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    Ante el aumento de los homicidios, Bonomi denuncia “boicot” de algunos policías y afirma que mantendrá el mismo rumbo político

    Al comparar a Estados Unidos con Canadá, el cineasta Michael Moore mostró en el documental “Bowling for Columbine” cómo la violencia en su país obedece a causas más complejas y profundas que la tenencia de armas: los canadienses estaban tan armados como los estadounidenses y sin embargo el número de delitos era radicalmente menor y —al menos hace una década— la gente seguía durmiendo con la puerta abierta.

    En Barriga Negra, un pequeño paraje rural del departamento de Lavalleja, hace tiempo que los vecinos no solamente no duermen sin pasar llave sino que andan armados debido al aumento de los robos, no dudan en disparar al aire cuando escuchan ladrar nerviosos a los perros y ya casi nadie da un paso fuera de las casas sin un revólver o una escopeta.

    Para actuar contra esa tendencia tan preocupante al extremo que según una encuesta de la consultora Cifra divulgada ayer miércoles ya para el 65% de la opinión pública se trata de “el principal problema del país” (en 2007 era apenas el 13%), el gobierno de José Mujica, a través del ministro del Interior Eduardo Bonomi, intenta avanzar en dos direcciones: mejorar la capacidad de la Policía, sobre todo en materia de prevención y disuasión, pero al mismo tiempo detectar y combatir las causas de la inseguridad con políticas sociales y de convivencia, teniendo en cuenta que se está ante un fenómeno que ha crecido drásticamente en 2012 por al aumento de las rapiñas y los homicidios.

    El asesinato a sangre fría de un trabajador de la cadena de cervecerías La Pasiva, apenas una hora después de comenzado el Día de la Madre, en la madrugada del domingo 13, puso el tema de la inseguridad otra vez al rojo vivo.

    La detención de cuatro jóvenes en Toledo (Canelones) 72 horas después y el posterior procesamiento de uno de ellos como autor del disparo a quemarropa que mató al trabajador Gastón Hernández aportó cierta calma pero seguramente no borre los efectos.

    Una investigación previa, realizada por la consultora Equipos Mori, reveló que, aun entre los frenteamplistas, crece la demanda de “mano dura” (ver recuadro) y el 37% de los que votaron al Frente, según Cifra, están a favor de bajar la edad de imputabilidad, que en general tendría la aprobación del 54%.

    “Boicot”.

    El ministro Bonomi, que además de las de la oposición también ha recibido fuertes críticas desde el propio Frente Amplio por romper ciertos “códigos de la izquierda” con medidas como las operaciones de saturación en barrios pobres, dijo a Búsqueda que la línea estratégica trazada no sufrirá grandes cambios pero reconoció algunas dificultades.

    “A menudo cuando los comerciantes u otras personas denuncian en comisarías reciben la respuesta: ‘no podemos investigar porque no tenemos vehículos’. Pero la reestructura que está en marcha lleva a que la comisaría no es la que tiene que investigar sino la zona. Son cuatro zonas en Montevideo. Antes había 500 investigadores que dependía de la Jefatura y ahora se dividió el departamento en cuatro zonas. La comisaría dejó de investigar y operar. La operación de detención de alguien como resultado de una investigación la tiene que hacer la zona, así que cuando la comisaría le dice al denunciante que no puede investigar porque no tiene vehículo no es cierto. No tiene que investigar. La comisaría se lo tiene que decir y si no lo hace está en falta. La Policía uruguaya es buena para reprimir lo que pasó pero no es buena haciendo prevención. En el nuevo organigrama, la comisaría tiene que prevenir y la zona tiene que investigar”, afirmó.

    El ministro explicó en parte las dificultades en un “boicot” de algunos oficiales: “Hay gente que está en contra y entonces boicotean. Muchas veces, cuando alguien se queja y anuncia que irá al Ministerio dicen ‘díganle al ministro que no tenemos vehículo’. Lo hacen por gusto. Engañan a la gente; no todos pero muchos hacen eso. Hasta ahora el sistema funcionaba en que se premiaba al que investiga y el que detiene y resuelve un caso y se descuidaba lo preventivo”.

    Bonomi sostuvo que “cuando hablan de la ‘tolerancia cero’ aplicada por (el exalcalde Rudolph) Giuliani, tomando el ejemplo de Nueva York, lo más importante que se hizo allí fue la georreferenciación y la prevención por cuadrante. La tolerancia cero es un problema de leyes y no de Policía. Hace falta mano justa. La mano justa necesita mano dura en algunas cosas, pero no en todas, no es correcto. Pero si hay cosas que son ‘mano dura’ del otro lado ¿con qué le vas a responder?”

    Una de las novedades que se están implementando, tal como anunció el jefe de Policía de Montevideo Diego Fernández en una reunión en Cambadu, son los controles callejeros aleatorios.

