—Eso quiere decir que no van con Jorge Larrañaga.
—No, vamos a ir a la interna dentro de un espacio wilsonista.
—¿Pero ese espacio wilsonista no está contemplado dentro de la propuesta de Larrañaga, que ya es un precandidato?
—Si llegada determinada época, Larrañaga tiene determinado apoyo, nosotros no tenemos inconvenientes en apoyar a Larrañaga, manteniendo la individualidad. Ahora, si llegada determinada época, este grupo nuestro tiene una fuerza como para disputar el liderazgo del Partido Nacional, bueno, esperemos que haya sentido común y podamos mantener el espacio wilsonista en esas condiciones.
—Hubo una reunión entre ustedes y Larrañaga…
—Hubo una reunión y planteamos esto, exactamente.
—¿Cómo tomó Larrañaga este planteo?
—Bien. Somos amigos, nos conocemos bien. Fue una reunión de mucho respeto. Está claro que tenemos caminos propios, que van a ayudar al partido.
—¿Qué es lo que no le convence de la propuesta que tiene Larrañaga ahora como para que ustedes digan que necesitan otra expresión?
—Nosotros tuvimos un clic de diferencia grande con Larrañaga, que son menores pero son importantes, cuando hizo referencia a que no estábamos preparados para gobernar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Los intendentes estamos gobernando, estamos tomando decisiones, estamos negociando con la oposición, con el gobierno nacional. Estamos todos los días tomando decisiones. Entonces, en cierta medida no nos sentimos reconocidos en la labor y entendemos que tenemos matices que pueden mejorar la gestión, por eso lo de la expresión propia. Ni siquiera lo hemos formalizado, y hay una tierra fértil para acuerdos, porque el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de acuerdos. Y también tiene que haber acuerdos internos. Hay que buscar acuerdos de Estado y, en ese sentido, el grupo de los intendentes va a tener un rol muy importante. Porque está acostumbrado a acordar, discutir.
—Todavía no se ha hablado de un nombre concreto, pero usted figura como uno de los potenciales candidatos de esta tercera vía.
—Seguramente, porque han surgido declaraciones y varios nombres entre los intendentes. Pero esto es un puesto de trabajo, yo no…
—¿Pero usted estaría dispuesto a liderar ese bloque, a aceptar una candidatura?
—Yo quiero a mi país y estoy dispuesto a trabajar por él. Esa es mi respuesta. Estoy para jugar donde me ponga el director técnico que arme el cuadro para jugar. Quiero a mi país, tengo cinco hijos, seis nietos. Y creo que hay que cambiar muchas cosas para que haya lugar para todos.
—O sea que si su nombre es el que reúne más consenso, usted aceptaría.
—Yo estoy muy cómodo donde estoy. En un gran departamento, haciendo una gran obra, tengo la posibilidad de reelección. Me queda la Intendencia a cinco minutos de mi casa, tengo esta vista…Yo estoy en la actividad política por militante. Nunca pensé tener este cargo, ni pensé ser senador, ni pensé ser diputado. Trabajaba en la actividad privada, y renuncié cuando me tocó la responsabilidad pública. Y de ahí fue muy difícil salir. Pero estoy dispuesto a luchar.
—El grupo Cipriani pretende reformar el hotel San Rafael, lo cual implica una inversión económica importante. Esto se da en un momento donde la generación de proyectos inmobiliarios de lujo parece ser una prioridad para la Intendencia. ¿Cómo piensa que puede afectar al departamento?
—Recuperar el hotel San Rafael es algo increíble. Es una señal fortísima que esperábamos hace diez años, porque se venía cayendo día a día y la imagen era horrible. Era como una mochila pesada que teníamos, pero el lunes 5 de febrero se logró la transferencia. Ahí va a estar un proyecto importante de un gran arquitecto como es Vignoly. Esto es el broche de oro de una serie de proyectos que se aprobaron y estamos contentos, porque Maldonado tenía problemas laborales muy grandes cuando entramos. Había una desocupación altísima y la construcción estaba prácticamente en cero. Además el turismo estaba mal. Por eso nos comprometimos en la campaña política en recuperar el trabajo y así lo hicimos. No me preocupa el impacto que estos proyectos puedan tener en Maldonado porque son muy buenos. Lo acertado fue percibir que había intención de inversión en la zona y buscar las condiciones para que esta aterrizara.
—¿Por qué no se concretaba?
—Había una necesidad de inversión, pero no aterrizaba porque las condiciones no estaban dadas. No me gusta hablar de otros gobiernos, pero el anterior manifestó que no tenía respaldo como para bajarlo. Nosotros lo primero que hicimos al mes de entrar fue emitir una normativa de exoneraciones tributarias, quitando impuestos a la construcción.
