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Ante el histórico tránsito de cocaína en Uruguay, órgano de la ONU advierte sobre la “corrupción” policial causada por el narcotráfico
Desde la Policía afirman que las conclusiones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes “distan” de la realidad actual. Foto: NG / Búsqueda
La Operación Árabe se realizó a fines de marzo en cinco departamentos y desbarató una organización que traficaba droga a gran escala bajo la fachada de la producción agropecuaria. La investigación liderada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas desembocó en arrestos a delincuentes uruguayos, brasileños, cubanos y paraguayos, el decomiso de US$ 100.000, armas, autos, un tractor, una lancha y el botín principal de 606 kilos de cocaína. Algunos de los paquetes que contenían la droga llevaban como sello el rostro de un joven Joaquín Chapo Guzmán recién detenido. Es, hasta ahora, la última de una serie de megaincautaciones que desde 2019 tienen a Uruguay como centro y lo han puesto en el foco de atención del tráfico internacional.
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Este creciente papel del país como puerta de salida para la droga es advertido por las agencias especialistas en la materia. El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito mencionaba que “Uruguay parecería estar empezando a destacar” ante un contexto regional en el cual disminuyó el rol de países de tránsito de más envergadura como Venezuela. Ahora el apunte llegó de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que en su informe anual publicado en marzo asegura que “Uruguay ha ido convirtiéndose gradualmente en un país de reexpedición de drogas ilícitas”.
“Al mismo tiempo, a medida que aumenta la importancia del país en el mercado internacional de drogas ilícitas, ha venido haciéndose cada vez más evidente la corrupción de algunos funcionarios de policía inducida por los narcotraficantes”, agrega además el informe de este organismo internacional que fiscaliza las convenciones de drogas de las Naciones Unidas. Pese a aludir a la Policía, el documento menciona en específico la actuación de cuatro integrantes de la Armada Nacional que en 2020 fueron acusados de robar combustible de la Base Aeronaval de Laguna del Sauce para asistir a avionetas del narcotráfico.
Fuentes de la Policía Nacional indicaron a Búsqueda que las conclusiones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes son “llamativas”, pues “distan” de la realidad actual de las fuerzas de la institución que trabajan contra el crimen organizado. Consideran que el informe “posiblemente esté basado” en análisis y datos correspondientes a la administración pasada del Ministerio del Interior, más allá de que lo sucedido en 2020 sea uno de sus principales insumos. Las fuentes destacaron la “probidad”, el “compromiso” y la “lealtad” de los policías, especialmente de quienes integran la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID). “Esta unidad no tiene un hecho de corrupción ni ninguna queja de las fiscalías. Goza de credibilidad y buena reputación”, afirmó uno de los policías consultados. Incluso señaló la molestia que, según investigaciones judiciales, existe en organizaciones de narcotráfico que “no logran dar con el precio” de funcionarios policiales dedicados a los estupefacientes.
Fuerte mensaje
En su informe anual la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes hace un extenso repaso de la situación del cannabis en el país, con detalles y recomendaciones sobre el avance de la ley que regula la producción y el consumo de marihuana. Aunque la mayor parte del contenido relativo a Uruguay se enfoca en ese aspecto, también describe el rol del país en el tráfico internacional de drogas. “En 2019 se incautaron allí 12 toneladas de cocaína, cantidad que, además de ser la más elevada que se ha notificado hasta la fecha, supone un aumento considerable respecto de 2018, en que se habían incautado solo 782 kilogramos”, señala.
El documento hace referencia a dos de las históricas incautaciones que tuvieron lugar en los últimos meses: los más de 5.000 kilos de cocaína descubiertos en diciembre de 2019 en contenedores del puerto de Montevideo con destino al Togo; y el allanamiento en febrero de 2020 de 347 kilos de pasta de coca y 206 kilogramos de cocaína que se habían introducido de contrabando en aeronaves ligeras. Durante la gestión de Jorge Larrañaga continuó esta tendencia de megaincautaciones.
A inicios de marzo se encontraron 953 kilos de cocaína dentro y fuera del puerto de Montevideo, a la espera de exportarse a Europa como posible destino final. A fines de mes la DGRTID lideró la Operación Árabe con 18 allanamientos en Montevideo, Canelones, Río Negro, Rivera y Artigas. Participaron 172 efectivos entre el Ministerio del Interior y la Armada Nacional.
“Institucionalmente es un muy fuerte mensaje porque se da un importantísimo golpe al narcotráfico. No queremos ser ni destino ni tránsito de droga desde el Uruguay. Que en los últimos 18 días se hayan logrado incautar más de 1.600 kilos de cocaína marca también la disposición y el compromiso que desde el gobierno se tuvo y se tiene para seguir en esta lucha permanente contra el narcotráfico en su dimensión más grande”, valoró Larrañaga en conferencia de prensa.
