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Para miles de uruguayos, la epidemia de Covid alteró su vida laboral desde que el distanciamiento físico se adoptó —al menos hasta la vacunación— como principal arma frente al avance del virus. Pero las consecuencias económicas para los hogares de todo esto dependen, entre otras cosas, del tipo de trabajo que les provee sus ingresos y las posibilidades de adaptarse y poder seguir en actividad.
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Un análisis de cuál era la situación previa a la pandemia en Uruguay—el punto de partida— hecho por el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) cuantificó en 311.400 los trabajadores con muy baja capacidad de cumplir con sus tareas laborales de manera remota y que quedarían por fuera de la cobertura del subsidio por desempleo en caso de perder su puesto, mientras que otros 134.644, a pesar de contar con la cobertura del sistema de seguridad social, percibirían prestaciones que los situarían por debajo de la línea de pobreza per cápita. Según los autores, ese panorama a partir de sus cálculos —que describen en un documento publicado el viernes 14— “alertaba sobre la necesidad de desarrollar un esquema de transferencias ad-hoc a los efectos de evitar situaciones graves de privación de consumo durante el tiempo que duren las medidas sanitarias”. Apoyos focalizados “podrían haber colaborado con la reducción de la movilidad necesaria en los momentos donde la propagación del virus se aceleró, esto es, sobre finales del 2020 y, particularmente, en lo que va de 2021”, sostienen Federico Caporale, Matilde Pereira y Gonzalo Zunino.
En el marco de la XXV Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, publicada a fin del año pasado, se les pidió a los ejecutivos que indicaran las acciones adoptadas para enfrentar las consecuencias de la pandemia en la actividad de sus firmas, ya sean entre el grupo de listadas como opciones en la pregunta u otras diferentes. El trabajo remoto del personal resultó la más mencionada en todos los sectores de actividad. En total, el uso del home office fue señalado por el 74% de los empresarios. En el sector financiero, el 100% lo empleó (N° 2.104).
Según los investigadores del Cinve, los sectores y trabajadores más afectados por la pandemia fueron aquellos que, “exhibiendo menor capacidad de teletrabajar”, no estuvieron “adecuadamente cubiertos por la red de protección social”.Para cuantificar a este grupo de trabajadores particularmente vulnerables, en primer lugar, elaboraron una medición de la capacidad de trabajo a distancia en Uruguay construido a nivel de ocupaciones con información de O*NET (Occupational Information Network), un programa patrocinado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Luego, usaron datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) para identificar a aquellos trabajadores que se insertan en ocupaciones con baja capacidad de realizarse de manera remota y al mismo tiempo no son cubiertos por el “seguro de paro”, o para los cuales la asistencia presentaría problemas serios de suficiencia. Con datos de 2019 (debido a que en 2020, por el Covid-19, el INE cambió la metodología de la encuesta), señalan que previo a la emergencia sanitaria existían “más de 400.000 trabajadores con riesgo de sufrir insuficiencia de ingresos ante la instauración de medidas de restricción de movilidad”.
El índice de posibilidades de trabajo a distancia (IPTD) que crearon los economistas del Cinve permite adjudicarle un valor concreto de capacidad remoto a cada trabajador ocupado de la ECH. Según 12 aspectos ya sean relacionados con actividades laborales o de su contexto —como el requerimiento de pensamiento creativo, el establecimiento de relaciones personales, la dirección de subordinados, la operación de vehículos o equipos mecanizados, el trato directo con público, el uso de teléfono o mail, por ejemplo—, calcularon la posibilidad de trabajo a distancia para cada ocupación: un valor de uno las aproximaría a la imposibilidad de realizarse de manera remota y cinco indicaría la inexistencia de impedimentos para el teletrabajo. Explican que, “forzando un poco la interpretación”, un índice menor a tres —su valor medio— señalaría que menos de la mitad de las tareas habituales de cierta ocupación podrían realizarse a distancia y enfrentarían serias dificultades para ser hechas vía remota, y lo opuesto si el IPTD es superior a dicho valor.
El índice promedio de los trabajadores uruguayos es de 2,98, aunque el 50% de ellos presenta un IPTD menor a 2,91. A su vez, mientras que el 72% de los trabajadores informales tiene un índice menor a tres, en el caso de los formales los que están en esa situación de restricción para hacer home office son el 54%.
En promedio, las mujeres tienen ocupaciones con mayor IPTD que los hombres.
Si se dividen las ocupaciones en cinco, según niveles de ingresos, más del 50% de los trabajadores presentaría dificultades para cumplir con su tarea a distancia en los cuatro primeros quintiles. En contraste, casi el 50% de los trabajadores del último quintil tiene un índice entre 3 y 3,5, y más del 65% podría continuar trabajando aún en contextos de aislamiento. “Esta evidencia preliminar nos permite anticipar que los shocks asociados a medidas de distanciamiento social implican importantes consecuencias distributivas en sentido regresivo, dado que afectan en mayor medida a quienes tienen menores niveles de ingreso”, afirman los autores.