    Para Fernández, que ingresó hace medio año al cargo, se trata de “mover el carro que está parado”, según explicó a los comerciantes angustiados con sus experiencias dramáticas y con la situación que viven a diario.

    “Los controles apuntan a las armas y a los vehículos porque el que sale a robar va con armas pero hasta ahora no se le puede detener sino solo se le saca el arma y además se puede saber si la persona está requerida a través del sistema de gestión Afis (identificación dactiloscópica de personas)”.

    Pero además, el proyecto que está a estudio del Parlamento busca penalizar la tenencia de armas ilegales, explicó el ministro.

    Bonomi defendió su gestión y dijo que los resultados se están comenzando a ver.

    “El Ministerio compró armamento, compró tres blindados, porque los que había eran muy viejos, compró un sistema de comunicaciones porque el que había era de la década de 1960 y no funcionaba. La comunicación interna ahora funciona de forma excelente y a partir de mañana (hoy jueves 17) comienza a funcionar un software que permite una comunicación muy superior entre la gente y la mesa del 911 y se instaló un centro de comando unificado que también comienza a funcionar con un número de operadores mucho mayor que hasta ahora y se unificó con la videovigilancia”, relató.

    “En el Presupuesto se crearon 3.000 vacantes que por todos los problemas que hubo con el ingreso de militares recién ahora se están llenando. Entraron 360 a la Jefatura de Montevideo y hasta fin de año se completarán todas las vacantes. La Guardia Republicana tiene carácter nacional y se creó la Dirección del Crimen Organizado e Interpol y la Dirección de Inteligencia tiene un nuevo carácter. El que no lo ve es porque no quiere. Hemos hecho de todo”, agregó Bonomi.

    Acerca de las declaraciones de la senadora del MPP Lucía Topolansky en el sentido de que la pasta base de cocaína (PBC) es una de las causas principales del aumento de los delitos y la violencia, Bonomi sostuvo que los estudios disponibles indican que efectivamente el fenómeno de la droga está detrás de una buena parte de los delitos.

    Como ejemplo mencionó el caso —citado a menudo por el subsecretario Jorge Vázquez— de una organización a la cual hace unos meses se le incautaron 40 kilos de pasta base, unas 240.000 dosis. La organización vendía 700 kilos por año con una recaudación de unos 8,2 millones de dólares.

    “La mayoría de esos 160 millones de pesos al año salen de los robos de championes, celulares, arrebatos, robos a mano armada a una farmacia o un supermercado. Hay varias de esas organizaciones operando en el país. Solo eso explica la incidencia de la pasta base aunque no es la única explicación, ya que se ha generado una subcultura de la delincuencia que se expresó, por ejemplo, en el enfrentamiento con los familiares de los presos en el Comcar. Antes caer preso era una vergüenza, ahora se enorgullecen. Y eso se vio también en el caso de La Pasiva, cuando el homicida habla de disparar primero para que te respeten”, expresó.

    Entre La Pasiva y el Tasende.

    Sobre las 20 horas del lunes 14, mientras algunos asistentes a la concentración convocada por redes sociales para protestar contra la inseguridad marchaban por 18 de Julio hasta La Pasiva de Plaza del Entrevero y los legisladores frenteamplistas y dirigentes sindicales se dispersaban cabizbajos, en el clásico Bar Tasende, a pocos metros de la Torre Ejecutiva, un grupo de diez personas brindaba con cerveza por el éxito de la convocatoria y comentaban la reacción del oficialismo.

    Sentados en cada una de las cabeceras estaban Romana Ferrer, una diseñadora de páginas web que reside en Parque del Plata y Ruben Castro Latorre, un jubilado que actúa como concejal del Municipio “A” de Montevideo.

    Un rato antes, ambos militantes de base del Partido Colorado —en Vamos Uruguay y Propuesta Batllista respectivamente— habían sido recibidos por el director general de la Torre Ejecutiva, a quien entregaron una carta dirigida al presidente Mujica y solicitaron una entrevista.

    El texto de la nota había sido leído por Ferrer en medio de gritos y consignas contra el gobierno ante la mirada atenta y calma de dos soldados del regimiento de Blandengues y tres policías de civil ubicados detrás de los vidrios blindados de la Torre.

    “Son muchos miles de rapiñas con violencia, son cientos de asesinatos. Si bien es cierto que el detonante para esta convocatoria fue ver la filmación del asesinato del joven de La Pasiva tenemos que ser conscientes que estas cosas son las que pasan a diario y no vemos plasmadas tal vez con tanta crudeza, o no queremos ver ni imaginar y eso tiene que cambiar”.

    “Tiene que cambiar porque los uruguayos no estamos acostumbrados a la violencia, a tanta injusticia, a tantas familias destrozadas. Como observación anecdótica nos preguntamos dónde están organizaciones como el PIT-CNT que en teoría defiende a los trabajadores, no los hemos visto protestar por ninguna de las ejecuciones a sangre fría que se vienen sucediendo, esas personas no eran oligarcas, eran trabajadores”, afirma el texto redactado por Ferrer que en una parte también recuerda la afirmación del prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa, quien sostuvo en una reunión con la organización Madres de la Plaza que “era complicado cerrar las bocas de pasta base porque eso traería desocupación”.