—¿Ese era el respaldo que no encontraban los inversionistas?
—Era parte. Pero todo eso tampoco alcanzaba, porque el costo de la construcción era alto. Entonces iniciamos gestiones con el gobierno nacional para que complementara las exoneraciones maldonadenses, y sacó un decreto dándoles a las inversiones por encima de 15 millones de dólares diferentes ventajas impositivas. La suma de las dos exoneraciones hizo que en 2017 se aprobaran 957.000 metros cuadrados de obra, que es un récord histórico. Y a esto se suma el San Rafael, que son unos 120.000 metros cuadrados más.
—¿No hay riesgo de que la ciudad se construya en función de los intereses de los inversores, debido a la cantidad de exoneraciones aprobadas?
—De ninguna manera; es al revés. Esto fue analizado técnicamente por el equipo de la Intendencia, cada una de esas inversiones fueron analizadas y corregidas de tal manera que no generaran impactos urbanísiticos o ambientales. Además, fueron aprobadas en la Junta Departamental por mayorías especiales. Para eso hicimos un acuerdo político con el sector del Frente Amplio (FA) que responde al diputado Darío Pérez antes de la elección. Los proyectos fueron votados por ese sector y por todo el Partido Nacional. En ese momento nosotros le propusimos a Darío que si él ganaba, nosotros le íbamos a dar el respaldo para determinadas cosas. Él estaba dispuesto a hacer lo mismo en caso de que ganáramos nosotros. Y ahora está cumpliendo los acuerdos que son de Estado para generar una política de largo aliento en Maldonado. Esos nuevos proyectos van a generar unos siete u ocho millones de jornales. Incluso después de que terminen las obras, van a generar entre 1.800 y 2.000 puestos de trabajo permanentes durante todo el año y unos 3.500 en temporada. Eso genera casi lo que al país le dejan dos UPM y no le tuvimos que hacer vía férrea ni caminería. Lo único que tuvimos que hacer es quitarle los impuestos.
—Hay actualmente una polémica por la demolición de la casa Poseidón. ¿Le parece bien construir nuevas torres a costa de un edificio que se intenta declarar Monumento Histórico Nacional?
—Poseidón fue una obra aprobada tal como está por el gobierno anterior, con una normativa aprobada en 2012, que le dio derecho a construir bloques de edificios de cuatro pisos en ese lugar. En esas condiciones se vendió el predio y se va a llevar adelante su desarrollo. No se había hecho porque no estaban las condiciones económicas necesarias y ahora están tratando de revalidar la obra. Pero esta administración no tiene cómo influir en algo que ya fue juzgado y laudado. Es una lástima que no se hubieran dado cuenta en el gobierno anterior que eso podía ser una obra a defender. Lo más que podemos hacer nosotros es tentar a los inversores a que hagan un proyecto que permita utilizar parte de la obra anterior, pero no podemos hacer nada desde el punto de vista legal.
—En lo nacional, Maldonado es uno de los departamentos que han podido solucionar y tener bajo control la recolección de residuos. ¿Cuál piensa que es la clave y qué le hace falta a Montevideo para lograrlo?
—No me gusta comparar con Montevideo porque no me corresponde, que la gente haga su análisis. Yo quiero contar lo que estamos haciendo nosotros. Acá la empresa de recolección de residuos está 100% tercerizada con controles municipales, mientras que en Montevideo parte es tercerizada y parte es municipal. Eso es una diferencia grande, porque acá se trabaja el 1º de enero, el 25 de diciembre y se levanta la basura todos los días. En este gobierno lo que hicimos fue ampliar la concesión a la empresa que ya funcionaba, pero con algunos ajustes, porque vimos que lo que no tenía eran controles. Ahora sí los tiene. En todos los contenedores tenemos un sistema de chip que nos avisa si pasó el camión o no, si está lleno o medio lleno. Además, los miembros de las empresas tienen un rostro, no son una sociedad anónima donde todos se lavan las manos. Todas son compañías locales vinculadas al rubro y que licitamos o ampliamos cada dos años. Eso ha generado una competencia en precio y en calidad. Además tenemos dos cuadrillas municipales de casi 75 personas entre las dos que actúan como emergencia en los puntos donde se necesite.
—¿Y en el tema seguridad? Ahí se arrancó la temporada con algún tropiezo, con esos robos grandes que salen en la prensa.
