un metro el arco para atrás. Me dicen: “No, vamos a esperar un poquito más, un poquito más”. Obviamente que la prioridad la tiene la reactivación económica y el sector productivo. Las finanzas de Ancap, con el respaldo del Estado, tienen espalda para seguir sufriendo esta situación. Pero hay que ser realista y no se puede permanecer así por siempre. Lo que plantea la LUC y los decretos es que en breve, esta semana o dentro de un mes, el Poder Ejecutivo va a empezar a ajustar los precios de los combustibles todos los meses con el precio que fije la Ursea más un “X”. Ese “X” tiene que incluir la estructura de Ancap, que no está contada en los combustibles de la Ursea, el pasivo financiero que tiene Ancap, los sobrecostos que la sociedad acepta, como es la mezcla de los biocombustibles. Al precio teórico al cual un importador podría traer hay que sumarle todo esto para reconocer la realidad que tiene Ancap hoy. La idea es que en el correr del tiempo sucedan dos cosas: que ese “X” tienda a cero y que el PPI de la Ursea se asemeje a una paridad accesible.
A nuestro criterio, la paridad de importación es imprecisa. Cuando uno teoriza las operaciones naturales hay una distancia con la realidad; en el correr de este año, a medida que van pasando los meses la Ursea se está metiendo de lleno en lo que es la metodología, entendiendo, conociendo cosas que la gente de Ancap hace 40 años que conoce. Yo preferiría un sistema donde el PPI —es mucho pedir— fuera más perfecto, más preciso y que el “X” durara poco tiempo, porque si no estamos trasvasando un problema de un término de la ecuación al otro.
—¿Cuál sería el “X” ideal para Ancap?
—El tema es la magnitud del “X” inicial. Que el PPI refleje subas y bajas es una gran oportunidad para que el “X” juegue de amortiguador. Si pongo un “X” holgado podemos darle la chance a Ancap de que un mes o dos junte plata para cuando los precios internacionales suban mucho y el “X” sea menos holgado. No sé cuál va a ser la política del Poder Ejecutivo. La semana pasada, en aplicación del decreto que lo establece, le remitimos el informe de precios según la óptica de Ancap; es el tercer o cuarto informe. En diciembre el Ejecutivo puso todo en la coctelera y priorizó la situación económica y productiva nacional, por tanto, hubo cero aumento para el gasoil y 6% para las gasolinas —que para Ancap, con el aumento del Imesi, se transformó en 3%—.
Ahora estamos un paso adelante, porque es marzo y estamos hablando del siguiente aumento. Si estuviéramos en la paridad de importación plena y en una situación de normalidad completa, como entre enero y febrero hubo un aumento significativo de los precios internacionales la sociedad debería esperar que para marzo hubiera una suba de los precios locales. Cuando el precio al público queda quieto o sube menos que el IPC, sufren los ingresos de Ancap.
—En el portland no se han concretado cambios y el marco es de un sindicato que se resiste. ¿Cómo sigue la relación?
—La decisión de buscar un socio privado para mantener la actividad de la planta de Paysandú todavía no está tomada, se perfila y es la que más me atrae para seguir creciendo y no quedarnos con un letargo que nos lleve a una agonía previsible, porque no vamos a tener mercado. El sindicato y la empresa son un matrimonio que no puede separarse de casas, tienen que vivir juntos. Tenemos diferencias, algunas profundas, otras de enfoque y también tenemos algunas coincidencias.
Ahora vienen momentos difíciles, de decisiones. La situación hoy no es la misma que hace un año: hay un diagnóstico común —que se podrá compartir o no—, pasó un año más donde los números hablan. Si la expectativa era tener resuelto el problema del portland en diciembre 2020, era desmedida; y si era tener una decisión tomada a esa fecha, estamos atrasados. El sindicato también planteó tiempo. Pero no va a tomar mucho más una decisión.
- Recuadro de la entrevista
“Batalla justa” ante una competencia “inédita”
