El fideicomiso mediante el cual será construido el Antel Arena está próximo a aprobarse, según aseguró a Búsqueda el presidente de Antel, Andrés Tolosa.
El fideicomiso mediante el cual será construido el Antel Arena está próximo a aprobarse, según aseguró a Búsqueda el presidente de Antel, Andrés Tolosa.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“Es posible que de acá al viernes se resuelva y quede oficialmente aprobado”, señaló. “Lo estuvimos tratando estos días y está todo acordado, pero aún faltan cosas por resolver con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Faltan detalles del contrato, estar ambos organismos 100% de acuerdo con lo que dice el texto”, agregó.
El martes 20 el directorio de Antel se reunió de forma extraordinaria para discutir el fideicomiso, en el que participará la Corporación Nacional para el Desarrollo. Allí el representante por la oposición, Gustavo Delgado, se opuso por considerar que el formato planteado no subsana las observaciones realizadas en 2013 por el Tribunal de Cuentas.
Tolosa y Daniel Fuentes, presidente y vicepresidente de la estatal, sí están de acuerdo con llevar adelante el fideicomiso, que una vez aprobado permitirá reiniciar las obras del Antel Arena el 12 de enero, cuando finalice la licencia de la construcción. Hoy jueves el directorio del ente vuelve a reunirse en sesión ordinaria.
La obra del estadio multifuncional, ubicado en el predio donde estaba el Cilindro Municipal, ya está realizada en un 10%. Las autoridades respetarán el proyecto original y estiman un costo total cercano a los U$S 70 millones. Prevén que esté terminada para mediados del 2018. “Esa es la fecha en la que se comprometió el propio presidente Tabaré Vázquez”, recordó Tolosa.
En julio la construcción fue suspendida por el directorio de Antel, que tomó la decisión en forma unánime “en atención al planteo formulado por la Presidencia de la República y luego de haber recabado los informes de los servicios competentes”. En aquel momento, con el objetivo de “priorizar otras inversiones” a escala nacional, el gobierno ordenó detener momentáneamente las obras.
Ante las presiones de diversos sectores del Frente Amplio, la Intendencia de Montevideo, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y la empresa constructora Teyma, el gobierno diseñó una nueva fórmula que permitiera proseguir con la construcción.
Designó una comisión formada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, que estableció en agosto que la obra se levantara en el período de gobierno en curso, permaneciendo en la órbita estatal y a través de un financiamiento que implique una menor carga para las arcas públicas.