—Minirrobos, minirrobos. Pero hay un dato importante, que curiosamente el Ministerio del Interior no lo pone. En su último informe dice que en el año 2017 Canelones mejoró en rapiña un 9 % y a escala de país un 4 %. Y no nombran a Maldonado, que con la inversión de las cámaras tiene un 32% menos de rapiñas y un 54% de arrebatos. Hay una picardía en la comunicación del Ministerio porque me consta que hay una discusión interna…
—¿Dice que eligen no mostrar esos números?
—Eligen no mostrar los números de Maldonado porque hay un sector del Ministerio del Interior que no es afín con la administración de Maldonado y otro sector que sí. ¿Vieron cómo antes había dos Ministerios de Economía? Bueno, ahora hay dos Ministerios del Interior. Es fuerte. Hay un sector, claramente, dentro del Ministerio del Interior, que en Maldonado se alinea con la gente del MPP, que no querían esta obra. Y soy responsable de lo que estoy diciendo. De hecho, hasta hace muy poquito un asesor del ministro Eduardo Bonomi escribía en WhatsApp criticando la obra. Sin embargo, la otra parte la apoya desde el primer día. Nosotros tuvimos el apoyo directo del presidente de la República y de su hermano. ¿Y sabe qué va a pasar este año? El Ministerio del Interior va a hacer un congreso, y lo hace en Maldonado para poder ver el proyecto. El proyecto de seguridad, esto es lo valioso, fue construido con los dos principales técnicos del ministerio, los técnicos nuestros asesorados por técnicos israelíes, y el comando de la Jefatura. Se instaló en menos de un año y hoy tenemos más del 96% de cumplimiento de la tarea
—Sin embargo, es un tema cuestionado y la intendencia tuvo que abrir el contenido del contrato.
—No es un tema cuestionado, hubo un llamado de la Junta el año pasado. Hay información que sigue siendo reservada. Hay información técnica que sigue siendo reservada y que el Juzgado entiende que debe seguir así. Todo está publicado en la página web de la intendencia, acá no hay nada secreto. Acá lo que pasa es que se mostró con esto que es posible, con tecnología, ayudar a mejorar la seguridad. Cuando el Ministerio no creía…
—¿Pero por qué hubo tanto problema en revelar el contenido del contrato?
—Porque estaba en obras el proyecto y había cláusulas de confidencialidad, como las hubo para UPM, como las hay para el San Rafael. Y nosotros tenemos que cumplirlas. Nosotros no podemos hablar de la tecnología que es especial, que no existe hoy en software en ningún lugar de América.
—¿Cuánto le costó a Maldonado?
—21 millones de dólares.
—¿Y había opciones más baratas?
—No analizamos si hay opciones más baratas. Seguramente pueda haberlas. Pero no de la calidad de esto. Pero además hay una cosa: en este tema pueden aparecer 50 a venderte cámaras, pero no es una cámara instalada. Es un sistema que comprende muchas cosas, un software inteligente que detecta determinadas cosas, eso es confidencial. Acá se instaló una base, con los monitores, y en esa base se instaló la fibra óptica y eléctrica. En Montevideo las cámaras las colocan solo donde hay fibra óptica. Acá había solo en un 30%, hubo que hacer toda la conexión. Y para eso tuvimos que importar tecnología de última generación y se la dimos a Antel para que la instalara. La calidad y la resolución del proyecto son excelentes. La Justicia, los fiscales, los jueces, visitaron el proyecto y lo están usando permanentemente como prueba judicial. Ustedes se acuerdan toda la discusión que hubo en Montevideo sobre las cámaras como prueba. Esto demuestra la solidez del proyecto. Por supuesto que nunca va a suplantar, pero es un elemento de prevención importante.
—¿Y ha dado resultados?
—Está a la vista. Es un elemento de apoyo enorme que hasta cambió el criterio de trabajo del comando policial. Nosotros lo hicimos convencidos de que era la mejor obra pública que podíamos hacer, no podíamos esperar seis o siete años. El gobierno nacional había decidido invertir solamente en 40 cámaras, era como reírse. Cuando acá estaban pasando cosas muy feas y teníamos miedo de perder el turismo, los congresos y todo. Sigue habiendo robos, pero ahora hay control. Ahora hay 1.200 cámaras, en todas las entradas y salidas, en caminos rurales donde también atajamos el abigeato, el robo de ganado. ¿Quiénes lo pagan? Lo pagan quienes más tienen. Porque hay una tasa que nos permite pagar el 50% del proyecto en estos cinco años y el otro 50% es inversión genuina de la intendencia.
?? La presidenta del FA y el cambio
