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Hasta hace apenas unas semanas, era un integrante más del Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional, un grupo creado en 2018 para proteger ciertas infraestructuras y actuar contra el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando. Jugaba al fútbol con la Compañía N°1 —Halcones— y entre sus tareas estuvo la guardia de un destacamento de antenas ubicado a apenas dos kilómetros de la sede del comando, en la Base Naval del Cerro. Allí llegó entre el sábado a la noche y el domingo a la madrugada y asesinó con precisión militar a tres de sus excompañeros. Desde marzo ya no pertenecía a la Armada, declarado desertor por faltar al servicio seis días sin aviso, una violación del reglamento naval.
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La principal hipótesis de la Fiscalía es que actuó solo, con el objetivo de vender en el mercado negro las tres armas Glock 17 9mm pertenecientes a las víctimas, sin acatar órdenes ni tener detrás el apoyo de una organización criminal. De todas formas, funcionarios policiales, militares y judiciales que fueron consultados por Búsqueda no dudan en relacionarlo indirectamente con el narcotráfico: el asesino fue detenido en una boca de venta de droga del Cerro, se sospecha que pretendía iniciarse en el negocio y se investiga si las dos armas que ya no tenía fueron compradas por narcos.
Se trata, en las tres situaciones, de un narcotráfico local con una estructura de poder más horizontal que piramidal, cuya base es el micromenudeo que hasta hace una década era considerado relativamente apacible en comparación con el comercio internacional. “Hay que ver la zona donde esta persona estaba viviendo, donde existía una boca. Obviamente a esa boca alguien le provee la droga. Esos son aspectos objetivos que necesariamente dan cuenta de una vinculación a proveedores de droga y al suministro. Es decir está en la cadena”, indico a En Perspectiva el fiscal letrado de Flagrancia Diego Pérez, tras reunirse el lunes 1º para analizar el hecho y otros similares junto a otros fiscales de Flagrancia, Estupefacientes y Homicidios.
Para enfrentar esta situación el gobierno inició una redistribución de presos en el sistema carcelario e impulsa una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le propuso esta idea a Luis Lacalle Pou, informó El Observador el sábado 30. Búsqueda supo además que el ministro ya tuvo contactos con el secretario y el prosecretario de la Presidencia para evaluar la propuesta, que puede derivar en una ley constitucional a plebiscitarse con la elección departamental prevista para setiembre. Desde el gobierno consideran que los allanamientos nocturnos atienden una dificultad concreta que encuentran las autoridades policiales y jurisdiccionales a la hora de enfrentar determinadas acciones criminales. Sostienen que muchos delincuentes usan casas para la venta de droga así como para la comisión de otras acciones delictivas, por lo cual sacan provecho de la protección que actualmente brinda la Constitución al hogar.
Extramuros.
Las megaincautaciones de cocaína son las que han causado impacto en la opinión pública uruguaya y está comprobada la participación en esa industria de criminales europeos, argentinos, bolivianos, brasileños, colombianos y peruanos, miembros de clanes generalmente medianos, independientes y especializados en un segmento de la cadena, en algunos casos apalancados por organizaciones potentes como la Ndrgangheta de Rocco Morabito y el PCC, aunque en este último caso de forma más incipiente y con la marihuana. Sin embargo, la mayoría de estos grupos utiliza Uruguay como una de varias vías de tránsito. En relación con la violencia social, es el narcotráfico uruguayo el que más inquieta a las autoridades, ya que quienes lo manejan dependen exclusivamente de lo que sucede aquí. Hoy el narco local se ha extendido a lo largo del territorio, con grupos más o menos poderosos que controlan zonas de todos los departamentos sin importar su tamaño, pueden ser reemplazados con facilidad y se rigen bajo la plata fácil y un código de conducta delictiva promocionado en las historias de grandes capos internacionales.
Con ese comportamiento, este tipo de delincuente utiliza la violencia de manera cada vez más frecuente: pese a una baja de rapiñas y hurtos, los índices de homicidios se mantienen al alza en 2020 con más de la mitad vinculados a ajustes de cuentas, según dijo en abril a Búsqueda el fiscal de Homicidios, Juan Gómez. “Antes era un susto que se le daba al que no pagaba. Hoy la constante es el asesinato. Es un mensaje bastante claro”, señaló entonces Gómez. El mensaje, según una fuente de la Policía, es que todo narco está dispuesto “a defender su territorio por más pequeño que sea” y a “imponer el cobro de plata por más pequeña que sea”. Este año la Policía constató móviles de asesinatos por deudas de $ 300.
La consecuencia de terminar en la cárcel no es una variable fundamental. El deterioro del sistema carcelario —marcado con sucesivos cambios al frente del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) e informes anuales contundentes del comisionado parlamentario penitenciario— permite a los narcos continuar su trabajo desde prisión. Ante esta situación, desde marzo el Ministerio del Interior toma en cuenta entre otros factores el tipo de delitos, los antecedentes del delincuente y sus vínculos criminales para decidir a qué unidad de rehabilitación los deriva cuando son detenidos, dijeron fuentes policiales. Existe una mesa comandada por el director del INR, Luis Mendoza, encargada de esta labor.
El objetivo es aislar a los narcos lo máximo posible del contacto exterior e interior de reclusos con quienes pueden mantener sus operaciones o con quienes pueden aprender, como sucede con los criminales extranjeros. Recientemente se trasladó de la cárcel de Florida al Penal de Libertad a los tres colombianos detenidos el año pasado con un cargamento de más de 400 kilos de cocaína. En la unidad de Florida fue usual que los tres mantuvieran un régimen de visitas flexible. También se trasladó al Penal de Libertad a Juan Vigorito, quien fue apresado a fines del año pasado y se encontraba en Santiago Vázquez (ex-Comcar) pero con un régimen que le permitía hacer tareas de extramuros. Vigorito es uno de los principales distribuidores a las bocas de venta de Montevideo y Canelones.
Ayer miércoles la Guardia Republicana hizo una requisa sorpresiva en Santiago Vázquez, un operativo con casi 500 policías que Mendoza afirmó continuará en todo el sistema carcelario. Además de armas caseras el principal objetivo es la incautación de celulares, la herramienta que permite a los delincuentes continuar el trabajo aun recluidos y para la cual el Ministerio del Interior estudia el bloqueo de las señales telefónicas en los predios carcelarios, una iniciativa que fracasó con distintas alternativas en las anteriores gestiones.
“En el Uruguay no van a ganar las bandas criminales sino el Estado de derecho. Seremos implacables. Se van a obtener los mejores resultados de cara a las respuestas que el país precisa contra la delincuencia”, afirmó Larrañaga en conferencia de prensa el lunes 1º.