    Precisamente al otro lado de la calle, en la Plaza Independencia, estaba Rocío Villamil, una de las asistentes a la reunión con Cánepa a fines de 2010, y varios dirigentes de la central sindical, entre ellos el coordinador Fernando Pereira, acompañaban la convocatoria aunque sin sumarse a la manifestación que ocupaba la calle frente a la casa de gobierno.

    Pereira dijo a Búsqueda que el PIT-CNT iba a organizar, junto al sindicato gastronómico SUGU una colecta como por otra parte había hecho en forma silenciosa en casos similares y que no descartaba otro tipo de movilización.

    En la misma actitud, con gesto adusto que no ocultaba la incomodidad, estaban algunos legisladores oficialistas, entre ellos la diputada Susana Pereyra (MPP), esposa del ministro Bonomi. En la misma actitud permaneció también el diputado de Vamos Uruguay Fernando Amado, quien a diferencia de otros legisladores blancos y colorados concurrió a la concentración pero no se sumó al grupo que rodeó la entrada a la Torre Ejecutiva, donde predominaban las consignas fuertes y hasta algunos insultos aislados y golpes contra los gruesos vidrios.

    “Mujica borracho”.

    “¿Dónde están todos los días los guerrilleros del pueblo?”, preguntaba en silencio uno de los carteles hechos a mano.

    La referencia al pasado guerrillero de Mujica y Bonomi fue una constante en algunas consignas.

    No faltaron los gritos de “asesinos” y tampoco el uso de viejas consignas de la izquierda como “El pueblo unido jamás será vencido” y “Aquí están, estos son, los que funden la nación”.

    Otros optaron por una confrontación personal con el jefe de Estado: “Mujica borracho, vos sos un mamarracho”.

    Mujica hizo su propia evaluación: “Para mí fue una manifestación política de gente esencialmente opositora. La mayoría eran del Partido Colorado, había gente que trabaja en los despachos parlamentarios y la señora que habló integra comisiones del congreso ideológico del Partido Colorado. Por otra parte se dijeron una serie de inexactitudes, como que en el gobierno andamos con coches blindados y tapados de guardaespaldas. La verdad son todas novelas que inventó ella con bastante mala fe. Yo lo tomo como una cuestión política. Me preocupa sí el estado de la familia de este muchacho y le puedo garantizar que el gobierno va a tomar medidas”, dijo el presidente a Búsqueda.

    48 veces.

    Para el docente de antropología filosófica de la Universidad Católica Nelson Villarreal, que estaba el lunes en Plaza Independencia, la inseguridad “ha pasado a ser fuertemente emocional y por lo tanto manipulable política y socialmente”.

    Villarreal dijo a Búsqueda que, a diferencia de como fue planteado en la Plaza Independencia, “el delincuente es parte de la sociedad, con derechos y deberes” y “hay que aceptar que la sociedad es conflicto” pero que el tema, por la forma en que ingresó a la agenda, “puso al gobierno y al movimiento social progresista a la defensiva”.

    Villarreal opinó que existe “la indignación lógica de la gente y el dolor de las familias de las víctimas” junto “al oportunismo político de la derecha”.

    Para este académico, en la marcha del lunes 14 se vio “lo rancio del fascismo, cuasi nazi de algunos ciudadanos” ante un problema que debe ser abordado de manera “integral”.

    El diputado colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay) hizo una lectura totalmente diferente.

    “Parecería que lo importante no es que ha muerto un trabajador uruguayo, uno más en manos de la delincuencia, que ha dejado a cinco hijos huérfanos, sino que lo importante es que quien leyó la proclama es votante del Partido Colorado. Parecería que es más importante que quien leyó la proclama sea colorada a la inseguridad que se vive en el Uruguay hoy”, dijo.

    El sociólogo Gustavo Leal fue uno de los frenteamplistas que convocaron a la concentración. “Asumo el riesgo y me sumo”, escribió en su blog.

    Sin embargo, en su opinión, los convocantes luego “dieron un giro y dinamitaron la buena fe” con “una intención espuria que le hizo mal a la confianza social y representa una pésima señal” para el objetivo de “favorecer un estado del alma de la sociedad que abra a la idea de una sociedad vivible”. En opinión de Leal, quien recordó que las imágenes del homicidio se emitieron 48 veces en cinco canales de televisión, los políticos que quieran gobernar en el futuro “no deben dinamitar la convivencia”.

    Para un policía con vasta experiencia, las cosas son más dramáticamente simples: “Haber salido 48 veces en la televisión es una cucarda para este joven que entra con otro pie en la prisión”.

    Contratapa
    2012-05-17T00:00:00

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